Elvia León Salazar, Alfonso León Pérez / Socióloga y maestra en Administración y Políticas Públicas con Enfoque en Gestión Política, por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG). Doctor en Estudios Sociales en la línea de Procesos Políticos. Profesor investigador, Departamento de Relaciones Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
La historia del estado de Guerrero está caracterizada por los abusos de poder en todos los niveles, casos de corrupción empresarial, el uso indebido de la fuerza del ejército y la policía, así como una inequitativa distribución de la riqueza. En este contexto lleno de limitaciones, el pueblo guerrerense se ha organizado y movilizado para contrarrestar diversas afectaciones y hacer que sus demandas sociales sean atendidas; lo anterior ha generado una Sociedad Civil más protagónica que, por medio de Organizaciones Civiles, ha configurado formas de acción en defensa de los derechos de la población del estado de Guerrero y así lograr mejores condiciones de vida.
Introducción
A finales de la década de los sesenta en México, la concentración del poder político en un solo partido con un carácter autoritario, aunada a una distribución desigual de la riqueza entre la población, se tradujo en un contexto social y económico de profunda injusticia social. Los sectores de la clase media veían que sus oportunidades y posibilidades de inserción decorosa en la sociedad eran escasas y se aglutinaron para apoyar al movimiento estudiantil, coyuntura que se gestaba en ese momento y que rompió con el paradigma tradicional de la movilización social que hasta entonces había conocido el sistema político mexicano. La profunda injusticia social, escasez de oportunidades, abusos, violaciones a los derechos humanos, impunidad y la falta de un verdadero Estado de derecho, provocó inconformidad con el gobierno, el cual no había tenido la capacidad para resolver las demandas de la sociedad, con brechas aún mayores en la región sur del país que, históricamente, ha sido la de mayor rezago económico, educativo y social.
En el marco de este contexto, en el estado de Guerrero las condiciones de pobreza que se vivían en la entidad produjeron una intensa movilización social, que inició primero con protestas pacíficas y la búsqueda de soluciones por la vía institucional. No obstante, la intolerancia, el autoritarismo gubernamental y la falta de libertades públicas, así como las violentas represiones a estos movimientos, propiciaron la creación de grupos guerrilleros armados que, en las siguientes décadas, caracterizaron de manera particular las luchas y demandas de los sectores más vulnerables de la población guerrerense.
El objetivo de este artículo consiste en analizar algunas Organizaciones Civiles (OC) que han promovido formas alternas de acción en la lucha por mejores condiciones de vida para la población de la entidad; además, es pertinente señalar que los casos que se abordarán, se eligieron en razón de ejemplificar distintas formas de movilización social que se han presentado en el estado de Guerrero, sin demeritar por ello a otros grupos u organizaciones que también contribuyen desde sus espacios en la lucha por lograr sus objetivos.
El texto se divide en cinco apartados; en el primero se presenta una aproximación a la definición de Sociedad Civil y de las OC; en el segundo se realiza un breve recorrido histórico de los movimientos sociales que han tenido lugar en el estado de Guerrero en la segunda mitad del siglo XX; en el tercer apartado se describen algunos ejemplos del trabajo realizado por OC que tienen como meta establecer mejores condiciones sociales para la población; en el cuarto apartado se enuncia el alcance que tienen las OC en lo político en el estado de Guerrero y, en el último apartado, se presenta a manera de balance general las conclusiones del artículo.
Aproximaciones a la definición de Sociedad Civil
y las Organizaciones Civiles (OC)
A partir de la segunda mitad del siglo XX, en México se acentuó el desarrollo desigual y la inequitativa distribución de la riqueza, además de un sistema político dominado por un solo partido; todo ello generó una Sociedad Civil que por medio de las OC han establecido mecanismos alternos de acción en la lucha por la defensa de los derechos de la población, sobresaliendo la entidad de Guerrero por las características en sus movimientos sociales que fueron base para una sociedad civil atenta a las necesidades imperantes de su entidad.
El término de Sociedad Civil refiere al colectivo de ciudadanos de un país organizado socialmente, sujeto a la misma autoridad, leyes, normas, conductas y gobernado por entidades que deben velar por su bienestar. Los conceptos más aceptados acerca de la Sociedad Civil la alejan de las teorías clásicas que la situaban como una antítesis del Estado. Alexis de Tocqueville (2000) define a la Sociedad Civil como el conjunto de organizaciones e instituciones cívicas voluntarias que fungen como mediadoras entre los individuos y el Estado. Jürgen Habermas (1998) señala que la Sociedad Civil está compuesta por dos elementos principales: a) el conjunto de instituciones que definen y defienden los derechos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos y b) el conjunto de movimientos sociales que continuamente plantean nuevos principios, valores y demandas sociales. Habermas argumenta que los ciudadanos se agrupan en organizaciones voluntarias, no estatales ni económicas, con el propósito de influenciar y cercar al poder político para dar solución a sus problemas (Habermas, 1998: 447).
Por otro lado, Cohen y Arato definen a la Sociedad Civil como “una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la familia), la esfera de las asociaciones (en especial de las asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y la forma de comunicación pública” (2000: 8). Con estas premisas, podemos decir que la Sociedad Civil se crea por medio de formas de autoconstitución y automovilización de las asociaciones democráticas, los movimientos ciudadanos, las organizaciones sociales y los grupos de interés que no buscan el control ni la conquista del poder, sino contribuir a la solución de problemas públicos y/o privados, representando un papel mediador sobre los procesos político-administrativos y económicos en la sociedad de la que forman parte.
Los problemas administrativos y las crisis económicas por las cuales atravesaron los Estados a nivel mundial en la segunda mitad del siglo XX, generaron críticas hacia su ineficiente gestión y, en consecuencia, los ciudadanos se sintieron en la necesidad de organizarse para defender sus intereses y obtener mejores condiciones por parte de las instituciones políticas y económicas, de tal forma que la Sociedad Civil se concibió como un catalizador de los procesos de transición, idea que O’Donell y Schmitter (1991) reforzaron con el concepto de Organizaciones de la Sociedad Civil, entendidas como la movilización de la ciudadanía organizada, con capacidad de generar las condiciones para negociar e influir en las élites políticas.
