Carlos A. Rodr\u00edguez Wallenius \/ Doctor en Ciencias Sociales y Maestro en Desarrollo Rural por la UAM-Xochimilco. Profesor investigador, Departamento de Producci\u00f3n Econ\u00f3mica, Universidad Aut\u00f3noma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Docente del posgrado en Desarrollo Rural, de la Maestr\u00eda en Sociedades Sustentables y de la Licenciatura en Econom\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
En este trabajo se analizan las caracter\u00edsticas de las resistencias socioambientales en t\u00e9rminos de los proyectos auton\u00f3micos que plantean algunas organizaciones sociales frente a las obras de infraestructura impulsadas en el sureste de M\u00e9xico por el gobierno de la Cuarta Transformaci\u00f3n (4T). Con el m\u00e9todo cualitativo narrativo aplicado a procesos sociales, se estudian dos megaproyectos: Corredor Interoce\u00e1nico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya. Los hallazgos se\u00f1alan la elaboraci\u00f3n de un proyecto auton\u00f3mico desde las organizaciones ind\u00edgenas en dos temas centrales: a) relaci\u00f3n de las comunidades con gobiernos y empresas, y b) ejercicio de la autonom\u00eda y la toma de decisiones colectivas sobre sus tierras y territorios.<\/p>\n\n\n\n
ntroducci\u00f3n
La regi\u00f3n sureste de M\u00e9xico es una regi\u00f3n de marcados contrastes, como lo se\u00f1alan varias investigaciones (D\u00e1vila et al., 2002; Moguel, 2013; Villafuerte, 2017); por un lado, concentra abundantes bienes naturales, biodiversidad y producci\u00f3n agropecuaria y, por otra parte, tiene los mayores \u00edndices de pobreza y desigualdad del pa\u00eds, sobre todo en la poblaciones campesinas e ind\u00edgenas.
Desde mediados del siglo XX, los contrastes entre abundancia y marginaci\u00f3n socioecon\u00f3mica en el sureste han sido abordadas principalmente por dos tipos de pol\u00edticas gubernamentales: el desarrollo estabilizador y las neoliberales, las cuales tienen matices diferentes sobre el papel que juegan el Estado y el mercado en el desarrollo regional. A pesar de esas diferencias, ambas pol\u00edticas coinciden en la construcci\u00f3n de grandes obras de infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos, hidroel\u00e9ctricas, termoel\u00e9ctricas, sistemas de riego) con el fin de modernizar e impulsar el crecimiento econ\u00f3mico de la regi\u00f3n, aunque el objetivo principal de los proyectos fue fomentar el comercio, extraer los bienes naturales e integrar a las poblaciones al mercado y a la din\u00e1mica productiva nacional (Moguel, 2013).
Con el arribo del gobierno de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador (AMLO) y su propuesta de la Cuarta Transformaci\u00f3n (4T) en diciembre del 2018, se impulsaron nuevas obras de infraestructura dentro de una pol\u00edtica gubernamental neodesarrollista (Vergara y Kay, 2018), la cual se propone fortalecer el mercado interno, impulsar la econom\u00eda y modernizar la infraestructura con un papel activo de Estado, y aprovechar las materias primas, marcos normativos, salarios, posici\u00f3n geogr\u00e1fica para fomentar la extracci\u00f3n, producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n para el mercado nacional e internacional (F\u00e9liz, 2011). Con estas pol\u00edticas y acciones, la 4T pretende salir de la par\u00e1lisis gubernamental sobre la realizaci\u00f3n de obras debido a la corrupci\u00f3n durante el periodo neoliberal, al tiempo que se abren nuevos empleos, se impulsa el crecimiento econ\u00f3mico y se promueve el desarrollo (Plan Nacional de Desarrollo, 2019). Estas pol\u00edticas fueron readecuadas con la agudizaci\u00f3n de las crisis m\u00faltiples asociadas a los efectos de la pandemia del Covid 19 desde marzo del 2020, que se expres\u00f3 con problem\u00e1ticas de salud p\u00fablica, desaceleraci\u00f3n de las actividades econ\u00f3micas, aumento de las desigualdades sociales y la polarizaci\u00f3n pol\u00edtica (Guill\u00e9n, 2021).
En este escenario complejo, el gobierno de la 4T fortaleci\u00f3 su apuesta por megaproyectos de infraestructura en el sureste del pa\u00eds, acelerando la construcci\u00f3n del Tren Maya (que atraviesa los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucat\u00e1n y Quintana Roo); el Corredor Interoce\u00e1nico del Istmo de Tehuantepec (CIIT); la refiner\u00eda Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco; el aeropuerto Internacional de Tulum, entre otras obras, como una estrategia para impulsar cambios estructurales en la din\u00e1mica econ\u00f3mica, laboral y social del sureste; una estrategia llamada Cortinas de Desarrollo (L\u00f3pez Obrador, 2020).
Al mismo tiempo que se anunciaron los megaproyectos de infraestructura (a finales del 2018), comenzaron a expresarse inconformidades por parte de algunas de las comunidades y organizaciones sociales cercanas a las zonas donde se realizar\u00edan las obras, debido a las posibles afectaciones territoriales y ambientales que tendr\u00edan, por lo que plantearon la realizaci\u00f3n de consultas comunitarias previas, libres, informadas y de buena fe (Chaca, 2018).
El gobierno federal realiz\u00f3 consultas comunitarias y ciudadanas para la construcci\u00f3n del Tren Maya y el CIIT durante el 2019, sin embargo, algunas organizaciones campesinas e ind\u00edgenas, sobre todo las que hab\u00edan luchado a\u00f1os antes en contra de proyectos econ\u00f3micos y extractivistas, cuestionaron el procedimiento utilizado para realizar las consultas por parte de las instituciones de gobierno, denunciando los intentos por legitimar la aprobaci\u00f3n de los megaproyectos, en lugar de que las comunidades definieran sus propias propuestas de obras a partir de las necesidades locales y regionales.
