Humberto Hernández Ramos y Crisóforo Cardoso Jiménez* / Doctor en Ciencias en Desarrollo Sustentable. Posdoctorante, Núcleo de Investigación Indígena Aplicada, Centro Coordinador de Pueblos Indígenas, Cherán, Michoacán, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. * Doctor en Antropología Social. Director de Estadística de la Coordinación de Planeación y Evaluación, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
Recientemente, alrededor de 20 comunidades purépechas de Michoacán, México, a través de la lucha jurídica, social y política, lograron el reconocimiento y ejercicio de sus derechos de autonomía, autogobierno, libre determinación y presupuesto directo. El ejercicio de estos derechos ha contribuido a atender algunas problemáticas y necesidades relacionadas a la gestión y manejo de los bosques comunales. Este documento describe las formas de trabajo conjunto entre los Concejos Comunales de Gobierno y los Comisariados de Bienes Comunales de cuatro comunidades para atender la tala ilegal, el cambio de uso de suelo, los incendios y plagas forestales. Sin contar con alguna participación presupuestal ambiental o forestal, invierten recursos económicos propios y aportan trabajo comunal no retribuido, localmente conocido como faena, lo que ha contribuido a combatir la deforestación y la degradación forestal desde el nivel comunal.
Introducción
México cuenta con una gran diversidad de ecosistemas forestales en su territorio. La superficie total del territorio nacional comprende aproximadamente 195 millones de hectáreas, de las cuales 137.8 millones corresponden a áreas forestales. De estas últimas, 65.7 millones de hectáreas (47.7 %) están ocupadas por ecosistemas de bosques templados, selvas (bosques tropicales) y manglares; mientras que 72.1 millones de hectáreas (52.3 %) son de matorrales xerófilos y otros tipos de vegetación forestal. En estas regiones forestales viven cerca de 11 millones de personas, quienes enfrentan los mayores índices de marginación y pobreza (Comisión Nacional Forestal, 2021).
Del total de la superficie territorial nacional, el 51.4% (100 millones de hectáreas) es propiedad colectiva perteneciente a ejidos y comunidades. En los territorios de los núcleos agrarios existen vastas superficies de ecosistemas forestales. De las 137.8 millones de hectáreas de superficie forestal, el 55%, equivalente a 75.8 millones de hectáreas, se encuentran dentro de polígonos comunales y ejidales (Madrid et al., 2009).
De los 31,980 núcleos agrarios, 2,359 son comunidades indígenas que desde tiempos inmemoriales habitan sus territorios. Hoy la silvicultura representa fuente de empleos e ingresos para 3,198 núcleos que se dedican a las actividades forestales. Los más de 62 pueblos indígenas mantienen una estrecha relación con sus recursos naturales y la diversidad biológica. Además, sus propios sistemas normativos e institucionales regulan su vida social, cultural, política, ambiental y económica (Morett-Sánchez y Cosío-Ruíz, 2017: 128).
A pesar de la gran riqueza forestal de México, el nivel de deforestación promedio del periodo 2001 al 2018 alcanzó las 212,000 hectáreas anuales. Los procesos de deforestación y degradación forestal son problemas que persisten en las comunidades y ejidos forestales, estos se relacionan directamente a la gestión y manejo forestal insustentable, en parte por aprovechamientos maderables ilegales, incendios forestales intencionales, plagas sin programas de saneamiento, cambios de usos del suelo ilegales y tráfico de productos forestales (Comisión Nacional Forestal, 2021).
Desde el año 2001, las políticas públicas forestales de México se instrumentan a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Sin embargo, el recorte presupuestal a la CONAFOR ha afectado la operación e impacto de las políticas públicas forestales. Esto es preocupante ante la crisis climática global, en la que los bosques son estratégicos y muy importantes para mitigar el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (Rodríguez-Aguilar y Trench, 2020).
Ante el debilitamiento de las políticas públicas forestales, las comunidades y ejidos afectados por la deforestación y degradación forestal tienen que enfrentarlas de acuerdo a sus posibilidades y recursos propios. En la región de la Meseta Purépecha de Michoacán, las comunidades han articulado en distintos grados estrategias para gestionar y manejar los bosques de sus territorios.
En la gestión política algunas comunidades se han autorganizado comunalmente para detener la tala ilegal, el cambio de uso de suelo y la degradación forestal, a través de la operación de brigadas comunales de combate de incendios forestales, acciones de silvicultura, la vigilancia forestal y la defensa de sus territorios. Con estas actividades están contribuyendo a la conservación y restauración forestal, en donde el reconocimiento y ejercicio de los derechos de autonomía, autogobierno, libre determinación y presupuesto directo, han representado herramientas para articular y fortalecer la gobernanza y contribuir a la sustentabilidad forestal a nivel comunal.
En este contexto, el presente trabajo se realizó mediante una metodología cualitativa con la técnica de observación participante en las asambleas de autoridades del Frente por la Autonomía de Concejos y Comunidades Indígenas; asimismo, se realizaron entrevistas a los Concejales de los Concejos Comunales de Autogobierno y Comisariados de Bienes Comunales de las Comunidades de Pichátaro, municipio de Tingambato; Arantepacua, municipio de Nahuatzen; San Felipe de los Herreros, municipio de Charapan y Cherán Atzicurin, municipio Paracho.
Esta investigación tuvo un alcance exploratorio y descriptivo, ya que indagó cómo el reconocimiento y ejercicio de los derechos colectivos de las Comunidades Purépechas ha contribuido a la gestión política y manejo técnico de sus bosques comunales, para atender parte de los problemas de deforestación y degradación forestal. El estudio de campo se realizó durante el año 2021. También, se hicieron visitas y recorridos de campo para observar los elementos del paisaje de sus territorios comunales, áreas de bosques con diferentes grados de restauración y conservación, áreas degradadas, cultivos tradicionales y comerciales a gran escala (Álvarez-Gayou, 2003).
Para sustentar el presente estudio se revisaron documentos y estudios de la Antropología jurídica que dan cuenta de las luchas jurídicas, políticas y sociales de las comunidades Purépechas para lograr el reconocimiento y ejercicio de sus derechos colectivos. También, se revisaron artículos de Ecología y Ciencias Políticas, para analizar algunas perspectivas teóricas de la gestión y manejo colectivo de los recursos de uso común.
Objetivo y contexto socioambiental
de las comunidades de estudio
El principal objetivo del presente estudio fue explorar y describir las formas de gestión política y manejo técnico de los bosques comunales, impulsado todo a través de los Concejos Comunales de Autogobierno y los Comisariados de Bienes Comunales de las comunidades de San Francisco Pichátaro, municipio de Tingambato; San Felipe de los Herreros, municipio de Charapan; Arantepacua, municipio de Nahuatzen y Cherán Atzicurin, municipio de Paracho, del estado de Michoacán, México. Entre 2016 y 2020, estas comunidades comenzaron a ejercer sus derechos colectivos de autonomía, autogobierno, libre determinación y presupuesto directo.