Las OC se presentan como estructuras que tienden a transformarse y/o modificarse, las cuales poseen un conjunto de reglas y recursos con los que interactúan y se modifican, son flexibles y pueden adaptarse a distintas coyunturas sociales y políticas. Las OC tienen objetivos y metas distintas, que se circunscriben a las arenas sociales (León y Calvillo, 2013: 325) y atienden problemas que el gobierno no ha tenido la capacidad o urgencia de resolver, constituyéndose como una entidad intermediaria entre la esfera privada y el sistema político, lo que les ha permitido adquirir influencia desde una base autónoma no politizada e institucional (León y Larrosa, 2017). La dinámica social, económica y política en México, sin soslayar el contexto de globalización y democratización del espacio público, ha permitido que estructuras sociales como las OC existan e incluso puedan institucionalizarse, de manera tal que se han convertido en prácticas sociales regulares (Giddens: 2003: 61) y se han posicionado como instituciones sociales y políticas con distintos objetivos y metas. Sin embargo, para poder subsistir, las OC deben relacionarse con otras formas de acción, de manera que forman coaliciones y redes de organizaciones con las que comparten intereses, recursos, información y formas específicas de actividad conjunta para demandar o conseguir ciertas metas.
Las OC pueden convertirse en grupos de presión sobre los grupos e instituciones en el poder; al respecto, Duverger afirma que “los grupos de presión tratan de influenciar a los hombres que detentan el poder, pero no buscan entregar el poder a sus hombres” (1968: 376). Las OC acompañan a los movimientos sociales que pueden o no estar en contra de quien detente el poder político o económico, pues los movimientos sociales en sí, no se limitan a ello y las OC los apoyan cuando encuentran similitudes entre las demandas de sus agendas.
De acuerdo con Revilla (2002) la organización social tiene dos niveles, el primero, basado en Weber, refiere a la estructura formal que es la asociación legal (constituida de acuerdo con normas y objetivos); el segundo tiene que ver con el orden, la comunicación y la formación entre partes. Las OC se suscriben en ambos niveles.
Las definiciones antes expuestas son aproximaciones teóricas que explican las características generales de las OC. En el caso de Guerrero, éstas se enmarcan en lo anterior y han organizado diversos frentes para defenderse de las políticas del gobierno y de proyectos empresariales. Son un entramado o red de ciudadanos organizados que han presionado a los diversos poderes; su papel en el espacio público ha valido para contrarrestar por medio de movilizaciones al aparato estatal. Es claro que sus acciones son más complejas, por ello analizamos en los siguientes apartados parte de su historia.
La movilización social en el estado de Guerrero
La movilización social en el estado de Guerrero no ha sido un proceso homogéneo. Joaquín Flores identifica que en la constitución de las organizaciones y los procesos sociales en la entidad, se encuentran cinco tradiciones políticas (2007: 74), las cuales no son categorías definitivas ni exhaustivas, pero permiten mapear los movimientos sociales y las organizaciones que existen en la entidad (Benítez, 2019: 27).
La primera tradición es la organización de tipo comunitaria, integrada por grupos de población indígena y las comunidades agrarias, quienes bajo el ideal agrarista han luchado para defender el territorio de las políticas neoliberales que el Estado promueve de manera constante y que está en detrimento de las condiciones de vida de la población en la entidad (Flores, 2007: 75).
La segunda tradición es la organización liberal partidista, que impulsa la participación en los procesos sociales en el estado de Guerrero por medio de los partidos políticos y se ha expresado en la creación de partidos políticos como el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Partido Comunista Mexicano (PCM), el Partido Socialista Unificado (PSUM) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien había gobernado desde 1937 y hasta el 2005; además de promover la realización de elecciones por medio de un sistema normativo propio, basado en usos y costumbres (Benítez, 2019: 30-33).
La tercera es la tradición organizativa independiente, en la que las organizaciones sociales sirven como intermediarios entre la base y el gobierno, con el objetivo de negociar y conseguir servicios y acciones para el bienestar social (Flores, 2007: 75), con la particularidad de que a diferencia de otras organizaciones que dependen del partido oficial en turno, éstas conservan su autonomía. Ejemplos de este tipo de organización son la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, y la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
La cuarta tradición es la organización eclesiástica que, en sus vertientes más progresistas, ha buscado posicionar a las comunidades indígenas como sujetos de historia, reivindicando sus valores comunitarios y de solidaridad (Flores, 2007: 76). Este tipo de lucha promovida desde la iglesia dio paso a la creación del Comité de Autoridades Indígenas y posteriormente de la Policía Comunitaria. Esta tradición tiene una segunda expresión como resultado de la desaparición forzada y la violación de los derechos humanos acontecidos en la Guerra Sucia de la década de los 70, que motivó la movilización social y que en la actualidad se caracteriza por trabajar en la defensa y acompañamiento de la Sociedad Civil.
La quinta tradición es el movimiento indígena, que conviene distinguir de otras movilizaciones sociales en las que también tiene presencia, pues se trata de la apropiación de las demandas y la discursividad del movimiento indígena nacional e internacional para lograr su autodeterminación política y territorial, con la finalidad de ser libres de llevar adelante su desarrollo económico, social y cultural e implican una ruptura a la idea hegemónica de nación como unidad (Benítez, 2019: 38).
Podemos identificar con estas tradiciones o tipologías, rutas en la que se han configurado los movimientos sociales y las organizaciones en el estado de Guerrero. Este “mapeo”, como se ha indicado, no es exhaustivo ni definitivo y tampoco pretende “encasillar”, pues las luchas que se gestan en el estado de Guerrero son múltiples y en la actualidad han emanado otros reclamos que nos reiteran que la movilización social no es estática.
En la actualidad, para entender el complejo escenario que tiene el estado de Guerrero es preciso identificar que la movilización social inició por la vía institucional, por medio del voto, de hacer solicitudes y manifestaciones pacíficas en las cuales se planteaban diversas demandas al gobierno en turno; no obstante, la historia de Guerrero señala la fuerte presencia de caciquismos y élites dominantes, quienes se encargaban de cerrar toda vía de acceso popular, cometiendo fraudes electorales y reprimiendo a quienes se manifestaban en su contra, contribuyendo así a replantear las formas de acción en un escenario en donde la violencia y la inexistencia de vías institucionales de demanda y de participación popular efectivas en el estado, caracterizaron de manera particular a la movilización social y a las organizaciones sociales en la entidad.
Asimismo, los cambios económicos, políticos y culturales generados por el nuevo modelo económico, citado en la introducción, tuvieron como consecuencia una crisis hegemónica en el Estado mexicano (Figueroa y Martínez, 2012: 322), el cual redujo su papel protector de los intereses del capital nacional, lo que en consecuencia incrementó el descontento social, hecho que se reflejó en la creación y expansión de movimientos guerrilleros hacia otras regiones del estado e incluso hacia otros estados de la República Mexicana; la capacidad de acción de estos grupos armados provocó que el gobierno emprendiera una estrategia mucho más agresiva para desarticularlos, recurriendo así a la asesoría extranjera, especialmente de Estados Unidos, para entrenar a grupos paramilitares con la finalidad específica de erradicar todo intento de movilización popular por la vía armada.