As\u00ed, los cuestionamientos e inconformidades de las organizaciones campesina e ind\u00edgenas ante los megaproyectos de la 4T retoman formas de resistencia y lucha en defensa del territorio que se han llevado a cabo durante casi veinte a\u00f1os en todos los estados del sureste; resistencias que enfrentaron distintos proyectos econ\u00f3micos y de infraestructura durante la \u00faltima etapa del periodo neoliberal (2000-2018), en la que varias organizaciones y comunidades campesinas e ind\u00edgenas se opusieron a la instalaci\u00f3n de megaproyectos de infraestructura (autopistas, parques e\u00f3licos, presas), miner\u00eda extractiva (en Chiapas y Oaxaca), desarrollos tur\u00edsticos (en el caribe mexicano), extracci\u00f3n de hidrocarburos (Tabasco y Veracruz), acaparamiento y privatizaci\u00f3n del agua (Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca), entre otros (Rodr\u00edguez, 2020).
Las luchas en dicho periodo mostraron que, en primera instancia, las resistencias comunitarias defend\u00edan sus territorios frente a formas de despojo concretas para poder mantener sus formas de vida campesina e ind\u00edgenas. Con el aumento de conflictos y su ampliaci\u00f3n en distintas zonas, poco a poco se fueron articulando un conjunto de luchas dispersas que ten\u00edan como horizonte la defensa de los modos de vida comunitario, un proyecto societal com\u00fan que difiere de las formas excluyentes que el sistema capitalista les ha querido imponer (Navarro, 2015; Toledo, 2015). Entre los elementos comunes que retomaron las organizaciones y pueblos fueron la exigencia del respeto a sus tierras y territorios, el fortalecimiento de sus mecanismos de decisi\u00f3n comunitaria y el reconocimiento a sus formas de autonom\u00eda pol\u00edtica (L\u00f3pez B\u00e1rcenas, 2017).
En los actuales tiempos neodesarrollistas, la novedad que enfrentan los procesos de resistencia socioambiental es que el gobierno federal se convirti\u00f3 en el principal interlocutor de los conflictos, pues las obras principales no fueron concesionadas a las empresas privadas (como era la pr\u00e1ctica neoliberal), sino que ahora son las instituciones gubernamentales quienes definen, financian, construyen y administran los megaproyectos dentro de una estrategia de impulsar el crecimiento econ\u00f3mico, generar empleos y promover el bienestar social (Plan Nacional de Desarrollo, 2019).
En este contexto, la administraci\u00f3n federal ha utilizado distintos instrumentos de pol\u00edtica gubernamental para apuntalar sus Cortinas de Desarrollo, como es la realizaci\u00f3n de obras sociales en localidades, acciones de mejoramiento urbano y de vivienda, fortalecer programas de bienestar (Sembrando Vida, Producci\u00f3n para el Bienestar), creaci\u00f3n de \u00e1reas naturales protegidas y parques nacionales. Tambi\u00e9n es importante se\u00f1alar la participaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (en el caso del Tren Maya) o la Secretar\u00eda de Marina (en el caso del CIIT) para la construcci\u00f3n y la administraci\u00f3n de las obras. Son expresiones de una pol\u00edtica neodesarrollista que muestra sus diferencias con las modalidades neoliberales centradas en la privatizaci\u00f3n y concesiones, que beneficiaron principalmente a las empresas constructoras (Rodr\u00edguez, 2021).
Para hacer frente a las nuevas perspectivas econ\u00f3micas, pol\u00edticas gubernamentales y relaciones de poder en tiempos neodesarrollistas, las organizaciones sociales que resisten a los megaproyectos han estado utilizando un repertorio amplio, tanto de acciones colectivas (movilizaciones, denuncias y difusi\u00f3n en redes sociales, campa\u00f1as y articulaciones regionales, amparos judiciales), como de acciones de fortalecimiento comunitario (asambleas, espacios de participaci\u00f3n y decisi\u00f3n colectiva, formas de autonom\u00eda pol\u00edtica) que se actualizaron y adecuaron a los periodos de encierros forzados por la pandemia del Covid 19 y de la construcci\u00f3n de las obras de infraestructura.
Desde estas formas de acciones colectivas y de fortalecimiento comunitario es que nos planteamos como objetivo de este art\u00edculo el analizar las caracter\u00edsticas de las resistencias socioambientales en t\u00e9rminos de los proyectos auton\u00f3micos que plantean organizaciones sociales frente a las obras de infraestructura impulsadas en el sureste de M\u00e9xico por el gobierno de la Cuarta Transformaci\u00f3n.
El sureste, para efectos de este trabajo, abarca los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucat\u00e1n. Abordamos el an\u00e1lisis regional como el espacio de influencia de las pol\u00edticas p\u00fablicas y los intereses empresariales por apropiarse de los bienes naturales y recursos estrat\u00e9gicos para el funcionamiento del sistema econ\u00f3mico. Tambi\u00e9n la regi\u00f3n nos describe las concreciones territoriales de organizaciones y comunidades que luchan en contra de las formas de despojo y exclusi\u00f3n del modelo econ\u00f3mico y pol\u00edtico (Rodr\u00edguez, 2021).<\/p>\n\n\n\n
Referentes conceptuales y metodol\u00f3gicos
Los an\u00e1lisis sobre los procesos de defensa del territorio que enfrentan a megaproyectos han sido abordados desde distintas categor\u00edas vinculadas a la acci\u00f3n colectiva y a las afectaciones socioambientales, conceptos como conflictos socioambientales (Paz, 2012; Pacheco, 2021), resistencias socioambientales (Basti\u00e1n, 2019), luchas socioambientales (Rodr\u00edguez, 2020), movimientos socioambientales (Tetreault, 2019), que son categor\u00edas que cubren un amplio espectro de procesos sociales que abarcan formas de acci\u00f3n de los actores sociales que confrontan diferentes valoraciones sobre los v\u00ednculos entre sociedad, econom\u00eda, territorio y ambiente, as\u00ed como los riesgos y beneficios por el acceso y control de bienes naturales.