Referente al tema del autogobierno Purépecha se han hecho diversas investigaciones. Sin embargo, la gestión y manejo forestal comunal es un área poco explorada. Las comunidades de estudio se ubican en la región Meseta y Cañada Purépecha, que se localiza en la parte occidental del estado de Michoacán, un estado mexicano que cuenta con una gran superficie de bosques y diversas problemáticas forestales que han afectado a las comunidades Purépechas.
La deforestación en Michoacán alcanza una tasa de 66,000 hectáreas por año y en la región Meseta Purépecha el cambio de uso de suelo avanza a una tasa de hasta 700 hectáreas por año. En esta región se ubica gran parte de la franja aguacatera de Michoacán, que se encuentra en desbalance hídrico como consecuencia de que las huertas de aguacate consumen en el periodo de estiaje hasta 700 m3 por hectárea por año, comparado con la capacidad de captura e infiltración de los bosques de hasta 350 m3 por hectárea durante la temporada de lluvias (COFOM, 2014; Morales y Cuevas, 2011; Gómez-Tagle et al., 2018).
Es evidente que los bosques son importantes en la regulación hidrológica y climática, ya que son productores netos de agua y el cultivo de aguacate es un consumidor neto de agua. Derivado de los procesos de degradación forestal de las 28 subcuencas que forman parte de las cinco cuencas que abarca la región Purépecha, todas se encuentran en déficit hídrico (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, 2020b).
En 2020, Michoacán ocupó el sexto lugar a nivel nacional con 19,766.30 hectáreas forestales incendiadas. La región Meseta y Cañada Purépecha registró 182 incendios que siniestraron 3,347 hectáreas; 97 incendios con 1,837 hectáreas afectadas fueron para cometer actividades ilícitas y 37 derivaron de quemas agrícolas con 1,016 hectáreas dañadas (CONAFOR, 2022).
Del total de la población de las más de 93 comunidades de la región Meseta y Cañada, el 51.32 % manifiesta ser indígena. En las mujeres predomina el monolingüismo del idioma Purépecha. La feminización de las comunidades es evidente, ya que la población femenina es ligeramente mayor con relación a la masculina. Los servicios son deficientes, el acceso a internet es apenas del 10%, el drenaje es disfuncional y el servicio de agua entubada es deficiente. Con infraestructura educativa incompleta, el acceso a la educación pública comprende apenas el nivel básico, que integra la instrucción inicial a la secundaria. Del 63% de la población que tiene derechos de acceso a servicios de salud, el 80% son beneficiarios en el Instituto de Salud para el Bienestar (INPI 2020a).
A continuación, se presentan algunos datos estadísticos de población, culturales, socioeconómicos, de salud y educación, de acuerdo a datos del último censo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2020).
La Comunidad de San Francisco Pichátaro cuenta con una población de 5,696 habitantes, con una extensión de 9,519 hectáreas, de las cuales 3,488 hectáreas son forestales en buen estado de conservación y de donde obtienen materias primas maderables para elaboración de muebles rústicos reconocidos nacionalmente. Entre sus actividades más importantes están la agricultura de humedad residual con especies de maíces nativos de diversos colores. Dado el proceso de mestizaje, persiste el idioma español y una pequeña parte de adultos mayores habla el idioma purépecha. En su territorio se ubica la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Para recibir servicios de salud cuenta con una clínica rural (Francisco-Arriaga et al., 2011).
La comunidad de San Felipe de los Herreros tiene una población de 2,002 habitantes, su territorio comunal abarca una superficie de 6,000 hectáreas, de las cuales 3,000 hectáreas son bosques con diversos niveles de restauración. La actividad económica más importante es el cultivo de maíces criollos nativos como principal alimento. Los habitantes se comunican en idioma español y sólo una pequeña parte de adultos mayores se comunica en idioma purépecha. El acceso al máximo nivel educativo es bachillerato y para acceder a servicios de salud se cuenta con una clínica rural.
En Arantepacua se conservan muchos elementos de la cultura Purépecha, los 3,505 habitantes se comunican en idioma purépecha, aunque dominan el español, persiste el monolingüismo. La superficie total comunal asciende a 6,650 hectáreas, de las cuales 4,500 son áreas forestales con diferentes grados de restauración, debido a la presión socioeconómica
hacia los bosques comunales, dado que una actividad económica principal de los comuneros es la elaboración de muebles de madera tierna. La población tiene acceso a servicios de salud en una clínica rural y el nivel educativo máximo que se puede cursar en la comunidad es el bachillerato.
Cherán Atzicuirín cuenta con una población de 2,942 habitantes, en su mayoría se comunican en idioma purépecha, sin embargo, dada la influencia cultural, las nuevas generaciones están utilizando el idioma español. Esta comunidad cuenta con 2,754 hectáreas de territorio comunal, de las cuales 1,574 hectáreas son de áreas forestales con diferentes niveles de restauración, dado que en el año 2008 los talamontes protegidos por el crimen organizado devastaron los bosques comunales. La agricultura de temporal con cultivo de maíces criollos nativos y la música, son dos actividades económicas muy importantes. El telebachillerato comunitario brinda servicios de educación de nivel medio superior y en la clínica rural se pueden brindar algunos servicios básicos de salud (INEGI, 2020).
En general, las comunidades de San Francisco Pichátaro y Arantepacua dependen de la materia prima de sus bosques comunales para la elaboración y comercialización de muebles. San Felipe de los Herreros y Cherán Atzicurin han abandonado las actividades extractivas de madera. Las mujeres realizan el trabajo doméstico y actividades textiles en la técnica de deshilado y punto de cruz. Una parte muy importante de la población de las comunidades Purépechas son migrantes transnacionales y las remesas sostienen parte de la economía comunal y regional. La población que permanece se emplea como asalariados en la agroindustria en torno al cultivo de aguacate y frutillas. Los jornaleros agrícolas acuden diariamente a los campos de cultivo de los municipios de Tingambato, Tangancícuaro, Zamora, Purépero, Tangamandapio, los Reyes y Uruapan.
Gobernanza y bienes comunes
En México, hasta 1986, la gestión y manejo técnico de los bosques de propiedad colectiva se sostuvo en fundamentos científicos que justificaron la exclusión de sus propietarios y manejadores. Durante más de 60 años el Estado impuso concesiones a favor de empresas privadas y paraestatales, que deforestaron y degradaron los bosques, de esta tragedia forestal se culpó a las comunidades sin que el Estado asumiera su responsabilidad por la corrupción interinstitucional. Esta forma de gestionar unilateralmente e impositiva los recursos forestales afectó la gobernanza y la sustentabilidad forestal, en donde la corrupción gubernamental y la exclusión de los actores de la cadena productiva forestal fueron factores que afectaron a las comunidades y a la sociedad.
Hacia 1989, el Banco Mundial problematizó la relación entre el gobierno y la sociedad, sobre todo en las acciones gubernamentales encaminadas a detonar procesos de desarrollo sustentable en el África Subsahariana. Los fracasos en las políticas públicas instrumentadas por los Estados se relacionaron a la incapacidad de los gobiernos para gobernar y administrar de forma eficiente, como consecuencia de prácticas de corrupción, deshonestidad, opacidad, falta de participación social y de rendición de cuentas (Husata, 2014).