En las regiones de la Costa Grande y la Sierra, particularmente en el municipio de Atoyac, el Estado ejerció acciones más violentas para desarticular a los grupos guerrilleros, ya que fue el lugar de donde emergieron la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) y el Partido de los Pobres (PDLP), encabezados por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Entre las acciones implementadas por el gobierno y que pueden ser calificadas como Terrorismo de Estado, se encuentran la detención arbitraria, reclusión en cárceles clandestinas, tortura, intimidación, el desplazamiento y la desaparición forzada para los integrantes de estos grupos; prácticas represivas que también causaron terror a la población, ya que en este período conocido como la Guerra Sucia1, varias de las detenciones se realizaron a plena luz del día y se ejecutaron hacia quien pudiera ser considerado transgresor de la ley, motivo por el que los grupos armados tenían que redefinir constantemente sus estrategias para enfrentar la cruenta violencia con la que eran atacados y desarticulados por el Estado mexicano (Radilla y Rangel, 2012).
1 Para mayores referencias sobre el período de la llamada Guerra Sucia en el estado de Guerrero, véase Gutiérrez, 2017; Reyes Peláez, 2003; Lutz, 2016; Sotelo, 1991; Mayo, 1994; Ferreyra, 2015; Silva, 2017; Figueroa y Martínez, 2012.
A la estrategia contrainsurgente representada por la vía armada, se suma la incapacidad de unir fuerzas de varios grupos guerrilleros debido a las diferencias ideológicas y estratégicas de cada uno de ellos; las guerrillas más radicales se asumen a sí mismas como detentoras de la verdad y todas las ideologías y acciones de otros grupos que sean distintas de las suyas son consideradas como erradas; además, existe una campaña mediática que les genera una mala imagen al señalarles nexos con el crimen organizado.
Es preciso distinguir a los movimientos guerrilleros de otras expresiones de movilización social armada como es el caso de las Policías Comunitarias (PC), las cuales surgieron como una “forma de solventar (…) el desmantelamiento del sistema de seguridad… ” (Benítez, 2015: 47) sumando el ocaso de los principios sociales enmarcados en la Constitución. La primera PC se creó el 15 de octubre de 1995, después de que los sacerdotes Mario Campos Hernández y Bernardo Valle Morales, aliados con organizaciones de la entidad2 se reunieron para analizar el tema de la inseguridad en la región, la inoperancia de las autoridades y la necesidad de reivindicar a los pueblos originarios. Esta primera policía comunitaria fue la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), y su objetivo consistió en hacer frente a los asaltos, violaciones sexuales y asesinatos que se vivían en la región de La Montaña. Estas medidas lograron contener la delincuencia en la zona (Warnholtz, 2017: 36-38).
2 El Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI), la Unión de Ejidos y Comunidades Luz de la Montaña, la Unión Regional Campesina de la Costa Chica y La Montaña, el Consejo de Autoridades indígenas, la Sociedad de Solidaridad Social de Productores de Café y Maíz, y el Consejo Comunitario de Abasto.
Por otro lado, antes de la creación de las PC, las comunidades indígenas ya contaban con grupos de habitantes que se encargaban de vigilar la seguridad en sus comunidades, la novedad con la CRAC-PC en palabras de Daniele Fini es que fue capaz de “organizar de manera conjunta a los grupos de seguridad comunitaria de cada localidad dentro de una articulación regional, intercomunitaria e interétnica” (2019: 50). En un principio, la PC de Guerrero se dedicó a materializar las demandas de diversas comunidades indígenas en la región de La Montaña, para ello decidieron integrar un sistema de justicia comunitaria al ver que las denuncias por los delitos cometidos en contra de las formas de vida, subsistencia e integridad de los indígenas, eran omitidas por las autoridades. Sin embargo, las políticas del nuevo modelo económico, que actuaban en detrimento del desarrollo local, generó que la CRAC-PC promoviera acciones en defensa del territorio, primero contra quienes buscaban apropiarse de la producción agrícola y los recursos forestales, y posteriormente contra grandes proyectos como los mineros o los hidroeléctricos; ante este contexto se observa la constitución de obstáculos para los intereses del gobierno en turno y de los grupos empresariales (Fini, 2019: 57).
La puesta en escena de estos grandes proyectos y la situación de violencia e inseguridad en Guerrero, que se gestan de manera continua en la década de los noventa, fueron un espacio propicio para que las OC buscaran frenar la situación que se estaba viviendo en la entidad. En el siguiente apartado, se exponen algunos ejemplos de las OC que existen en la entidad, así como los mecanismos de lucha social que han implementado en la búsqueda de mejorar las condiciones de la población guerrerense.
Las Organizaciones Civiles como formas de lucha social
en el estado de Guerrero
Para entender el complejo contexto del estado de Guerrero, es necesario indicar algunos datos citados de fuentes oficiales sobre la situación de pobreza, rezago e inseguridad en la entidad. El Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) reportó en su Medición de Pobreza 2020, que el 66.4 por ciento de la población guerrerense vive en situación de pobreza, ocupando el segundo lugar a nivel nacional; 25.5 por ciento vive en pobreza extrema; 21.7 por ciento es vulnerable por carencias sociales, 4 por ciento es vulnerable por ingresos y sólo 7.9 por ciento de la población no es pobre ni vulnerable (CONEVAL, s.f.).
Analizar los datos de la situación general y de la incidencia delictiva en el estado de Guerrero, nos permite visualizar el mapa social para explicar la complejidad territorial.3 La población del estado de Guerrero ha logrado superar las dificultades propias de vivir en una región agreste y un contexto que los ha mantenido confinados. Por medio de extensas luchas, han sido capaces de resistir los embates de los que han sido víctimas no sólo por los gobernantes en turno, sino por la presencia de grupos del crimen organizado que han proliferado en la entidad.
3 De acuerdo con datos del INEGI, la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en el estado de Guerrero lo situó en el noveno lugar en 2010, en el segundo lugar en 2015 y en el onceavo lugar en 2020 (INEGI, s.f.). El semáforo delictivo del estado de Guerrero ha reportado que de enero a abril de 2022 han ocurrido un total de 349 homicidios; seis secuestros; 676 robos de vehículos; 114 robos a casa habitación; 353 robos a negocios; 131 violaciones; cuatro feminicidios y se realizaron 873 denuncias por lesiones; 1148 por violencia intrafamiliar; 76 por extorsiones y se han reportado 256 puntos de venta de narcomenudeo, siendo los municipios de Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo e Iguala de Independencia, los de mayor índice delictivo (Semáforo Delictivo, 2022). Estas cifras, sin embargo, son sólo de aquellos delitos que son denunciados de manera formal.