Las acciones son acentuadas cuando grupos de poder econ\u00f3mico y pol\u00edtico se llevan los beneficios, mientras los habitantes de los territorios asumen los costos socioambientales provocados por las formas de expoliaci\u00f3n de bienes naturales, lo que genera un campo de confrontaci\u00f3n entre actores en el \u00e1mbito p\u00fablico (Paz, 2012).
Para el estado de confrontaci\u00f3n y tensi\u00f3n social que generan los proyectos del gobierno de la 4T, vamos a trabajar con la categor\u00eda de resistencias socioambientales, entendidas como acciones sociales que confrontan las actividades econ\u00f3micas, extractivistas y de construcci\u00f3n de infraestructura, que afectan a los territorios, los modos de vida y formas de sustento de grupos sociales, as\u00ed como la relaci\u00f3n con su entorno natural, y que llevan a las personas a organizarse y emprender acciones de defensa de sus lugares desde sus perspectivas hist\u00f3rico-culturales, productivas y ecol\u00f3gicas (Tetreault, 2019).
Las resistencias socioambientales que se muestran en el Istmo de Tehuantepec por la construcci\u00f3n del CIIT y en la pen\u00ednsula de Yucat\u00e1n frente al Tren Maya, son expresiones p\u00fablicas y acciones colectivas que denotan formas de vinculaci\u00f3n y organizaci\u00f3n flexible en torno a identidades e intereses comunes, y que tratan de defender sus territorios respecto a las amenazas que implican la realizaci\u00f3n y operaci\u00f3n de esas grandes obras de infraestructura.
Hay un segundo proceso que corre paralelo a las expresiones de resistencia socioambiental y que muestra las expectativas que tienen quienes participan de las acciones colectivas que, en un principio, defienden sus espacios y formas de vida contra las afectaciones territoriales y ambientales que significan los megaproyectos, pero que desde esas resistencias, se plantean objetivos a largo plazo que tratan de impulsar un proyecto de sociedad que muestra elementos comunes de las demandas, propuestas y pr\u00e1cticas de las organizaciones y comunidades, y que evidencias formas de re-existencia mediante sus luchas sociales, la reinvenci\u00f3n de sus identidades colectivas y sus modos de vida ind\u00edgenas y campesinos, desde una construcci\u00f3n colectiva y compartida (Escobar, 2014).
En este sentido, las diversas resistencias socioambientales tienen como horizonte el fortalecer los modos de vida ind\u00edgena y campesino, los cuales permiten vincular a distintos actores rurales con identidades y perspectivas de vida similares que, adem\u00e1s, tienen formas de organizaci\u00f3n, producci\u00f3n y consumo relacionados con la producci\u00f3n agropecuaria y artesanal, basadas en redes familiares que buscan, mediante actividades multifuncionales, una econom\u00eda diversificada y orientada a lograr el bienestar com\u00fan, lo que implica una relaci\u00f3n esencial con la tierra y con el entorno natural, donde la comunidad y los pueblos son puntos de referencia fundamentales, en especial, por la conformaci\u00f3n de espacios de decisi\u00f3n colectiva, procesos de autodeterminaci\u00f3n y de autonom\u00eda pol\u00edtica (Bartra, 2016).
En esta perspectiva es que se subraya la autonom\u00eda pol\u00edtica para defender los territorios e impulsar el horizonte societal campesino e ind\u00edgena, sobre todo porque en las experiencias de resistencia socioambiental aparecen las exigencias y propuestas centradas en el reconocimiento a la autodeterminaci\u00f3n comunitaria y el respeto a las pr\u00e1cticas y protocolos auton\u00f3micos (L\u00f3pez B\u00e1rcenas, 2017; Cruz, 2022).
Estas exigencias retoman ideas y discusiones enarboladas por el movimiento ind\u00edgena de la d\u00e9cada de 1990, a partir del rechazo contra los actos conmemorativos de los 500 a\u00f1os de la invasi\u00f3n europea y, sobre todo, por el levantamiento zapatista de 1994. Estos procesos sociales generaron varios debates acad\u00e9micos sobre las perspectivas de los proyectos auton\u00f3micos, de los cuales retomamos la idea de la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y la soberan\u00eda sobre su territorio como \u00e1mbito en donde se realiza la toma de decisiones, la ejecuci\u00f3n de acciones, la administraci\u00f3n de sus recursos financieros y el cuidado de sus bienes naturales, lo que se constituye como un elemento central para las posibilidades de fortalecimiento de sus modos de vida (Burguete, 2018).
Las propuestas auton\u00f3micas que se impulsan en los espacios de participaci\u00f3n directa, donde se privilegia la toma de decisiones colectivas de las comunidades, son respaldadas por autoridades propias y que permiten la existencia de formas de organizaci\u00f3n social que tienen capacidad de incidir en un territorio determinado (L\u00f3pez B\u00e1rcenas, 2017).