La gobernanza es un concepto que se relaciona con la inclusión y participación de diversos actores en los procesos de gobierno. Al asegurar la participación y relaciones entre los diversos actores del Estado, sociedad y mercado, se propicia la gobernanza. Por lo tanto, el gobierno deja de ser el único actor central que tiene la definición y dirección de la dinámica de la sociedad. La participación de diversos actores políticos, sociales y económicos pueden influir de forma favorable en los procesos de vida de la sociedad. Esta participación en parte puede estar impulsada por conflictos sociales, ambientales y económicos. En los procesos de gobernanza están presentes las contradicciones, conflictos y luchas de poder entre los actores quienes buscan construir bienestar y calidad de vida (Aguilar, 2006).
La sociedad global se enfrenta a conflictos de diversa índole, desde conflictos bélicos mundiales hasta las amenazas emergentes derivadas de la grave crisis ecológica que se manifiesta en fenómenos relacionados al cambio climático y en la que para enfrentarla, los bosques comunales pueden contribuir de forma importante a capturar y almacenar el dióxido de carbono atmosférico, principal gas de efecto de invernadero que ha provocado el cambio climático global. Sin embargo, en las comunidades y ejidos forestales la gestión política y manejo técnico tiene diversos conflictos y problemáticas que se articulan con las políticas públicas del Estado, los sustentos teóricos y las formas de gestionarlas desde las instituciones gubernamentales.
La tragedia de los bienes comunes como fundamento
de políticas públicas ambientales
Hacia 1968, el ecólogo estadounidense Garrett Hardin publicó “La tragedia de los bienes comunes” que generó controversia y múltiples debates inacabados entre los científicos de las ciencias sociales y ciencias naturales. Esta postura ha tenido amplia aceptación y ha sido utilizada como fundamento científico de las políticas públicas ambientales en diferentes países. Se ha aplicado como panacea y solución simple a las problemáticas complejas de la sobreexplotación de los recursos naturales de uso común.
Hardin señaló que la degradación de los recursos naturales como bienes comunes era algo inevitable. Esto lo ilustró de forma simple con el sobrepastoreo y colapso de un pastizal de acceso abierto, en que la racionalidad individual de cada uno de los pastores era incrementar el número de ovejas como estrategia para aprovechar al máximo el pasto y maximizar los beneficios netos individuales, sin tomar en cuenta a los otros pastores ni que el pastizal es un recurso natural limitado, condiciones que al aumentar ilimitadamente las ovejas, en algún momento se terminaran el pastizal y representará una inevitable tragedia para los pastores (Hardin, 1968: 1244).
El comportamiento de los individuos para maximizar sus beneficios netos en el mínimo tiempo posible, Hardin lo explicó con la teoría económica de la elección racional, como la racionalidad individualista y egoísta en que los seres humanos se enfocan en acciones y estrategias para reducir al nivel mínimo posible la incertidumbre y el riesgo de perder. El autor asumió que todos los seres humanos tienen únicamente esta racionalidad, sin considerar los contextos en que están inmersos los individuos, ni la posibilidad de que puedan tener racionalidades alternas o contingentes.
A partir de sus análisis, Hardin propuso dos únicas alternativas para superar o evitar la tragedia de los bienes comunes. Una, es que desde el Estado se ejercieran los derechos de propiedad pública, así como la regulación para definir y aplicar los mecanismos de exclusión de los usuarios en la gestión y manejo de los recursos naturales. Otra, es que los recursos se privatizaran, privilegiando al mercado y la mercantilización de los recursos naturales para que los individuos a través del mercado pudieran obtenerlos como bienes de propiedad privada y satisfacer sus necesidades.
Desde los años setenta la aplicación de este fundamento estuvo acorde al desmantelamiento de los Estados de bienestar, en los que se instauró el neoliberalismo como modelo económico para privilegiar al libre mercado. El papel de los Estados se redujo a regular las políticas económicas de ajuste estructural y las políticas ambientales. En Estados Unidos, el control Estatal se aplicó a los parques nacionales, áreas de bosques conservados con gran riqueza en biodiversidad y reconocimiento internacional. Así se justificó el desplazamiento de las comunidades y sólo se ha permitido la entrada a los usuarios que tienen cierta capacidad económica, los méritos o a través de otros criterios discriminatorios para que sólo una parte de la población puedan hacer un mínimo aprovechamiento y evitar la tragedia de tan valiosos bienes comunes (Hardin, 1968).
Este modelo de conservación de parques nacionales se importó a México y se aplicó a las Áreas Naturales Protegidas (ANPs), en el cual se prohíbe la sustracción de elementos de los ecosistemas -generalmente el manejo es mínimo- y la política del Estado se ha enfocado en desplazar y excluir de la gestión política y manejo técnico a las comunidades que habitan en esas regiones, para evitar que hagan aprovechamientos extractivos y destructivos, bajo el argumento erróneo de que las comunidades han sido las mayores responsables de la degradación de los ecosistemas en México.
Este modelo se aplicó en la gestión y manejo de los bosques de coníferas de clima templado y selvas tropicales. Posterior a la revolución y hasta 1986, la gestión y manejo de los bosques mexicanos estuvieron a cargo del Estado a través de concesiones otorgadas a empresas paraestatales. Empresas privadas nacionales y transnacionales, por más de 60 años aprovecharon de forma selectiva la madera para celulosa y destruyeron extensas superficies de bosques comunales. El Estado pagaba un raquítico “derecho de monte” que a veces se invertía en obras sociales (Fuente y Barkin, 2014).
Esta exclusión en parte propició conflictos entre las comunidades, las empresas concesionarias y el Estado mexicano. Así se configuró la degradación de los bosques comunales y la única respuesta para conservarlos fue imponer vedas forestales, pero estas imposiciones sólo fomentaron que las comunidades hicieran aprovechamientos clandestinos e ilegales de sus propios recursos forestales comunales afectando la sustentabilidad forestal.
De la tragedia al gobierno de los bienes comunes
El impacto negativo de las concesiones forestales propició que las comunidades forestales de diversas regiones de México se movilizaran para expresar su descontento y exigir participar directamente en la gestión y el manejo de sus propios recursos forestales. La fuerza social y política de las comunidades de varias regiones forestales de México contribuyó a reformar la Ley Forestal en 1986. Esta reforma puso fin a las concesiones forestales y marcó un punto de inflexión en el reconocimiento de los derechos a ejidos y comunidades para gestionar y manejar sus bosques comunales.
La reforma y la autoorganización propició que surgieran experiencias de manejo forestal a nivel comunitario y mancomunadas, que han sido reconocidas internacionalmente por su nivel de autoorganización y trabajo conjunto por los altos niveles de cooperación y acción colectiva, priorizando la racionalidad colectiva por encima de la racionalidad individual, para lograr una productividad forestal con beneficios sociales y económicos sin degradar sus bosques.