A partir del año 2006, la violencia en Guerrero recrudeció como consecuencia directa de la estrategia del gobierno federal para hacer frente al narcotráfico. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los homicidios relacionados con el narcotráfico pasaron de las 500 a las 2500 ejecuciones por año entre el 2006 y el 2015, tiempo en el que las actividades del narcotráfico dejaron de ser monopolizadas por el Cártel de Sinaloa, dando paso a otros grupos delictivos que, para ese momento, ya eran por lo menos diez y entre los que destacan el Cartel del Golfo, La Familia Michoacana y los Zetas, que operaban en 65 de los 81 municipios que tenía el estado de Guerrero (Sánchez Valdés, 2015).
En 2013, ante la inoperancia del gobierno y de los cuerpos policiacos para combatir al crimen organizado, surge la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), su antecedente es la CRAC-PC y se define como una organización que nace como una respuesta de los pueblos indígenas y afromexicanos del estado de Guerrero ante las condiciones de pobreza y marginación en las que viven, las cuales se reflejan en graves rezagos en materia de infraestructura básica, educación, salud, vivienda, acceso a la justicia, seguridad pública, alimentación y fuentes de empleo. La UPOEG, tomó como estandarte el combate a grupos criminales y delincuentes, lo que explica la dualidad en sus actividades; por un lado, como PC y por el otro como una organización que promueve el desarrollo comunitario local, desde la perspectiva comunitaria.
La presencia de grupos de autodefensa en el estado de Guerrero se ha concentrado principalmente en zonas rurales, donde los pueblos han asumido de manera obligada funciones que, en principio, no son tarea suya sino del gobierno tanto estatal como federal; su configuración es distinta a la de otras formas de autodefensa en el país, al articular no sólo un sistema de seguridad, sino por fungir como procuradores y administradores de justicia, además de gestar procesos de resocialización que autodefinen como de re-educación (Mendoza, 2018).
En este punto es necesario reflexionar no sólo sobre la creación de las PC como formas alternas para brindar seguridad y justicia, sino analizar su persistencia en una entidad en la que los tres poderes existen, ya que su funcionamiento es por medio de un sistema de justicia basado en usos y costumbres, lo que nos lleva a replantearnos el papel que tiene el Estado como garante de la seguridad y el orden social, e indagar sobre formas alternas para acceder a la seguridad y la justicia en un escenario de desigualdad social en donde éstas no parecen tener cabida.
La historia de la movilización social en Guerrero no se limita a expresiones de lucha de forma combativa por la vía armada. Las OC también surgen como expresiones alternas de movilización y organización social, enfocadas en cuestionar las decisiones gubernamentales y promover a partir de ello diversas modalidades de acción para lograr el desarrollo social, por lo que tienen un papel importante en la vida política y asumen como un derecho y una obligación el participar en el diseño, elaboración e incluso en la supervisión de las políticas públicas (León, 2010).
En el estado de Guerrero se pueden agrupar por sectores específicos a las acciones que se impulsan desde las OC. La mayoría de las demandas de las OC se enfocan en la búsqueda del desarrollo social4 por medios distintos a los que proponen los gobiernos federal y estatal, quienes han sostenido que el desarrollo de la región sólo se puede lograr con la construcción de grandes obras y la explotación de los recursos naturales con los que cuenta el estado.
4 Es pertinente hacer un paréntesis para explicar dos cuestiones importantes. La primera es definir el concepto de desarrollo social que, de acuerdo con Midgley (1999), es un proceso de promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento en las condiciones de vida de la población en ámbitos como la salud, educación, alimentación, vivienda, seguridad social, empleos, entre otros, con la finalidad de reducir la pobreza y la desigualdad social y económica; y la segunda es que por sus características geográficas y la identidad comunitaria que existe en el estado de Guerrero, el tipo de desarrollo que se promueve es el comunitario local, que busca el bienestar y la mejora en la calidad de vida de la población, enfocado en un espacio determinado y por medio de la organización comunitaria, con acciones colectivas que atiendan el contexto específico de cada ámbito local, con una dinámica capaz de ajustarse para la consecución de sus propios intereses.
En los párrafos siguientes se presentarán en un sentido cronológico algunos casos de OC que operan en el Estado, por supuesto que la descripción podría organizarse a manera de mostrar cada ejemplo por sector, sin embargo, parece pertinente seguir una ruta cronológica de estas OC para que el lector interesado en profundizar en el tema ubique el contexto en el que surgieron.
En la década de los noventa se incrementó el número de OC en el estado de Guerrero, ya que en esa época se observa a grupos indígenas que pasaron por un importante proceso organizativo y emprendieron un movimiento para lograr alcanzar un desarrollo social y económico sustentado en sus derechos ambientales, culturales y colectivos con base en una participación comunitaria. Estos grupos conformaron el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas Guerrero A. C. (CPNAB), organización de base no gubernamental, sin fines de lucro, que no pertenece a ningún partido político ni secta religiosa y lucha por el desarrollo sustentable y autónomo para erradicar la pobreza extrema, por la defensa y promoción de los derechos humanos e indígenas, y por el respeto, rescate y difusión de la cultura de los habitantes nahuas de la Región del Alto Balsas (Tlahui-Politic, 1996).
El CPNAB fue creado el 21 de octubre de 1990, con la participación de más de 22 Comisarios Municipales y Comisariados de Bienes Comunales y Ejidales; cuenta con registro legal y está integrado por más de 30 pueblos indígenas que se localizan en la zona norte y centro de Guerrero y surgió para oponerse a la construcción de la Presa Hidroeléctrica San Juan Tetelcingo, bajo el argumento de que llevar a cabo la construcción de la misma destruiría la vida, la cultura y el medioambiente de los pueblos indígenas nahuas que habitan ahí. El CPNAB plantea que el desarrollo regional puede lograrse por medios distintos a los propuestos por el gobierno federal. Para lograr sus metas con mayor objetividad, se rige a través del Plan Alternativo, el cual consiste en 13 programas específicos para atender diferentes áreas de trabajo, bajo su propio ritmo y visión de desarrollo sustentable y autónomo. Lo ejecutan y controlan modificándolo de acuerdo a sus propias necesidades.
En enero de 1994 se constituyó la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), integrada por hombres y mujeres campesinos y familiares de personas desaparecidas en la época de la Guerra Sucia de diversos poblados de la Costa Grande y Montaña Baja del estado de Guerrero. La OCSS se denomina como una organización independiente que no pertenece a ningún partido o grupo político institucional, de trabajo y mantenimiento autogestivo, que busca emprender actividades en defensa del medioambiente y de los recursos naturales; también promover los intereses de los campesinos guerrerenses para que las autoridades implementen programas y políticas necesarias para sus actividades agrícolas y ganaderas; realizar una defensa activa de diversos derechos económicos, sociales y culturales, como el acceso a servicios públicos básicos, derecho a la vivienda y educación; promover igualmente el derecho a la verdad y a la justicia de los familiares de las personas desaparecidas durante la llamada “guerra sucia”, y exigir la salida de las fuerzas armadas de las comunidades guerrerenses, así como el cese a la represión policiaca en contra del pueblo de Guerrero (CMDPDH, s.f).