Ahora, en el contexto de las resistencias frente a las grandes obras neodesarrollistas, los proyectos auton\u00f3micos se han actualizado y han tomado nuevos protagonismos al replantearse las relaciones de poder con los gobiernos (no s\u00f3lo con el federal, sino en los \u00e1mbitos estatal y municipal), donde se resalta la capacidad de tomar decisiones colectivas sobre los proyectos que afectan sus territorios (Cruz, 2022).
Para ubicar los proyectos auton\u00f3micos que se construyen desde las resistencias socioambientales, resulta importante analizar sus formas de organizaci\u00f3n y articulaci\u00f3n, as\u00ed como las redes locales y regionales que han construido, que expresan espacios de confluencia y reflexi\u00f3n de sus luchas. Desde estos espacios se han generado diversos foros, reuniones y encuentros, donde se han elaborado documentos y pronunciamientos que permiten identificar algunos de los elementos comunes de los proyectos auton\u00f3micos en construcci\u00f3n.
Las fuentes de informaci\u00f3n se basaron en materiales hemerogr\u00e1ficos, sobre todo en peri\u00f3dicos nacionales y portales informativos, documentos de instituciones gubernamentales como Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), as\u00ed como documentos y pronunciamientos de organizaciones y articulaciones sociales como la Asamblea de Pueblos Ind\u00edgenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), la Uni\u00f3n de Comunidades Ind\u00edgenas de la Zona del Norte del Istmo (Ucizoni), el Consejo Regional Ind\u00edgena Popular de Xpujil (Cripx), la Asamblea de Defensores del Territorio M\u00fauch\u2019 X\u00edinbal. La informaci\u00f3n se complement\u00f3 con la participaci\u00f3n en foros y seminarios.
Para analizar esta informaci\u00f3n se trabaj\u00f3 con el m\u00e9todo narrativo aplicado a procesos sociales (Blanco, 2011), con el que se contrastaron los documentos y los debates p\u00fablicos respecto a la construcci\u00f3n de las obras del CIIT y Tren Maya, frente a las exigencias de organizaciones sociales que encabezan las resistencias, en t\u00e9rminos de los proyectos auton\u00f3micos que subyacen en dichas confrontaciones.
As\u00ed, el an\u00e1lisis metodol\u00f3gico hizo \u00e9nfasis en ubicar las exigencias de autodeterminaci\u00f3n y la construcci\u00f3n de autonom\u00eda que expresan y defienden las organizaciones sociales que luchan contra la imposici\u00f3n y construcci\u00f3n de megaproyectos. Desde este an\u00e1lisis y retomando los trabajos de Burguete (2018), Cruz (2022) y Rodr\u00edguez (2020), se delimitaron dos ejes de articulaci\u00f3n de los proyectos auton\u00f3micos:
a) Relaci\u00f3n de las comunidades con gobiernos y empresas.
b) Ejercicio de la autonom\u00eda y la toma de decisiones colectivas sobre sus tierras y territorios.<\/p>\n\n\n\n
Resultados y discusi\u00f3n
El Corredor Interoce\u00e1nico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya, son las obras de infraestructura m\u00e1s ambiciosas de la 4T, que se inscriben en una perspectiva de reordenamiento econ\u00f3mico y territorial que articular\u00e1 una serie de proyectos en el sureste del pa\u00eds, como la Refiner\u00eda Olmeca y su ramal de ferrocarril que lo conectar\u00e1 al tren de Coatzacoalcos, la modernizaci\u00f3n de las v\u00edas del tren de Salina Cruz a Tapachula, Chiapas, y la v\u00eda de Coatzacoalcos a Palenque, el Aeropuerto Internacional de Tulum, el nuevo muelle en Cozumel para cruceros, entre otros.
Son obras y proyectos de infraestructura que est\u00e1n destinados a fortalecer los modelos de despojo basados en el turismo de enclave del Caribe Mexicano, los intereses inmobiliarios por el crecimiento urbano en las ciudades medias, las actividades de maquila industrial, la producci\u00f3n agroindustrial y agropecuaria, el extractivismo de hidrocarburos y la industria petroqu\u00edmica (Rodr\u00edguez, 2021).
Las transformaciones territoriales de los megaproyectos ser\u00e1n relevantes. En el caso del CIIT refieren a un conjunto de acciones y obras para consolidar una plataforma log\u00edstica multimodal, que incluye la modernizaci\u00f3n de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos con terminales de usos m\u00faltiples (bodegas, contenedores y transporte de carga); rehabilitaci\u00f3n del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la ampliaci\u00f3n de la autopista trans\u00edstmica, la puesta en marcha de diez polos de desarrollo para el bienestar (Podebis) y la construcci\u00f3n de un gasoducto, entre otros proyectos que estar\u00e1n en funcionamiento en el 2023. El conjunto de obras y remodelaciones afecta a 79 municipios (46 en Oaxaca y en 33 de Veracruz), donde habitan casi 2.5 millones de personas, concentradas en ciudades como Coatzacoalcos, Minatitl\u00e1n, Juchit\u00e1n, Tehuantepec y Salina Cruz. Adem\u00e1s, hay una diversidad de pueblos ind\u00edgenas: zapotecos, mixes, Ikoots, chinantecos, mazatecos, chontales, zoques y popolucas (Geocomunes, 2020).
En el caso del Tren Maya es una obra que atravesar\u00e1 los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucat\u00e1n. La entidad encargada de construirlo es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y se calcula que la obra costar\u00e1 150 mil millones de pesos, termin\u00e1ndose en diciembre del 2023. Tendr\u00e1 1,552 kil\u00f3metros de v\u00edas f\u00e9rreas, de los cuales 660 kil\u00f3metros corresponden a la antigua v\u00eda, que ser\u00e1 modernizada y 842 kil\u00f3metros al nuevo trazado, que incluye la instalaci\u00f3n de 19 estaciones nuevas con sus polos de desarrollo (Fonatur, 2021).