Las experiencias de las comunidades forestales de México han sido reconocidas y certificadas internacionalmente por el Consejo de Administración Forestal, por sus siglas en inglés FSC (Forest Stewardship Council), organismo establecido en 1993 que, bajo estándares internacionales. certifica el manejo forestal sustentable. Las experiencias del manejo comunitario han sido bajo diversos contextos sociales, en diferentes tipos de ecosistemas y no parece haber un modelo que se pueda replicar como panacea para resolver de forma simple la insustentabilidad en el manejo y gestión de los bosques. Estas experiencias han sido estudiadas y sustentadas en parte con la perspectiva teórica del gobierno de los bienes comunes.
Esta perspectiva teórica la desarrolló Elinor Ostrom derivado de la amplia investigación científica y evidencias de casos empíricos, así propuso algunos elementos epistemológicos, metodológicos y empíricos donde la tragedia de los bienes comunes no sucede. Confrontando la generalización y universalidad de la teoría de la elección racional, rechazó las explicaciones reduccionistas, deterministas y simplistas, ya que la búsqueda de la racionalidad económica puede no ser el único criterio central que guíe la conducta de los individuos. De este modo planteó que de acuerdo al contexto socioecológico los seres humanos pueden tener otras racionalidades configuradas por relaciones de confianza, reciprocidad, solidaridad y cooperación, propiciadas bajo consensos y acuerdos mutuos.
La crítica a Hardin fue que no definió claramente los recursos de acceso abierto y los recursos de uso común, más bien planteó la tragedia que resulta en la libertad del acceso y uso de los recursos comunes, ya que clásicamente los bienes se clasificaban en bienes públicos y privados. Ostrom propuso una clasificación de los bienes en función de la dificultad de exclusión y la sustractabilidad, superando la clasificación binaria basada en el derecho de alienación. Así se tendrían cuatro tipos de bienes: bienes privados, de alta sustractabilidad y baja dificultad de exclusión; bienes de uso común, de alta sustractabilidad y alta dificultad de exclusión; bienes públicos de baja sustractabilidad y alta dificultad de exclusión; y bienes club o tarifa, de baja sustractabilidad y baja dificultad de exclusión (Ostrom, 2015: 63).
Un recurso como bien común se puede conceptualizar como un recurso natural o construido el cual tiene una alta sustractabillidad, esto es, que al aprovechar o sustraer una unidad del recurso disminuye la disponibilidad para que lo aprovechen otros usuarios y es difícil excluir o evitar que otros usuarios sigan aprovechando otras unidades de dicho bien común, y si no se planifica su aprovechamiento y manejo con todos los potenciales usuarios se puede degradar y agotar (Ostrom, 2000).
La alta sustractabilidad y la alta dificultad de exclusión de los potenciales usuarios de los recursos como bienes comunes los definen como recursos frágiles y susceptibles de degradación. Sin embargo, el principal reto para los usuarios que comparten un sistema de recursos naturales es la gestión política conjunta mediante la autoorganización a través de la acción colectiva y cooperación para establecer reglas de manejo que aseguren su conservación, funcionalidad y productividad a través del tiempo (Trujillo, 2016).
La característica de que los bienes comunes son compartidos implica que para su gestión y manejo requieren trabajo conjunto entre los usuarios. Así, la propuesta de Elinor Ostrom se fundamenta en otros modelos de juegos cooperativos en que las comunidades de individuos son capaces de comunicarse, discutir y consensar reglas que se instituyen entre los usuarios para administrar y manejar los bienes comunes como recursos compartidos. De esta forma los individuos son capaces de crear instituciones o reglas confiables y funcionales diferentes al Estado o al mercado para regular la apropiación y realizar actividades de mantenimiento o provisión que asegure la sustentabilidad de los sistemas de recursos compartidos (Ostrom, 2000).
Los ejemplos de recursos naturales conceptualizados como bienes comunes pueden ser los bosques, pesquerías, fauna, áreas de pastizales, cuencas hidrológicas subterráneas, ríos, lagos, océanos, flora, etc. Otros ejemplos de recursos de uso común construidos son los canales de riego en tierras agrícolas, los mismos cultivos agrícolas, puentes, estacionamientos; en la presente era de la información las plataformas digitales construidas y mantenidas de forma colectiva, como el caso de la plataforma Wikipedia, que es de libre acceso y abierta a las contribuciones.
Un sistema de recursos se compone por unidades, que son la cantidad de referencia en unidades de volumen, área, peso, tiempo, etc., que los individuos pueden apropiarse o sustraer en metros cúbicos, kilogramos, toneladas, horas, litros, etc. La apropiación de unidades de recursos altera la sustentabilidad del sistema, por lo que es necesario realizar actividades de mantenimiento para no afectar su productividad, funcionalidad e integridad. Esto es importante para que un recurso permanezca en el tiempo con todos los elementos del ecosistema y sus interrelaciones con los usuarios (Merino, 2018).
Las actividades de provisión son prácticas de manejo técnico que contribuyen al mantenimiento y aumentan la capacidad de los ecosistemas de reponerse ante algún evento de perturbación o por la sustracción de unidades de recursos. Para definir las tasas de aprovechamiento, las técnicas de sustracción, la distribución de incentivos y las actividades de provisión, son indispensables los procesos, la comunicación y acuerdos, para resolver los problemas de credibilidad y certidumbre entre los usuarios de los recursos de uso común (Ostrom, 2015).
El aporte más importante de Ostrom es que sustentó que el autogobierno de los usuarios es una posibilidad viable para gobernar de forma sustentable un sistema de recursos de uso común, cuando se superan las tentaciones a no cooperar y a romper los acuerdos colectivos. Aclaró que su teoría no es una panacea y que se centra en recursos naturales renovables de uso común de pequeña escala local, donde el número de usuarios varía de entre 50 y 15,000 cuyos ingresos económicos dependen de manera importante del recurso de uso común (Ostrom, 2000: 290).
Con base en esta revisión, es posible sostener que existen posibilidades reales de que los procesos de autoorganización de las comunidades que comparten un sistema de recursos naturales o construidos pueden contribuir a la sustentabilidad de dichos recursos, sobre todo cuando existe el reconocimiento del Estado y la participación conjunta entre las comunidades y el Estado se puede fortalecer la gobernanza y la sustentabilidad forestal.
El autogobierno, autonomía, libre determinación
y presupuesto directo de las comunidades Purépechas
de Michoacán, México
La lucha de las comunidades Purépechas se ha desarrollado en complejos contextos sociales, económicos y ambientales. En la segunda década del presente siglo una parte importante de las luchas de los Purépechas se ha enfocado a la defensa de sus bosques comunales y al ejercicio de sus derechos político-electorales, específicamente los derechos al autogobierno, autonomía, libre autodeterminación y presupuesto directo.
En noviembre del año 2011, la comunidad de Cherán (comunidad Purépecha sede municipal), logró el pleno reconocimiento para ejercer de forma efectiva sus derechos de autogobierno, autonomía y libre autodeterminación, a través de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que el Estado mexicano le reconoció el derecho a elegir sus autoridades de acuerdo a usos y costumbres. De esta forma la comunidad rescató e instauró la figura del Concejo Mayor de Gobierno Comunal, este concejo es elegido mediante asambleas en los cuatro barrios que son verificadas y avaladas por el Instituto Electoral de Michoacán. La presentación y toma de protesta de los Concejales se realiza en asamblea comunal. Como consecuencia el ayuntamiento municipal ya no existe en Cherán (Aragón, 2013).