La OCSS desde el inicio, implementó como método de manifestación la toma de instalaciones públicas, el cierre de carreteras y portar machetes y palos como modo de ejercer presión para que se cumplan sus demandas. Entre las acciones que la OCSS ha hecho, destaca la expulsión de la policía motorizada en Tepetixtla, a la cual responsabilizaron de varios de los asesinatos y desapariciones forzadas de líderes sociales de la Sierra durante la administración de Rubén Figueroa Alcocer, en el período de 1993 a 1996.5 En la actualidad, la OCSS sigue activa y en conjunto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos CMDPDH A.C. continúan en su lucha por la memoria, la verdad, la justicia y la reparación en los casos de familiares y amigos que han sido víctimas de detención arbitraria, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura y fabricación de culpables; además, es pertinente señalar que se ha solicitado a las autoridades brindar protección para Norma Mesino, la actual líder de la OCSS y su familia, ya que son víctimas de constantes amenazas de muerte y varios integrantes la familia Mesino han sido asesinados desde que fue creada la organización.
5 El 28 de junio de 1995, la OCSS convocó a manifestaciones en Atoyac y Zihuatanejo, para reclamar la presentación de Gilberto Romero Vázquez y exigir el cumplimiento de los acuerdos pendientes para las comunidades de los municipios de La Unión y Coahuayutla, los cuales consistían en materiales de construcción y fertilizantes que fueron prometidos por el ejecutivo estatal. Sin embargo, un aproximado de 400 elementos de la policía motorizada, judiciales y antimotines, interceptaron a los manifestantes en el Vado de Aguas Blancas, disparándoles a quemarropa, asesinando a 17 personas e hiriendo a 24 más, para después colocar armas sobre los cuerpos y así fundamentar la agresión argumentando que se trató de un enfrentamiento que repelieron. Este suceso adquirió notoria relevancia en los medios de comunicación y ante la indignación que provocó en la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encontró elementos suficientes para señalar responsabilidades; a ello se sumó la presión ejercida por la OCSS, los familiares de las víctimas, de organizaciones de derechos humanos y de la opinión pública. Tras realizarse diversas investigaciones para esclarecer el caso, Figueroa Alcocer destituyó a los principales funcionarios de su gobierno e intentó cooptar a las viudas y a los sobrevivientes, además de ejecutar otras acciones para desarticular a la organización; no obstante, el 12 de marzo de 1996 pidió licencia para abandonar el cargo y el Congreso de Guerrero designó a Ángel Aguirre Rivero como gobernador sustituto para completar el período.
En 2003, comuneros y ejidatarios instauraron el Consejo de Ejidos y Comunidades Opuestas a la Presa La Parota (CECOP) en oposición a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota. Este proyecto consistía en instalar un sistema hidroeléctrico conformado por tres grupos de turbogeneradores para almacenar agua del río Papagayo y cuya finalidad consistiría en proveer de agua potable a Acapulco durante los próximos 50 años, además de producir energía eléctrica que cubriera el consumo total anual del estado de Guerrero. Aun y cuando se indicó que la construcción de esta presa propiciaría la creación de proyectos productivos y con ello traería beneficios sociales para las comunidades, los campesinos se opusieron, argumentando que este proyecto de desarrollo buscaba sobreponer los intereses económicos de pocos por encima de su derecho a decidir sobre su forma de vida y el uso de los recursos naturales como medio de supervivencia (Toscana, 2011). El CECOP continúa trabajando en temas de impacto social y ambiental, así como en la defensa de derechos humanos y, como en muchos casos, sus integrantes han denunciado ser víctimas de discriminación, criminalización, acoso policial y judicial, amenazas, represalias y violencia (In Front Line Defenders, s.f.). Lo anterior nos permite reconocer el alcance que ha tenido la organización, ya que, debido a la resistencia popular, presentada desde el plano legal y jurídico, el apoyo de organizaciones y redes nacionales e internacionales de derechos humanos, ambientalistas y Organizaciones Civiles se ha logrado detener la construcción de este megaproyecto, el cual se ha intentado llevar a cabo desde hace más de 16 años.
Como consecuencia directa de la movilización social hecha principalmente por campesinos e indígenas, se han articulado movimientos de resistencia que han derivado en grupos organizados y reconocidos como OC, que promueven acciones más allá de la lucha campesina e indígena. Un ejemplo de esto son los grupos ecologistas que tienen una fuerte presencia en el estado de Guerrero. En 2005, estos grupos hicieron circular vía electrónica el documento llamado Un programa por la tierra guerrerense, elaborado por 50 ambientalistas de Guerrero y consta de 10 propuestas y compromisos en materia de política ambiental, recursos naturales en general y para el bosque de Guerrero en particular. Es destacable el alcance de esta propuesta al dejar en evidencia que su fuerza de acción y concientización sobrepasa sus comunidades; que la característica solidaria de la acción social surge en el ámbito local, regional e internacional, y que existen nuevas formas de movilización social que no se limitan únicamente a las manifestaciones y a la lucha armada, sino que pueden aprovecharse las tecnologías de información y comunicación para tener un mayor alcance.
En 2005, a la par que se desarrollaba la lucha contra la construcción de La Parota, en la isla de la Roqueta se intentó construir un parque de aventuras. Este proyecto sería llevado a cabo por la empresa Aca Extremo y contaba con permiso de una Unidad de Manejo Ambiental de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Economía, así como la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal y de Protección al Ambiente (PROFEPA), no obstante, el 5 de diciembre, cientos de personas entre ambientalistas y sociedad en general, marcharon desde la zona de Caleta hacia el Zócalo de Acapulco para manifestarse contra la construcción del parque, el cual fue calificado como un negocio lleno de irregularidades que acabaría con la naturaleza en la isla; en ese mismo mes Greenpeace inició una campaña contra el proyecto por vía de medios electrónicos y, finalmente, con la presión que ejercieron tanto las organizaciones locales como las internacionales, fue cancelado.