La construcci\u00f3n de ambos proyectos desde el 2019 ha provocado una serie de resistencias socioambientales por algunas organizaciones sociales, comunitarias y ambientalistas en la regi\u00f3n, las cuales tienen una amplia experiencia en la defensa de sus territorios. En el caso de agrupaciones sociales como la red El Istmo es Nuestro, la APIIDTT, el Colectivo Oaxaque\u00f1o en Defensa de los Territorios y Ucizoni, han cuestionado en las afectaciones que tendr\u00e1 el CIIT al potenciar las actividades econ\u00f3micas y la instalaci\u00f3n de industrias en los diez Podebis y la ampliaci\u00f3n de los puertos para aprovechar las facilidades en el traslado de mercanc\u00edas, hidrocarburos y petroqu\u00edmicos, lo que en conjunto provocar\u00e1n procesos de apropiaci\u00f3n de tierras de los pueblos del Istmo (Geocomunes, 2020).
Una situaci\u00f3n que tens\u00f3 la relaci\u00f3n con estas organizaciones y articulaciones fueron los procesos de consulta que impuls\u00f3 la administraci\u00f3n de AMLO a los pueblos y comunidades ind\u00edgenas para aprobar el CIIT mediante 21 asambleas regionales en Oaxaca y el sur de Veracruz, con cerca de 5,000 participantes entre marzo y octubre del 2019. El resultado oficial de la consulta fue que el megaproyecto fue aprobado por consenso por dichas asambleas. Sin embargo, el proceso fue cuestionado por esas organizaciones sociales debido a los apresurados tiempos para la organizaci\u00f3n, no se proporcion\u00f3 informaci\u00f3n suficiente, no existieron mecanismos para asegurar la equidad de g\u00e9nero y no se elaboraron materiales en lenguas ind\u00edgenas (Candelas, 2019).
En diciembre del 2019 el gobierno federal tambi\u00e9n organiz\u00f3 una consulta en la Pen\u00ednsula de Yucat\u00e1n para conocer la opini\u00f3n sobre la realizaci\u00f3n del Tren Maya, tanto a las comunidades y ejidos ind\u00edgenas como a la poblaci\u00f3n de los municipios afectados. Los resultados de las 15 asambleas regionales en las que participaron 5,436 representantes, fue que aprobaron por consenso el megaproyecto, mientras en el sistema de consulta abierta por votaci\u00f3n, el 92.3% de los consultados aprob\u00f3 la realizaci\u00f3n del Tren Maya (Fonatur, 2021).
Organizaciones sociales, civiles y ambientales en la pen\u00ednsula de Yucat\u00e1n y en Chiapas como el Consejo Regional Ind\u00edgena Popular de Xpujil, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, la Asamblea de Defensores del Territorio M\u00fauch\u2019 X\u00edinbal, la organizaci\u00f3n Ka\u2019 Kuxtal Much Meyaj y la Coordinadora de Organizaciones Sociales Ind\u00edgenas Xi\u00b4Nich, tambi\u00e9n criticaron las formas y mecanismos utilizados en la consulta sobre el Tren Maya organizada por el gobierno en diciembre del 2019, pues se les dio informaci\u00f3n sesgada e incompleta, adem\u00e1s de tiempos muy apresurados (Varillas, 2019). Por su parte, un grupo de acad\u00e9micos y organizaciones ambientalistas vinculados a las luchas socioterritoriales, han insistido en que el Tren Maya tendr\u00e1 varios efectos ecol\u00f3gicos, ya que en su construcci\u00f3n se modificar\u00e1n suelos y el h\u00e1bitat, sobre todo en los 600 kil\u00f3metros que tiene la ruta que va desde Canc\u00fan-Bacalar, hasta Esc\u00e1rcega. Tambi\u00e9n hay riesgos por las afectaciones a las aves y animales por interrumpir su circulaci\u00f3n natural dentro de los ecosistemas al ser cortados por las v\u00edas de tren de alta velocidad. Pero la mayor preocupaci\u00f3n son las afectaciones que sufrir\u00e1 la Reserva de la Biosfera de Calakmul, por la cual atravesar\u00e1 la v\u00eda del ferrocarril y tendr\u00e1, adem\u00e1s, una estaci\u00f3n principal para que los turistas visiten la zona arqueol\u00f3gica de Calakmul que est\u00e1 en el centro de la reserva y en la que se calcula el arribo de dos millones de personas al a\u00f1o (Gasparello et al., 2019).
As\u00ed, se puede delimitar una primera fase de resistencias socioambientales que inicia con el anuncio de los proyectos de obras para el sureste y que se cierra con la imposici\u00f3n de los mecanismos de consulta y la aprobaci\u00f3n de las obras de infraestructura. Una fase en la que organizaciones sociales ya ten\u00edan antecedentes en la defensa de sus territorios en contra la instalaci\u00f3n de proyectos e\u00f3licos, contra transg\u00e9nicos, desarrollos tur\u00edsticos, etc\u00e9tera, lo que les permiti\u00f3 construir una serie de argumentaciones y posicionamientos cr\u00edticos respecto a las pol\u00edticas de desarrollo del gobierno, sus v\u00ednculos con las empresas constructoras y actividades econ\u00f3micas beneficiarias de las obras, as\u00ed como las perversiones en las formas de consulta a las comunidades, haciendo a un lado las capacidades de decisi\u00f3n colectiva y autonom\u00eda que hist\u00f3ricamente han generado los pueblos ind\u00edgenas y campesinos.