Las problemáticas detonantes del movimiento ecológico, social y político de Cherán fueron por la tala ilegal de sus bosques comunales, incendios intencionales, cambio de uso de suelo ilegal, secuestro, extorsión y robo por parte de talamontes y grupos del crimen organizado coludidos con el presidente municipal y gobierno de Michoacán. En el periodo de 2006-2012, los talamontes talaron 9,069 hectáreas de su bosque comunal, equivalente al 71% de la superficie arbolada existente en 2006. La mayor parte de la deforestación se produjo entre 2010 y 2011 en que se deforestaron 2,815 hectáreas. La lucha comunal de Cherán por la defensa de sus bosques comunales, su territorio y por mantener las condiciones de vida acordes a la cultura Purépecha marcó un referente en México (España-Boquera y Champo-Jiménez, 2016).
La comunidad de Cherán K’eri está construyendo una gestión y manejo colectivo de los bosques como bienes comunes, articulando desde las fogatas, asambleas de barrios y comunales. una inclusión plena y efectiva de todos los usuarios potenciales en su calidad de comuneros y comuneras, sin utilizar categorías de diferenciación o exclusión como los derechos de propiedad a la tierra, edad, género, estado civil, etc. (Jerónimo, 2021).
La lucha de Cherán y los juicios ganados en los tribunales contribuyó a generar la jurisprudencia y representó una posibilidad para que las demás comunidades Purépechas accedieran al reconocimiento y ejercicio de sus derechos colectivos. Dado el contexto de ingobernabilidad en Michoacán, el abandono del Estado, la exclusión institucional, la discriminación étnica, las desigualdades sociales, la inseguridad y el despojo de sus recursos forestales por la injerencia del crimen organizado en las comunidades y la complicidad con funcionarios de los diversos niveles de gobierno, así como de los actores de los partidos políticos, facilitaron y configuraron la tragedia ambiental en Michoacán.
La falta de atención y respuesta aumentaron el descontento en las comunidades y se propició la autoorganización comunal. Las asambleas comunales acordaron y emprendieron las luchas para exigir sus presupuestos directos para ejercer las funciones de gobierno comunal acordes a sus problemáticas, necesidades y formas propias de organización. Las asambleas retomaron los Concejos Comunales como estructuras de autogobierno que en algunos casos sustituyeron a los jefes de tenencias.
La submunicipalidad o tenencia de San Francisco Pichátaro, perteneciente al municipio de Tingambato, fue la primera comunidad con carácter de tenencia que por acuerdos de su asamblea comunal decidieron exigir sus derechos político-electorales a través de la lucha social, política, legal y jurídica. Con la asesoría del Colectivo Emancipaciones, la comunidad recorrió un camino muy largo y sinuoso. Desde los acuerdos en la asamblea comunal del 30 de junio de 2015, para solicitar al ayuntamiento de Tingambato el presupuesto directo, el acuerdo con el cabildo de Tingambato, los conflictos con el subsiguiente ayuntamiento, la demanda en la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su remisión a la Sala Superior donde se emitió la sentencia a favor de Pichátaro el 18 de mayo de 2016 (Zertuche, 2018).
Los logros en el reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de Pichátaro marcaron un referente en Michoacán y en México, ya que dejó de estar subordinada en calidad de Tenencia a un ayuntamiento, se convirtió en la primera comunidad indígena de Michoacán y de México que desde el año 2016, administra de manera directa los recursos presupuestales con base en el criterio de proporción poblacional respecto al total del municipio de Tingambato, de acuerdo al último censo del INEGI. Congruentes con su lucha y postura política, la comunidad prohibió la política a través de partidos políticos y no se instalan casillas para comicios electorales municipales, estatales y federales, tanto para los cargos ejecutivos, legislativos y de la cámara de senadores.
Siguiendo el camino legal y jurídico de Pichátaro, la Comunidad de San Felipe de los Herreros, municipio de Charapan, obtuvo el reconocimiento de sus derechos político-electorales y desde junio de 2017 comenzó a ejercerlos. Entre las causas que derivaron en esta demanda fue principalmente por tres factores: el descontento que generó la falta de cumplimiento de un programa de construcción de viviendas en el año 2015 por parte del ayuntamiento de Charapan; la división y conflictos internos por los actores, intereses y prácticas de los partidos políticos; y el logro de la lucha comunal de Pichátaro que hicieron posible el ejercicio del presupuesto directo (Montes, 2021).
La ingobernabilidad en Michoacán ha propiciado que se conjunten diversas demandas de las comunidades con las de otros sectores de la sociedad, como el magisterio y el movimiento normalista. En este contexto, el 5 de abril de 2017, los cuerpos policiacos y de seguridad pública del nivel estatal y federal reprimieron brutalmente a la comunidad de Arantepacua, apersonándose hasta la comunidad con la justificación de destrabar dos conflictos en que se involucraba a la comunidad: el conflicto agrario con la comunidad de Capacuaro y la retención de vehículos de empresas privadas por los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y los normalistas.
Lamentablemente en esta incursión fueron asesinados cuatro comuneros y 38 comuneros fueron detenidos y encarcelados, estos delitos de lesa humanidad han sido demandados por Arantepacua para que se investigue y castigue al gobierno de Michoacán mediante la promoción de un juicio político. Después de la represión del gobierno de Michoacán a la comunidad Purépecha de Arantepacua surgió la demanda comunal para ejercer los derechos de autogobierno, autonomía, libre determinación y presupuesto directo. Esta decisión fue posterior a la expulsión de los partidos políticos, rechazando la instalación de las casillas electorales, el tránsito de vehículos con propaganda política y electoral, así como la realización de cualquier acto proselitista.
Aunado a la lucha social y política, la comunidad conjuntó la vía jurídica y legal en demanda de sus derechos al autogobierno. El 9 de marzo de 2018, el Tribunal Electoral de Michoacán emitió el fallo del juicio a favor de la comunidad de Arantepacua para reconocerles el ejercicio de sus derechos político-electorales y el presupuesto directo proporcional que les corresponde con relación al ayuntamiento de Nahuatzen.
Hacia el año 2020, la comunidad de Cherán Atzicurin, municipio de Paracho, decidió por acuerdo de asamblea comunal eliminar la figura del jefe de tenencia, dado que había caído en prácticas de corrupción, desvío de recursos públicos, autoritarismo y cacicazgos ligados a los partidos políticos. Para sustituir la figura del jefe de tenencia nombraron un Concejo Comunal Administrativo, la asamblea comunal acordó exigir los derechos político-electorales de autonomía, autogobierno, libre determinación y el presupuesto directo.