Existe una constante confrontación entre el gobierno estatal y municipal con la población en Guerrero respecto a lo que debe hacerse para lograr el desarrollo social. Las autoridades del gobierno consideran que la creación de grandes proyectos es la clave para impulsar el desarrollo social en la entidad, sin embargo, los pobladores del estado han señalado que en realidad el beneficio es para unos cuantos, que afectan al medioambiente y atentan contra sus derechos al hacer uso de los recursos naturales y su autodefinición como indígenas. Las autoridades han declarado que al cancelarse estos proyectos, lo único que se ha logrado con la movilización social es dañar la imagen del estado, en especial de Acapulco que, como zona turística, es un gran atractivo para los inversionistas (Giles, 2005), frenando así el desarrollo de la región. Señalan que el dejar el uso de los recursos naturales y el cuidado del medioambiente al pueblo guerrerense es un retroceso; sin embargo, los pobladores del estado mantienen su lucha de resistencia y se opondrán a todo intento de desarrollo de mega proyectos que sean para explotar los recursos naturales de la región y en beneficio de unos pocos.
El desarrollo social en el estado de Guerrero no se limita únicamente a la forma en que se da uso de los recursos naturales, al reconocimiento y protección de los pueblos indígenas y a los campesinos; se trata también de lograr importantes avances para dar solución a problemas como la pobreza y el rezago en todas sus variables. Bajo esa lógica, el 1° de octubre de 2006 se creó en Chilpancingo la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), conformada por al menos 30 organizaciones sociales y gremiales.6 La APPG promueve demandas sociales y agrarias principalmente, entre las que destacan las peticiones para destituir al secretario de educación, José Luis González de la Vega Otero, la asignación de 618 plazas para egresados de escuelas normales, y la construcción y remodelación de infraestructura educativa, primordialmente en las zonas indígenas de la Montaña. La APPG continúa su lucha aun cuando su dirigente, Nicolás Chávez Adame, y varios de sus integrantes han sido objetos de amenazas, detenciones arbitrarias y desaparición forzada; situación que se denunció sin que las autoridades brindaran algún tipo de protección.
6 Entre las que se encuentran dos fracciones de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación (CETEG), sindicatos universitarios, la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), el Frente Popular Revolucionario, el Frente de Defensa Popular, la organización indígena Calpulli Tecuanichan, el Movimiento Social de izquierda, el Frente Nacional de Lucha Socialista, la Comunidad Indígena Cuauhtémoc y la Coordinadora de Egresados Normalistas del Estado de Guerrero.
Al respecto del hostigamiento hacia grupos y OC, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) es la muestra clara de cómo una organización se ve obligada a cambiar su dinámica de trabajo para adaptarse a las circunstancias del contexto actual, en particular por la situación de violencia e inseguridad que se vive en Guerrero. Tadeco está constituido legalmente y su objetivo inicial fue la promoción y defensa de los derechos humanos para impulsar el desarrollo comunitario y el cambio social. Durante sus primeras dos décadas el Tadeco ofreció servicios informativos, de apoyo al proceso educativo, a sectores sociales marginados y a organizaciones y grupos sociales, además de una producción radiofónica que se transmite en radios comunitarias y por internet, e incluso prestó servicios a dependencias gubernamentales y municipales (Tadeco, 2014); sin embargo, su dinámica cambió con la desaparición en 2007 de Jorge Gabriel Cerón Silva, uno de sus colaboradores, y desde esa fecha el Tadeco se incorporó a la lucha por la vida, la libertad, la justicia y los derechos de los ciudadanos; además, impulsó la creación del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero.
Del 2006 al 2018, el Comité documentó un total de mil 482 personas desaparecidas, 216 fosas y 325 cuerpos encontrados en el estado de Guerrero, aunque se señala en su página de internet que existen hipótesis suficientes para suponer que el número de desapariciones podría ser el doble (Movimiento por nuestros desaparecidos, s.f.). El Tadeco y el Comité dieron paso a la creación de un Centro de Atención a Víctimas, el cual opera con carencias y dificultades debido a la escasez de recursos, a las amenazas y hostigamiento del que han sido víctimas,7 especialmente en los últimos años en que el tema de la desaparición forzada vinculada al crimen organizado ha tomado relevancia mediática. A lo anterior se suman los señalamientos o calificativos a estas OC como grupos “subversivos”, situación que otras organizaciones viven y que además las plantea como víctimas por partida doble al estar criminizándolas.8
7 Javier y Francisco Monroy Hernández, coordinadores del Tadeco, han declarado que en el estado de Guerrero casi todos tienen o conocen a alguna persona cercana que está desaparecida y que las autoridades no investigan las denuncias que se han hecho, por el contrario, afirman que en el tiempo que llevan en operación lo único que conocen es la vinculación de grupos delictivos con las autoridades, que las instancias gubernamentales que deberían encargarse de brindar justicia, encubren a los delincuentes, no investigan y generan una impunidad que lleva a la desesperación y resignación de las víctimas.
8 La capacidad que han demostrado las OC para apoyar a la población y atender los problemas que el gobierno no ha podido solucionar, las ha convertido en enemigas del mismo. En respuesta y como medida para desarticular a las OC, el gobierno ha acudido a los medios de comunicación para desacreditarlas, acusándolas de trabajar con grupos armados. En 2014, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), refrendó su apoyo al Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) ante la criminalización que tuvo lugar el 7 de enero de ese año mediante el portal de noticias electrónico milenio.com, el cual publicó un artículo donde se sostiene que “los grupos sociales que durante 2013 estuvieron muy activos en esa entidad fueron asesorados y penetrados por grupos guerrilleros o por miembros de diversos grupos insurgentes que operan en la entidad” (Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 2015). El CCTI y diversas organizaciones como la APPG, desmintieron al medio de comunicación señalando que no existe vínculo alguno con organizaciones guerrilleras, tanto a nivel estatal como nacional. Este problema de credibilidad llega hasta las organizaciones que fungen como PC, tanto por los señalamientos del gobierno que asumen que su existencia es signo de ingobernabilidad y ruptura del Estado de derecho, como porque entre ellas mismas se acusan de ser el brazo armado de los cárteles del crimen organizado en el estado.
La situación que se vive en Guerrero explica en gran parte la característica combativa y de resistencia presente en la mayoría de los movimientos sociales y los grupos u organizaciones que están en permanente pugna. No obstante, se pueden encontrar OC con perfiles y formas de acción menos radicales. El Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVEGRO) es una muestra de este tipo de OC. El CESAVEGRO funge como intermediario entre la Dirección General de Sanidad Vegetal y el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), para la operación de programas y campañas fitosanitarias con el objetivo de prevenir la introducción o dispersión de plagas que puedan afectar a los vegetales, sus productos y subproductos, garantizando la calidad fitosanitaria de los productos vegetales de manera en que éstos puedan competir en los mercados nacionales e internacionales. El trabajo de CESAVEGRO consiste primordialmente en brindar un servicio de asesoría técnica a agricultores, lo que coadyuva a mejorar su producción y de esta manera contribuir a mejorar el desarrollo social en la entidad.