Despu\u00e9s de las distintas consultas, las organizaciones sociales de Chiapas, Campeche y Yucat\u00e1n, apoyados por algunas organizaciones civiles y de derechos humanos, interpusieron entre el 2020 y el 2022 una serie de amparos en contra de la construcci\u00f3n del Tren Maya por sus afectaciones ambientales y fallos en el procedimiento de la consulta. Varios de los amparos resultaron en suspensiones provisionales y seis de ellos terminaron en suspensiones definitivas (La-Lista, 2022), deteniendo temporalmente las actividades de construcci\u00f3n del ferrocarril en parte, de los tramos 1, 2 y 3 hasta que fueron resueltas las causas de los amparos. Asimismo, en el Istmo, organizaciones defensoras del territorio de la regi\u00f3n mixe vinculadas a Ucizoni, interpusieron recursos legales en contra de la construcci\u00f3n y modernizaci\u00f3n de las l\u00edneas f\u00e9rreas que est\u00e1n cerca de sus terrenos, aunque estos recursos no prosperaron (Manzo, 2020).
Un proceso importante para fortalecer la visibilizaci\u00f3n de las resistencias y superar las restricciones de movilidad provocadas por la pandemia del Covid-19, fueron la realizaci\u00f3n de foros, encuentros y reuniones, desde donde se plantearon una serie de exigencias, propuestas y alternativas a los megaproyectos con documentos, desplegados y pronunciamientos. Con estos referentes se ubicaron distintos elementos que aportan a los ejes en los que se agrupan los proyectos auton\u00f3micos:<\/p>\n\n\n\n
a) Relaci\u00f3n de las comunidades con gobiernos y empresas
Los cuestionamientos de las organizaciones sociales en las formas y m\u00e9todos en c\u00f3mo el gobierno federal ha realizado las consultas p\u00fablicas para la aprobaci\u00f3n de las obras de infraestructura y los Podebis, muestran desacuerdos, agravios y afrentas, no s\u00f3lo por los mecanismos utilizados, sino por los objetivos con los que se realizaron, pues se consideran como consultas simuladas y ama\u00f1adas, que ten\u00edan el fin de legitimar la imposici\u00f3n de dichas obras (Xinich, 2020).
En este sentido, hay un reclamo por convertir el derecho de los pueblos a la consulta, que est\u00e1 consagrado en normativas internacionales y leyes nacionales, en un mero instrumento para el despojo de los territorios y que facilitan los permisos para construir los megaproyectos (El Istmo es Nuestro, 2022).
En el proceso por avalar los Polos de Desarrollo para el Bienestar del Istmo de Tehuantepec, en mayo del 2021, tambi\u00e9n se volvi\u00f3 a cuestionar el papel de las instituciones p\u00fablicas en las consultas comunitarias, en la medida en que funcionarios del gobierno federal impulsaron la aprobaci\u00f3n de terrenos en la comunidad agraria de Puente de Madera, pues denuncian a \u201cla Procuradur\u00eda Agraria de Tehuantepec por ejercer presi\u00f3n a las comunidades y n\u00facleos agrarios de la regi\u00f3n para la negociaci\u00f3n y entrega de nuestros territorios al corredor interoce\u00e1nico, pues la autoridades se encuentran coludidas con intereses de diversos grupos pol\u00edticos y empresariales\u201d (El Istmo es Nuestro, 2022).
En el caso de las consultas realizadas en el estado de Yucat\u00e1n para aprobar los trabajos del Tren Maya, la Asamblea de Defensores del Territorio M\u00fauch X\u00edimbal describe este mismo proceso:
Se parte de un esquema tutelar en donde el gobierno federal sin consultar ni dialogar con los pueblos impone esquemas y modalidades de comercio con el aval de instituciones internacionales que legitiman este actuar. Reiteramos que la ra\u00edz de todo este problema est\u00e1 en que el proyecto del mal llamado tren maya, con todas sus l\u00edneas de acci\u00f3n, nunca fue consultado ni dialogado con las comunidades afectadas, quienes carecen de la informaci\u00f3n completa y oportuna para tomar decisiones en torno a este proyecto (Asamblea M\u00fauch X\u00edimbal, 2021: 2).
En este sentido, el CRIPX en el sur de Campeche se suma a la condena: \u201cRechazamos y repudiamos todo intento o simulaci\u00f3n de consulta ind\u00edgena a nuestros pueblos, meramente como requisitos para la obtenci\u00f3n de nuestro consentimiento para la instalaci\u00f3n del tren maya que se pretende\u201d (CRIPX, 2019).
Por ello, se exige que las consultas sean realizadas \u201ccon tiempo y brindando mayor informaci\u00f3n a la comunidad, dentro del marco legal del derecho a una asamblea previa, libre e informada [\u2026], que se respete el derecho a la libre autodeterminaci\u00f3n y que no intervenga el gobierno\u201d (APIDTT, 2021a: 1). Adem\u00e1s, se demanda al gobierno de la 4T que no privilegie los intereses de las empresas privadas y que permita que los pueblos tomen sus propias decisiones.
Con estas formas de imponer obras con consultas simuladas, los gobiernos \u201cest\u00e1n terminando con nuestras garant\u00edas como ciudadanos y, como pueblo ind\u00edgena, nos han violentado\u201d (Castro y Reyes, 2019), por lo que las consultas \u201cdeben ser al interno de nuestras comunidades, para luego comunicar a empresarios y gobiernos nuestra decisi\u00f3n, misma que est\u00e1n obligados a respetar\u201d (APIDTT, 2021b: 2).