Para lograr el pleno reconocimiento y ejercicio de estos derechos, la comunidad procedió formalmente y en el camino de la legalidad, considerando que había antecedentes para que el ayuntamiento de Paracho le reconociera los derechos político-electorales a Cherán Atzicurin. Sin embargo, la negligencia, represión brutal y secuestro de comuneros bajo órdenes del presidente municipal, propició que muchas comunidades Purépechas y el magisterio respaldaran y apoyaran socialmente esta lucha; así también, con el acompañamiento legal y jurídico del Colectivo Emancipaciones, Cherán Atzicurin logró ejercer sus derechos a partir del mes de julio de 2020, esto sin necesidad de recurrir a los tribunales como lo habían hecho Pichátaro, San Felipe de los Herreros y Arantepacua.
La articulación de las luchas colectivas de las comunidades Purépechas para el reconocimiento de sus derechos político-electorales, ha contribuido a que los logros de las comunidades se sigan potencializando y extendiendo a más comunidades, no solamente de la región Purépecha sino a la región Mazahua y Otomí, sobre todo porque existen riesgos latentes y ante la incertidumbre de escenarios futuros adversos, ya que los derechos peleados, ganados, construidos y ejercidos por las comunidades indígenas trastocan intereses y disminuyen los privilegios de los partidos políticos y sus actores que desde los ayuntamientos ejercen el poder político, económico, ambiental y social sobre las comunidades indígenas, tenencias y/o encargaturas del orden.
Recientemente, la lucha social, política y jurídica ha trascendido y rebasado las fronteras de las comunidades Purépechas, donde las mismas propusieron al congreso local una reforma a la Ley Orgánica Municipal de Michoacán que reconoció el autogobierno y presupuesto directo, y que entró en vigor el primero de abril de 2021. Así, toda aquella comunidad indígena de Michoacán, que sea o se autoadscriba como perteneciente al pueblo Purépecha, Otomí, Mazahua, Nahua, Pirinda o Matlazinca, si así lo desean y acuerdan en asamblea, podrán ejercer estos derechos de acuerdo a sus propias formas de organización.
La gestión política y el manejo técnico de los bosques comunales en Pichátaro, San Felipe de los Herreros, Arantepacua y Cherán Atzicurin
Un aspecto a resaltar en la autoorganización comunal de Pichátaro, es que eliminaron la figura de Jefe de Tenencia y permanecen los representantes de barrios electos en asambleas de barrios. Los siete barrios que integran la comunidad son: Santo Tomás Primero y Santo Tomás Segundo, San Bartolo Primero y San Bartolo Segundo, San Francisco, Santos Reyes y San Miguel. Cada barrio tiene delimitada su área de territorio con su respectivo bosque comunal, donde comuneros y comuneras que pertenecen al barrio en cuestión pueden extraer madera y otros recursos forestales de acuerdo a las reglas del barrio y de toda la comunidad. La gestión y manejo de los bosques comunales están a cargo del comisariado de bienes comunales como autoridad agraria que administra los apoyos recibidos de CONAFOR. En la estructura del Concejo Comunal de Pichátaro existe un Concejal de Medio Ambiente quien coordina algunas acciones conjuntas con el comisariado de bienes comunales para la restauración y conservación de bosques comunales, así como el manejo y disposición de residuos sólidos.
En Pichátaro, una de las principales actividades económicas es la elaboración de muebles rústicos tallados, la extracción de resina de pino es otra actividad silvícola muy importante que se relaciona con el flujo de beneficios económicos del bosque hacia la comunidad, se resinan árboles maduros con el método francés tradicional y esta actividad ha contribuido a que se conserven muchas áreas de bosque comunal, y una vez que los árboles han producido su máximo potencial resinero son aprovechados como madera. Las actividades de recolección de hongos, plantas medicinales, de panales de miel, tierra de encino y leña, son parte de la diversidad de productos del bosque para satisfacer necesidades y en algunos casos se comercializan o intercambian los excedentes.
La conservación de las áreas forestales ha sido afectada por la expansión del cultivo de aguacate y la degradación de tierras se está acelerando por el cultivo intensivo de papa. Recientemente, derivado de discusiones y análisis, se han tomado acuerdos en asamblea comunal para prohibir la venta o renta de tierras a personas y empresas externas a la comunidad para el cultivo de aguacate, y hacia el año 2020, se prohibió el rentismo de tierras para cultivar papa.
Se tiene un monitoreo constante en el territorio para conservar los recursos forestales, el Concejo Comunal a través de los elementos de la seguridad comunal denominados localmente como “Kuaricha”, quienes además de brindar la seguridad, vigilan el territorio para evitar la tala ilegal, el saqueo de madera por parte de talamontes externos a la comunidad. También, revisan vehículos en las entradas y salidas de la comunidad, para evitar que se trafique madera y leña, quienes no cuentan con un permiso para talar un árbol y extraer cierto volumen de leña son detenidos por los “Kuaricha”, posteriormente se les aplican multas o sanciones de acuerdo a los antecedentes y reglas.
El comisariado de bienes comunales como autoridad agraria de la comunidad se coordina con el Concejo Comunal de gobierno para invertir recursos económicos en siete guardabosques –uno por barrio–, para vigilar la extracción de madera dentro de los límites permitidos, monitorear las plagas, detectar y combatir incendios. A través del Concejo Comunal de Gobierno se han reforzado las acciones para conservar los bosques, detener la degradación mediante la participación de comuneros y comuneras en faenas, lo que ha contribuido a la gobernanza forestal desde la autoorganización, libre determinación, autogobierno y autonomía comunal.
En la comunidad de San Felipe de los Herreros se conserva la figura de Jefe de Tenencia, sus funciones se enfocan principalmente a conciliar conflictos familiares y se coordinan con la seguridad comunal. El comisariado de bienes comunales conserva su calidad de autoridad agraria, pero se coordina con el Concejo Comunal para atender los conflictos por la invasión de tierras por parte de aguacateros de la comunidad de Corupo y Charapan, la invasión de las colindancias con la comunidad de Nurio y Pomacuarán.
En la parte sur del territorio de San Felipe, talamontes de San Lorenzo, municipio de Uruapan, están talando los pinabetes (Abies religiosa) que se encuentran en la parte alta del cerro “Janamo”, lo que preocupa a la comunidad ya que en los últimos años se están enfocando a conservar las áreas forestales y evitar a toda costa el cambio de uso de suelo para cultivo de aguacate, detener la invasión de comunidades vecinas y la tala ilegal de los bosques.
Por acuerdos de asamblea comunal está prohibido vender o rentar tierras a personas externas a la comunidad. El cambio de uso de suelo para cultivar aguacate está en proceso de discusión en la asamblea comunal, ya que están en el dilema de permitir que los comuneros puedan cultivarlo en sus predios sin vegetación forestal, sin embargo, está estrictamente prohibido establecer huertas aguacateras en áreas con cobertura forestal.
En la estructura del Concejo Comunal tienen al Concejal de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Social, quien se coordina con el comisariado de bienes comunales para realizar algunas actividades relacionadas a la restauración y conservación forestal.