En la misma lógica de ayudar a superar el rezago económico de las comunidades campesinas (mediante acciones de asistencia técnica, orientación social, educación para el trabajo y la comercialización de productos), se creó Miel Solidaria y Campesina (MISOCA), una OC que apoya en las actividades agrícolas a las comunidades campesinas, indígenas y mestizas en situación vulnerable. La diferencia entre ambas organizaciones radica en que la primera cuenta con mayores recursos al encontrarse su labor dentro de las líneas estratégicas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), mientras que el desarrollo y continuidad de las acciones de MISOCA al igual que otras OC están sujetas a los recursos que les son asignados al tener una figura legal de OC o con las donaciones que puedan percibir. Estos recursos no siempre son monetarios; en el caso de los proyectos relacionados con la agricultura una importante cantidad son en especie, tratándose de semillas o de herramientas para la labor de la siembra.
Los casos descritos en este apartado son una muestra mínima del quehacer que desarrollan las OC y las problemáticas que atienden; se percibe la complejidad de injusticias y rezagos que han marcado a la población y cómo las acciones de la Sociedad Civil permiten generar mecanismos de contención. Ante tales situaciones la organización social pareciera limitada; no obstante, las OC se han posicionado en algunos espacios políticos como se verá en el siguiente apartado.
Las OC en Guerrero. Su papel y alcance en lo político
Una de las características que más destacan de las OC en el estado de Guerrero es su sentido contestatario, las sitúa en constante oposición con el gobierno; sin embargo, también existen organizaciones que respaldan a partidos o candidatos políticos. Por ejemplo, en el proceso electoral que tuvo a Enrique Peña Nieto del Partido del PRI en la contienda presidencial, recibió apoyo de: Alianza Campesina de Guerrero; Organización Nuevo Amanecer; Campesinos de la Montaña Alta y Baja; Organización Desarrollo para el Campo; Organización de Copreros de Guerrero; Productores de Tierra Caliente y otras organizaciones agrupadas en la Organización Democrática de la Unidad Campesina y en el Congreso Agrario Permanente.9
9 Es pertinente señalar que en ese momento el gobernador del estado era Ángel Aguirre Rivero del PRD, quien tuvo que renunciar al cargo en 2014 por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, hecho que puso en los reflectores nacionales e internacionales a Guerrero por lo cruento del suceso y que tuvo un impacto directo en las elecciones del año 2015 y del 2021. En el año 2015, el cargo a gobernador lo ganó el candidato del PRI, Héctor Astudillo Flores; asimismo, el PRI fue mayoría en Ayuntamientos y Diputaciones. En las elecciones de 2018, la mayoría de los Ayuntamientos fueron ganados por el PRI, mientras que el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) obtuvo la mayoría en el Congreso estatal. En las elecciones de 2021, el PRI obtuvo la victoria en la mayoría de los Ayuntamientos; MORENA fue el partido que obtuvo mayoría en el Congreso y su candidata, Evelyn Salgado, fue elegida como gobernadora del estado en medio de una fuerte atención mediática por las acusaciones por acoso y abuso sexual que recibió su padre, Félix Salgado Macedonio, quien había sido el anterior candidato a gobernador por MORENA para el mismo proceso electoral.
Las organizaciones en Guerrero han promovido cambios importantes en los procesos electorales. Bruno Placido Valerio, actual dirigente de la UPOEG, señala que Ayutla de los Libres es un municipio que ocupa un lugar histórico en Guerrero, ya que es de un espacio donde se llevaron a cabo enfrentamientos durante la época de la Revolución Mexicana, luego la lucha por combatir la inseguridad y ahora como protagonista del cambio político necesario en el modo de realizarse elecciones que no se basan en dádivas de partidos políticos, sino por medio del sistema de usos y costumbres (Warnholtz, 2017: 123). En un proceso que inició desde el 2012 y culminó en 2015, Ayutla de los libres se convirtió en el primer municipio del estado de Guerrero en elegir a sus autoridades por medio de asambleas, convirtiéndose así en un referente para que, a otros pueblos, con mayoría indígena, se les reconozca jurídicamente el derecho a elegir por usos y costumbres.
Se podría pensar que otras organizaciones al conocer la experiencia de Ayutla de los Libres y de otros municipios, buscarían continuar con establecer este mecanismo de usos y costumbres; pero por lo contrario, existen OC que se constituyen como partidos políticos por medio de los mecanismos electorales establecidos que no se basan en este método de autogestión y autogobierno. En febrero de 2022 se dio a conocer que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero (IEPCGRO) desarrolló su cuarta sesión extraordinaria en la que se aprobó la procedencia de la manifestación de intención de diversas OC para constituirse como partidos políticos locales en el estado. Se trata de las OC Unidad y Transformación al Servicio de Guerrero A.C.; Guerrero Uniendo Esfuerzos por un México Desarrollado A.C.; Movimiento Laborista Guerrero A.C.; Venciendo la Pobreza en Zonas Vulnerables A.C.; Volver al Origen A.C.; Iniciativa Popular para Guerrero A.C. y Ciudadanos por Constituirse en Encuentro Solidario Guerrero A.C. El IEPCGRO comunicó que recibió un total de 16 manifestaciones de intención para constituirse en partidos políticos locales, de las cuales sólo 14 fueron procedentes. Estas OC podrán iniciar las actividades para reunir las 6,677 afiliaciones en el estado, así como para iniciar con la celebración de al menos 54 asambleas municipales o 18 asambleas distritales, así como una asamblea estatal constitutiva.
Hasta el 2020, la APPG no tenía intención de incursionar en la política, sin embargo, han considerado participar en próximas elecciones y proponer a sus integrantes como candidatos para la contienda electoral debido a que las demandas sociales, campesinas y magisteriales del estado no se han cumplido y al considerar que los partidos políticos no son verdaderos representantes populares (Morales, 2020). Nicolás Chávez Adame, dirigente de la APPG, declaró en una entrevista al periódico El Sur de Acapulco que MORENA es similar al resto de los partidos de derecha, que únicamente se van pasando el poder como si se tratara de una estafeta, por lo que es importante que la sociedad se organice para convertirse en contrapeso a los actuales partidos (Morales, 2020). Esta declaración, sin embargo, contradice las acciones de la APPG, que mostró un amplio apoyo a Félix Salgado Macedonio mientras fue candidato a gobernador por el partido MORENA (Miranda, 2021).
El papel político de las OC ha sido condicionado de acuerdo a cada actor político, es decir, han servido en algunos casos para generar una red ciudadana de apoyo que se traduce como clientelas políticas y, en otros casos, para mantener sus costumbres que trastocan a lo político. Lo que destaca principalmente en su papel político es el alcance que han logrado para promover y defender su derecho de autogobierno, al impulsar elecciones por usos y costumbres, convirtiéndose así en referentes para comunidades con características similares.