Desde esta perspectiva es que se propone que las pol\u00edticas p\u00fablicas, programas de gobierno y las obras de infraestructura se elaboren en beneficio de las comunidades campesinas e ind\u00edgenas, y que se discutan y aprueben bajo los mecanismos propios de decisi\u00f3n y participaci\u00f3n de los pueblos.<\/p>\n\n\n\n
b) Ejercicio de la autonom\u00eda y la toma de decisiones colectivas en tierras y territorios
Las luchas en defensa del territorio tienen como horizonte la construcci\u00f3n de formas de la autonom\u00eda y la libre determinaci\u00f3n desde los pueblos, comunidades y ejidos (Campa\u00f1a U Je\u2019ets\u2019el le Ki\u2019ki\u2019kuxtal, 2021), no s\u00f3lo en la capacidad de decidir si quieren o no alg\u00fan megaproyecto, sino que \u201clos pueblos tienen que ser aut\u00f3nomos, pero en todos los aspectos\u201d (Castro y Reyes, 2019: 42).
El resurgimiento del tema de la autodeterminaci\u00f3n y de la autonom\u00eda pol\u00edtica en los conflictos contra megaproyectos se expresa en Yucat\u00e1n, donde organizaciones como la Asamblea M\u00fauch\u2019 X\u00edinbal propone una autonom\u00eda como un espacio para tomar decisiones entre todos (ejidatarios, j\u00f3venes, mujeres, adultos, ancianos), para defender las formas de vida como pueblo maya, practicando la agricultura y la producci\u00f3n de sus propios alimentos, cuidar de la tierra, el territorio y los montes, rescatar la importancia de la cultura y la lengua maya (Poot, 2022).
En el Istmo de Tehuantepec, las organizaciones como El Istmo es Nuestro y la APIDTT, afirman que la \u201cautonom\u00eda y libre determinaci\u00f3n se ejercen y emanan de nuestras propias asambleas, formas de organizaci\u00f3n y expresi\u00f3n de nuestra voluntad como pueblos y organizaciones\u201d (APIDTT, 2021b: 1).
Se lucha por una autonom\u00eda en la que los pueblos puedan defender sus derechos colectivos, econ\u00f3micos, sociales y culturales de los pueblos, con autoridades que protejan al territorio y a los bienes de los pueblos (APIDTT, 2021b).
A partir de estos dos ejes, resaltamos algunas de las caracter\u00edsticas del proyecto auton\u00f3mico que se est\u00e1 mostrando en los espacios de las resistencias socioambientales que cuestionan las obras de infraestructura en el sureste.
Para ello recordamos que las organizaciones ind\u00edgenas y campesinas que est\u00e1n encabezando las resistencias son, en su mayor\u00eda, espacios en los que participan representantes de comunidades ind\u00edgenas, activistas y liderazgos locales, que tienen trayectorias del trabajo con los ejidos y pueblos desde hace mucho tiempo en temas de defensa de la tierra, derechos humanos, soberan\u00eda alimentaria, producci\u00f3n sustentable y autonom\u00eda ind\u00edgena.
Tienen adem\u00e1s, una tradici\u00f3n en la lucha por la defensa de sus territorios frente a otros proyectos econ\u00f3micos y de infraestructura que se han desarrollado en sus regiones desde hace casi veinte a\u00f1os. Por ejemplo, la APIDTT ha enfrentado a las empresas e\u00f3licas en el Istmo; el Cripx en el sur de Campeche se ha organizado contra la siembra de soya transg\u00e9nica. La Ucizoni, por su parte, ha rechazado los reiterados intentos gubernamentales y empresariales de extender en el Istmo las plantaciones forestales comerciales. La asamblea M\u00fauch X\u00edimbal mantiene actualmente su lucha contra los parques e\u00f3licos y solares que se quieren instalar en el norte de Yucat\u00e1n (Rodr\u00edguez, 2021).
Tambi\u00e9n hay que se\u00f1alar que el rechazo a los megaproyectos no ha sido homog\u00e9neo, pues varias autoridades agrarias y representantes de comunidades, de ejidos y de pueblos apoyaron las obras del CIIT o el Tren Maya en las consultas p\u00fablicas. Pero no s\u00f3lo apoyan las obras los representantes agrarios, parte de los pobladores de esas comunidades consideran que las obras les benefician porque se generan empleos y se tendr\u00e1n m\u00e1s servicios de transporte y comunicaci\u00f3n.
No obstante lo anterior, se resalta la importancia que tienen las resistencias socioambientales como expresi\u00f3n de los agravios, injusticias y reclamos que abanderan grupos y colectivos de los pueblos y comunidades, pues dan muestra de las posibilidades de alternativas sociales y re-existencias ante la construcci\u00f3n de las obras en sus territorios y por las afectaciones que provoca el modelo econ\u00f3mico en los modos de vida comunitaria (Toledo y Ortiz- Espejel, 2016).
De esta manera, el proyecto auton\u00f3mico que emerge de las resistencias socioambientales se presenta como una forma de enfrentar esos agravios y afectaciones gubernamentales (L\u00f3pez B\u00e1rcenas, 2017). La autonom\u00eda se muestra como un horizonte organizativo que se nutre de las pr\u00e1cticas y
propuestas que hacen \u00e9nfasis en la exigencia de libre autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y de su capacidad de decisi\u00f3n en distintos aspectos que afectan a sus territorios y al manejo de sus bienes naturales (Burguete, 2018).
Ante las consultas p\u00fablicas de la 4T, las resistencias rescatan las formas comunitarias de participaci\u00f3n directa y toma de decisiones colectivas como las asambleas ejidales, comunales o de pueblo, en las que sus autoridades respaldan las decisiones y ejecutan las acciones pertinentes para atenderlas. Estas caracter\u00edsticas auton\u00f3micas salen a relucir en los intentos de imponer los megaproyectos, tanto en los actuales de L\u00f3pez Obrador como en las anteriores experiencias de proyectos neoliberales.