Recientemente atendieron las áreas afectadas por plagas, se realizó el saneamiento con la asesoría de ingenieros forestales especialistas en la materia. Una participación muy importante del Concejo Comunal es que aporta el 50% del monto total de los recursos económicos para que opere durante la época de estiaje la brigada de diez comuneros para el combate de incendios forestales, donde la Comisión Forestal del estado de Michoacán invierte otro 50%. Esto representa una excelente acción encaminada desde el autogobierno para conservar la integridad de los bosques comunales y es un ejemplo de buena gobernanza forestal.
El trabajo conjunto tanto al interior de la comunidad como con las instituciones gubernamentales, ha contribuido a fortalecer las capacidades de gestión del Comisariado de Bienes Comunales y el Concejo Comunal de San Felipe de los Herreros. Para que la comunidad fuera sujeta de apoyos de la CONAFOR, San Felipe tuvo que pagar las multas y castigos administrativos a los que fue sujeta por más de cinco años por el incumplimiento en la comprobación de apoyos recibidos en ejercicios anteriores. En el año 2021, fueron beneficiados con el concepto de apoyo RFM.1, Restauración forestal de microcuencas estratégicas para restaurar y mantener 21 hectáreas comunales durante tres años. También, les autorizaron recursos dentro del programa de Pago de Servicios Ambientales para mejorar las prácticas de manejo técnico de restauración y conservación en una superficie de 482 hectáreas durante cinco años.
La principal amenaza para la conservación de las áreas forestales en San Felipe de los Herreros es la tala ilegal, por lo que están implementando estrategias para enfrentarla, recientemente se sancionó a un talamonte de la comunidad, la multa fue debatida, acordada y aplicada en asamblea comunal. Esto indica que tienen mecanismos democráticos y robustos para sancionar a quienes extraen madera sin autorización y por encima de los límites permitidos. Es evidente que la autoorganización comunal representa una posibilidad real para asegurar la sustentabilidad de los bosques comunales.
En la comunidad de Arantepacua, el Concejo Comunal de gobierno, está integrado por diversos Concejos, entre ellos el Concejo de Bienes Comunales, con la finalidad de involucrarlo directamente en los diversos asuntos del autogobierno como es la vigilancia forestal y el cuidado del territorio. Para la comunidad es conveniente tener una sola estructura de Gobierno Comunal para hacer más horizontal la relación con sus gobernados, facilitar el flujo de información, evitar burocratismos y agilizar la resolución de conflictos.
En Arantepacua existe la preocupación constante de la incursión del crimen organizado en su territorio comunal, ya que derivado de las múltiples agresiones decidieron evitar el tránsito de grupos criminales por su territorio comunal, así como las actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de madera, secuestro, extorsión y venta de drogas. También, como estrategia de defensa de su territorio, conservación de sus recursos naturales y la autonomía de su comunidad, la seguridad comunal denominada “Kuaricha” hace recorridos de vigilancia de forma constante en todo su territorio comunal para prevenir, detectar y combatir hechos ilícitos.
El Concejo Comunal de Arantepacua destina recursos económicos para el pago de ocho guardabosques para vigilar, cuidar los recursos naturales y el territorio. Los guardabosques desempeñan un papel fundamental para prevenir y combatir incendios forestales, cuando no pueden combatirlos se convoca a la asamblea donde los comuneros y comuneras aportan su faena como trabajo comunal no retribuido.
La actividad mueblera es muy importante, los artesanos adquieren madera tierna con los talamontes locales. La tala ilegal es una problemática muy recurrente, en donde las áreas más afectadas son las que están en conflicto agrario, ya que las comunidades vecinas también elaboran muebles y recurren al robo de árboles porque sus bosques se han agotado. Los incendios forestales son una problemática que afecta la restauración y conservación de las áreas forestales, derivado de incendios provocados en áreas en conflicto para después extraer la madera, materiales pétreos y otros recursos forestales. Es evidente que en Arantepacua existe una alta presión social sobre los ecosistemas forestales.
En la Comunidad Purépecha de Cherán Atzicurin, el 31 de diciembre de 2019, la asamblea comunal eliminó la figura del jefe de tenencia como auxiliar del presidente municipal, en su lugar eligió un Concejo Comunal de Gobierno integrado por ocho Concejales, dos de cada uno de los cuatro cuarteles. La comunidad logró el reconocimiento de sus derechos de autonomía, autogobierno, libre determinación y presupuesto directo sin recurrir a los tribunales electorales. Lo hizo en un primer momento a través de la lucha social y política no sólo a nivel comunal sino por el apoyo social y político de comunidades como Arantepacua y Cherán K’eri. La lucha jurídica y legal de Cherán Atzicurin la acompañaron abogados del Colectivo Emancipaciones.
La gestión de los bosques en Cherán Atzicurin ha sido a través del Comisariado de Bienes Comunales quien sigue manteniéndose como una autoridad agraria. Sin embargo, a través del Concejo Comunal de Gobierno se están articulando algunos esfuerzos de gestión para contribuir a restaurar algunas áreas comunes como la parcela escolar, donde en el año 2021, se realizó una reforestación. También, el Concejo Comunal ha participado de forma importante coordinándose con el Comisariado de Bienes Comunales para combatir incendios forestales que se presentaron en la temporada de estiaje 2021, conjuntamente convocaron y se movilizaron con comuneros quienes aportaron su faena como trabajo comunal no retribuido.
El Concejo Comunal conjuntamente con el Comisariado de Bienes Comunales han discutido las prácticas insustentables de la empresa privada Ejido Verde, que desde el año 2009 tiene inversiones con comuneros que establecieron plantaciones resineras en sus predios. Los técnicos forestales de la empresa recomiendan la tala de vegetación nativa con el argumento de eliminar la competencia por nutrientes, agua y radiación solar, ya que con el paquete tecnológico a base de agroquímicos las plantaciones no han expresado su potencial de crecimiento, lo que ha retrasado la extracción de resina, el tiempo de retorno de la inversión y percepción de utilidades netas. La determinación conjunta fue pedirle a la empresa que ya no siguiera promoviendo la tala de vegetación nativa, ya que ha afectado la integridad de los ecosistemas forestales y los manantiales comunales.
Desde la estructura del Concejo Comunal de Cherán Atzicurin se han articulados algunos esfuerzos en el manejo técnico del bosque como el combate voluntario de los incendios forestales. La gestión política en parte ha implicado cuestionar y suspender las prácticas de manejo insustentable del modelo de plantaciones opuestas al manejo forestal comunitario. También, sucedió con las recomendaciones de los técnicos sociales y productivos de Sembrando Vida, quienes pretendían imponerse y obligar a los beneficiarios a cercar cada una de sus parcelas, lo que generó conflictos con el manejo tradicional de las tierras de cultivo que contempla el pastoreo de ganado bovino para aprovechar esquilmos de la milpa, lo que llevó a exigir se respetara el manejo tradicional de las tierras y se evitó que se talaran árboles de las áreas comunales para obtener postes y cercar 295 hectáreas parceladas.