Balance general
La movilización social en México no ha tenido un desarrollo homogéneo. En Guerrero plantea un reto a los ideales del contrato social que establece que es el Estado el único garante de la seguridad y la impartición de justicia. En este artículo se realizó un mapeo de la configuración de las organizaciones sociales que surgieron debido a un proceso intenso de movilización social, resultado de la situación de pobreza y rezago generalizado.
En Guerrero, a finales de la década de los cuarenta y toda la década de los cincuenta, persistía el reclamo para que se cumplieran las promesas de la Revolución Mexicana y los movimientos sociales se caracterizaron por ser locales y en defensa de determinados sectores como el de los productores de coco y de copra, los cuales demostraron cierto poder político, por lo que fueron intervenidos por el PRI para desarticularlos. En la década de los sesenta, al ver que por la vía pacífica no se atendían las demandas sociales, la movilización social se reconfiguró y con una connotación más radicalizada, enarbolaron la lucha social característica de la Revolución Mexicana y así establecer y justificar sus métodos de acción, caracterizándose además como el semillero de los movimientos armados. Para la década de los ochenta, se vivía a nivel internacional un contexto de grandes cambios con la instauración del nuevo modelo económico y México particularmente se encontraba en una crisis económica y política que llevó al hartazgo a la sociedad mexicana y sólo la Sociedad Civil, mediante movimientos sociales y OC, luchaban por mejorar las condiciones de vida de la población.
En Guerrero, al igual que en otros estados del sur de México, el desarrollo era desigual y los movimientos y organizaciones sociales mantenían la resistencia en un escenario de rezago y represión. La particularidad del estado de Guerrero es que la historia de su movilización social estuvo fuertemente marcada por un contexto de violencia y represión. En la actualidad, subsisten escisiones de los grupos guerrilleros que surgieron durante la Guerra Sucia de la década de 1970. Sobre la última década del siglo XX surgieron los grupos de autodefensas o PC que inicialmente luchaban por proteger sus comunidades y después incorporaron a sus actividades la lucha y defensa de los derechos de su población en otros ámbitos; asimismo, desde la Sociedad Civil se impulsaron mecanismos de acción que se configuraron en las OC y que ampliaron los temas de atención.
Estas formas alternas de acción tienen un relativo éxito, ya que la existencia y permanencia de numerosos cárteles del crimen organizado en la entidad, así como una política social que ha sido insuficiente en la entidad, no han permitido que se logre el desarrollo social del pueblo guerrerense. Sucesos como el ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en el que desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, después de lo que aparentemente fue un enfrentamiento entre éstos y grupos de policías de diferentes municipios, dan cuenta de tres situaciones que se confrontan y confluyen en Guerrero: la primera es el desinterés de las autoridades por esclarecer los casos de desaparición forzada, brindar seguridad y justicia para el pueblo guerrerense; la segunda es la conexión entre gobierno y crimen organizado denunciada por múltiples OC; la tercera es la capacidad de acción que las OC tienen para dar respuesta a las demandas de la población, por lo que el impacto de los normalistas desaparecidos llevó a una intensa movilización social que logró ejercer presión para desmentir la verdad histórica que se había establecido como la única y oficial durante la administración de Enrique Peña Nieto, desde la presidencia de la república y de Jesús Murillo Karam, quien fuera entonces procurador de la República Mexicana. En la actualidad, la investigación sobre lo ocurrido ha tomado un curso distinto, debido a la presión ejercida desde los familiares de las víctimas, Sociedad Civil y las OC que les han brindado asesoría y acompañamiento. Como resultado, se ha revelado la participación de agentes de todos los niveles de gobierno, por lo que se abrieron nuevos procesos penales contra ex funcionarios federales, estatales y municipales.
La historia de Guerrero muestra que la movilización social desde mediados del siglo XX ha vivido una reconfiguración en que la Sociedad Civil alentó la creación de las OC para continuar con el proceso de transición política tan necesaria en el país. La incapacidad que el Estado ha demostrado para resolver los problemas y demandas del pueblo guerrerense, ha obligado a que actores sociales distintos al gobierno sustituyan sus funciones de muchas maneras, hecho que genera una imagen de ingobernabilidad que empeora con la insurgencia de movimientos que, por la vía armada y formas alternas de gobernar, se encargan de salvaguardar la integridad, seguridad e intereses de la población.
La violencia estructural y la militarización de la región, justificada por la guerra contra el narcotráfico, sólo ha generado un mayor daño social en las comunidades. En ese profundo sentido de indefensión y desamparo social, sólo la movilización, la Sociedad Civil y las OC, son capaces de equilibrar algunos aspectos sociales y subsanar las deficiencias de una entidad en la que la violencia, pobreza, inseguridad e injusticia son endémicos, al menos desde su perspectiva.
La relación entre las OC y el gobierno parece ser por momentos de apoyo y en otros tantos de confrontación. A pesar de que existen leyes que promuevan y legitimen a las OC, la realidad es que la tensión existente entre éstas y el Estado ha puesto en evidencia que se trata más de una relación de enemistad y de una “aceptación” obligada, en tanto que las primeras suplen las funciones que le corresponden al Estado cuando éste no demuestra tener la capacidad de cumplirlas.
El trabajo que realizan las OC es un componente esencial en la búsqueda de mejores condiciones de vida en las comunidades que han sido más afectadas por los embates de las administraciones gubernamentales en turno, y por las amenazas que los grandes proyectos que han intentado llevarse a cabo representan para la tierra y los recursos naturales.
Mientras que las PC representan formas alternas de implementar un sistema de justicia que garantice la seguridad de la población, las OC complementan el escenario al promover demandas específicas de la sociedad, con la finalidad de que se haga justicia en el caso de las desapariciones forzadas y la violación de derechos humanos, además de atender las demandas de sectores más amplios de la población. Lo destacable consiste en ubicar que estas formas de organización han promovido alternativas de seguridad y justicia como estrategias que permiten crear nodos sociales y redes que protegen a la población.
Las OC en el estado de Guerrero emergen como resultado de un amplio proceso social y político que busca incluir los intereses que históricamente han sido excluidos, ya no por medios que generalmente eran de agitación, sino que lo intentan por vías pacíficas e institucionalizadas, con un alcance limitado no sólo por la falta de recursos, sino por el contexto de violencia que se vive en la entidad. Con todo lo anterior, concluimos en destacar la importancia que tienen las OC en la entidad y en cómo han incidido para lograr mejores condiciones de vida para la población guerrerense. Su trabajo ha sido de vital importancia, han logrado influir en distintos planos y es claro que continuarán trabajando en beneficio de la población en la entidad. La alternativa de organizarse para conseguir mejoras de vida ha sido un camino probado desde hace siglos; veremos si las condiciones se mantienen y logran revertir los rezagos analizados en este artículo.
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