La construcci\u00f3n de propuestas auton\u00f3micas que emergen de los conflictos socioambientales, dan muestra de una confrontaci\u00f3n mayor entre las organizaciones ind\u00edgenas y el gobierno de la 4T, pues se est\u00e1n disputando proyectos y apuestas pol\u00edticas (Bachelot, 2021). Por un lado, evidencia las pol\u00edticas neodesarrollistas actuales con un protagonismo creciente del Estado en la promoci\u00f3n del desarrollo econ\u00f3mico y la creaci\u00f3n de empleos, mientras que en el proyecto desde las resistencias, tiene como una de sus caracter\u00edsticas principales la autonom\u00eda comunitaria, que atraviesa desde las relaciones el Estado y las empresas, hasta la demanda del reconocimiento de la autodeterminaci\u00f3n sobre sus territorios, sus formas de decisi\u00f3n y organizaci\u00f3n propias.
El proyecto auton\u00f3mico reivindica al modo de vida campesino con base en la tierra como medio de sustento. Tambi\u00e9n hay un \u00e9nfasis en defender el territorio, pues es un proveedor de agua, aire, productos del monte y vida. Este modo campesino incluye el trabajo comunitario, la propiedad social de la tierra y los espacios colectivos de decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Conclusiones
El gobierno neodesarrollista de la 4T lleva a cabo un conjunto articulado de grandes obras de infraestructura en el sureste, las cuales muestran claramente sus pol\u00edticas y acciones para impulsar la econom\u00eda, generar empleos y promover el bienestar a partir de un papel cada vez m\u00e1s importante del Estado.
Las obras de infraestructura, fundamentales dentro de la agenda y narrativa gubernamental, tuvieron que ser impulsadas mediante la combinaci\u00f3n de estrategias de pol\u00edticas sociales en los territorios y la realizaci\u00f3n de consultas p\u00fablicas y ciudadana, utilizando adem\u00e1s la legitimidad que ten\u00eda como un gobierno de alternancia que gener\u00f3 muchas expectativas en las poblaciones del sureste.
Las respuestas sociales ante estos megaproyectos no se hicieron esperar en una regi\u00f3n que, por sus bienes naturales y posici\u00f3n geogr\u00e1fica, ten\u00eda una larga experiencia de luchas contra la imposici\u00f3n de diversos proyectos econ\u00f3micos y de infraestructura, que acumularon agravios por los procesos de despojo y devastaci\u00f3n ambiental que causar\u00edan.
Las resistencias socioambientales contra las Cortinas de Desarrollo, sobre todo contra el CIIT y el Tren Maya, han sido encabezada por organizaciones ind\u00edgenas que aglutinan liderazgos y representantes comunitarios que han criticado las afectaciones sociales y ambientales que provocar\u00e1n la construcci\u00f3n y funcionamiento de los proyectos, as\u00ed como las modalidades e intenciones de las consultas p\u00fablicas y la operaci\u00f3n pol\u00edtica gubernamental para legitimar las obras.
Las resistencias han generado una serie de posicionamientos y propuestas entre las distintas organizaciones, las cuales convergen en temas como la defensa del territorio, el respeto a la autodeterminaci\u00f3n y el reconocimiento a la autonom\u00eda.
En efecto, el entretejido de propuestas y acciones desde las organizaciones y comunidades delimitan un proyecto auton\u00f3mico como horizonte compartido en construcci\u00f3n, pero ese proyecto auton\u00f3mico existe en t\u00e9rminos de una disputa desigual entre pol\u00edticas y estrategias entre las organizaciones y el gobierno.
La disputa expresa el impulso de las comunidades para fortalecer sus formas de decisi\u00f3n colectiva y de capacidad de autodeterminaci\u00f3n, as\u00ed como para definir los aspectos trascendentales de sus formas de vida. Por su parte, el gobierno de la 4T, con su perspectiva neodesarrollista, pretende fortalecer el crecimiento econ\u00f3mico, la creaci\u00f3n de empleos y la promoci\u00f3n del desarrollo, desde un modelo exportador, comercial, tur\u00edstico y de servicios, el cual prospera a expensas de los medios de vida y territorios de las poblaciones campesinas e ind\u00edgenas.
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Notas<\/p>\n\n\n\n
1 Esta delimitaci\u00f3n regional responde al \u00e1rea geogr\u00e1fica donde se aplican los programas y proyectos prioritarios de la actual administraci\u00f3n federal. No obstante, hay otras delimitaciones en pol\u00edticas gubernamentales y programas de desarrollo en sexenios anteriores, que definen una regi\u00f3n sur sureste que es m\u00e1s amplia y en la que se incluyen adem\u00e1s los estados de Puebla y Guerrero.
2 En una carta elaborada el 1 de abril del 2022 con el t\u00edtulo \u201cPor qu\u00e9 nos oponemos al Tren Maya\u201d fue firmada por m\u00e1s de un centenar de personas, entre investigadores, acad\u00e9micos, activistas y organizaciones sociales. Para m\u00e1s detalles ver https:\/\/geopolitica.iiec.unam.mx\/sites\/geopolitica.iiec.unam.mx\/files\/2022-04\/Por%20que%CC%81%20nos%20oponemos%20al%20Tren%20Maya.pdf
3 Nos referimos a agrupaciones como Equipo Indignaci\u00f3n, Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Kanan Derechos Humanos.
4 Estas opiniones fueron recopiladas en estancias de trabajo de campo en el sur de Quintana Roo en noviembre del 2019, en el Istmo de Oaxaca en febrero del 2020 y noviembre del 2021, as\u00ed como en Tulum en octubre del 2022.<\/p>\n\n\n\n
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