Una de las gestiones impulsadas por el Concejo Comunal fue el proyecto de mitigación y adaptación al cambio climático que, en 2021, recibió financiamiento del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para realizar acciones de silvicultura en una superficie de 100 hectáreas comunales en la zona de captación del manantial “kondiro”, donde se podaron árboles reforestados hace diez años y se eliminó maleza, se aperturaron 20,000 metros de zanjas, trincheras o tinas ciegas para captación de agua y conservación de suelo, y se aperturaron diez kilómetros de brecha cortafuego. El comité de seguimiento está integrado mayoritariamente por mujeres del Concejo Comunal y Comisariado de Bienes Comunales, y en las actividades de silvicultura comunal participaron alrededor de 50 mujeres y 20 hombres.
Conclusiones
Desde los Concejos Comunales de Gobierno Purépecha, los Comisariados de Bienes Comunales, las asambleas comunales y las formas específicas de autoorganización interna, se han articulado y visibilizado nuevas posibilidades y estrategias que pueden contribuir a fortalecer la gobernanza forestal en las comunidades Purépechas de Michoacán. Sin embargo, el principal reto es el reconocimiento y fortalecimiento por parte del Estado para articular una gobernanza multinivel que contribuya a la sustentabilidad de los recursos forestales desde el nivel comunal.
La existencia de distintos niveles de organización al interior de algunas comunidades como Pichátaro, donde se asegura que todos los potenciales usuarios de los bosques comunales puedan participar democráticamente, indica que la toma de decisiones para definir reglas y sanciones son derivadas de amplios procesos de análisis y consensos, esto asegura la robustez y certidumbre para asegurar la sustentabilidad de los bosques, que en primera instancia se gestionan y manejan a nivel de barrio, pero que se articulan en el nivel comunal. La aplicación de sanciones a talamontes en asamblea comunal como en San Felipe, fortalece el asambleísmo y el carácter legislativo, ejecutivo y judicial de la máxima autoridad comunal.
Las comunidades de Pichátaro, Cherán Atzicurin, Arantepacua y San Felipe de los Herreros, tienen el reto de fortalecer y mantener sus formas de autoorganización interna con acuerdos robustos para disminuir la tala ilegal, detener los cambios de uso de suelo, enfrentar los incendios y plagas forestales mediante el fomento y fortalecimiento del trabajo comunal no retribuido localmente conocido como “faenas”, que en muchas comunidades Purépechas se ha perdido por políticas públicas agrarias y de desarrollo contrarias a las lógicas comunales.
A través de un esquema conjunto con el Estado, las comunidades con autogobierno tienen la posibilidad de fortalecer sus estructuras de vigilancia forestal y capacitar a la “Kuaricha” para realizar labores de vigilancia forestal, no sólo con el fin de prevenir, atender y erradicar la tala ilegal, sino prevenir y combatir incendios forestales, detectar plagas forestales y realizar el saneamiento forestal. En coordinación con instancias estatales y federales se podría realizar el decomiso de planta de aguacate y desmantelamiento de huertas ilegales, la clausura de las ollas captadoras de agua, el decomiso de fauna y flora extraída ilegalmente, el decomiso de materiales pétreos extraídos ilegalmente, entre otras actividades que las comunidades acuerden en sus asambleas comunales.
En las partidas presupuestales que reciben las comunidades es evidente que no está considerada la dimensión ambiental, ya que del gobierno federal reciben el ramo 28 o fondo general para gasto corriente; el ramo 33, con el fondo III de obra civil y el fondo IV para seguridad y alumbrado público. La única aportación del gobierno de Michoacán que se invierte en obra civil es el Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM). Sin embargo, existe la necesidad de proponer una partida para la gestión y manejo de los recursos naturales para incorporar de forma efectiva la perspectiva de la sustentabilidad en los procesos de desarrollo comunal.
Las cuatro comunidades analizadas tienen el reto y la oportunidad de proponer un esquema de trabajo conjunto con el Estado a través de sus instituciones y con la ministración focalizada de recursos económicos se podría fortalecer la restauración y conservación de los bosques comunales, ya que las comunidades tienen derecho a recibir parte de las contribuciones en materia ambiental, de la misma forma que los Concejos Comunales de Gobierno hacen sus contribuciones pagando los impuestos ambientales en las diversas obras civiles por concepto de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y es obligación del Estado mexicano asegurar un medio ambiente sano a la sociedad y a las comunidades. En este sentido, las industrias aguacateras y de frutos rojos deberán compensar económicamente sus impactos socioambientales negativos actuales e históricos, para contribuir a la sustentabilidad ambiental y forestal.
Ante la grave crisis climática global es pertinente reconocer los derechos de propiedad colectiva del carbono forestal a las comunidades y ejidos forestales para que los incentivos económicos internacionales de mitigación al cambio climático los reciban directamente y el Estado mexicano cumpla con los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente, la agenda 2030 y los 17 objetivos del desarrollo sostenible.
La construcción de una buena gobernanza forestal requiere el compromiso y responsabilidad de los distintos niveles gobiernos que aseguren la gobernabilidad. La participación de las comunidades con los diversos niveles de gobierno deberá propiciarse desde las asambleas comunales, como el sujeto colectivo a consultar donde se pueden construir acuerdos para coordinar acciones y mejorar las políticas públicas en un marco de respeto y potencializar a los autogobiernos comunales. Esto puede contribuir a alcanzar algunos objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, donde se aspira a restablecer el tejido social y la pacificación del país, que para el caso de Michoacán y en específico de la región Purépecha, es una de las necesidades más urgentes y prioritarias.
En este contexto socioambiental y ante la complejidad de las problemáticas de deforestación y degradación forestal, se puede reconocer que en las comunidades Purépechas de Michoacán con autogobiernos comunales existen las condiciones de autoorganización para impulsar una gestión y manejo forestal sustentable con diversos enfoques como el comunalista. Esto es favorable para la intervención gubernamental ya que la organización comunal es un elemento fundamental que genera costos de transacción, que cuando no está presente, las acciones promovidas desde el Estado tienen mayor probabilidad de fracasar.
El Estado tendría que contribuir y trabajar de forma conjunta con las comunidades para enfrentar problemáticas comunes como la tala ilegal, el cambio de uso de suelo, la deforestación, los incendios forestales, las plagas forestales y el despojo a manos de empresas privadas, ya que a partir de la autoorganización en las asambleas comunales como máxima autoridad comunitaria se está propiciando y fortaleciendo la gobernanza para construir nuevas formas de relación con los recursos forestales comunales y los territorios comunales.
Desde las instituciones agrarias, ambientales y forestales se deberá promover el reconocimiento de los derechos colectivos de las Comunidades con Autogobierno Indígena para reformar las leyes y reglamentos, ya que se pueden vincular políticas públicas desde el nivel comunal con la posibilidad de hacer aportaciones económicas o en especie como en los mecanismos locales de pago de servicio ambientales que ha impulsado la CONAFOR; articular las juntas intercomunales para la gestión y manejo integral de las cuencas hidrológicas, recibir compensación ambiental directa de las empresas aguacateras, frutillas, papa, brócoli, etcétera; entre otras acciones que garanticen la inclusión efectiva de las comunidades como sujetos de derecho público con personalidad jurídica plena y amplia capacidad legal para decidir sobre las formas de aprovechamiento y conservación de sus recursos naturales, forestales y tierras comunales.
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