Por Elizabeth Cristina Cobilt Cruz / Profesora de medio tiempo de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.
A pesar de las reformas electorales que han constituido un paso importante en la democratización del régimen político en la Ciudad de México, siguen persistiendo contradicciones entre lo instituido formalmente y lo legitimado de manera informal; es decir, entre los principios de la democracia formal y las prácticas de tipo clientelar. Precisamente, el objetivo del presente artículo consiste en identificar los cambios o continuidades en las prácticas clientelares a nivel local en dos contextos: uno donde hay un partido hegemónico y otro donde hay una mayor competencia electoral. Este trabajo, de corte cualitativo, recupera entrevistas a intermediarios en la Ciudad de México, cabe señalar que no pretende explicar con base en los casos analizados, sino contribuir a comprender tales contradicciones.
Introducción
Durante los sesenta y nueve años comprendidos entre 1928 y 1997, los habitantes de la capital de México no pudieron elegir a sus representantes locales, ya que el partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostenía que votar a un gobernador en el Distrito Federal se contraponía con su carácter de sede de los poderes federales. En consecuencia, el Presidente de la República nombraba a un regente, encargado de administrar bajo su mando la capital del país.
Esta situación se vio modificada a fines de la década de 1990. Primero, desde 1997 se presentó la posibilidad de elegir Diputados Locales y Jefe de Gobierno; posteriormente, en el año 2000, se extendió también a los Jefes Delegacionales. Las reformas que dieron origen a estos cambios constituyeron un paso importante en la democratización del régimen político. Sin embargo, el sistema electoral aún muestra algunas contradicciones importantes entre lo instituido formalmente y lo legitimado de manera informal, entre los principios de la democracia formal y las prácticas políticas que tienen lugar cuando interactúan ciudadanos y partidos; entre estas últimas podemos mencionar las prácticas de tipo clientelar.
Precisamente, Guillermo O’Donnell (1997) argumenta que América Latina adolece de una muy baja institucionalización de su democracia con un escaso y débil alcance, por lo que el lugar de las instituciones ha sido ocupado por otras prácticas informales, pero firmemente arraigadas como: el clientelismo, el patrimonialismo y la corrupción. En particular, el clientelismo ha logrado adaptarse con nuevas derivaciones, a pesar de los avances democráticos registrados en América Latina en las últimas décadas.
El estudio del clientelismo político en México resulta crucial, debido a que se trata de una práctica oculta e informal: se conoce poco sobre sus características y dinámicas. Por tanto, es necesario trazar una nueva agenda con el objetivo de identificar y analizar cómo este fenómeno ha permanecido en los últimos años, pese a que se trata de un problema analíticamente ininteligible, ya que sus muchas dimensiones lo hacen poco aprehensible y dificultan su síntesis en un concepto que lo abarque en toda su complejidad.
En este sentido, el objetivo principal de este artículo consiste en identificar y analizar algunos cambios y continuidades en la vinculación entre el intermediario político1 y los partidos políticos a través de las relaciones de tipo clientelar a nivel local. La pregunta eje es: ¿Cuáles son los cambios o continuidades en la relación entre los intermediarios y partidos políticos en un contexto priísta y en otro perredista? Cabe señalar que la información recabada es el resultado de diez entrevistas semiestructuradas con líderes políticos que en su momento participaron de manera activa en el PRI y, posteriormente, en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), esto en el contexto de las delegaciones Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, ubicadas en la Ciudad de México. La metodología utilizada es de corte cualitativo. Las entrevistas se realizaron en los años 2008 y 2012. Esto fue a través de la técnica de bola de nieve, es decir, fue identificar y entrevistar algunos informantes clave y lograr que ellos a su vez recomendaran a otras personas con el perfil requerido.
1 Entiéndase por intermediario político a aquel actor que vincula y media la relación entre un candidato y/o partido político y los ciudadanos, regulando el intercambio de bienes o servicios por votos y/o apoyo político. También nombrados Capituleros en el Perú de la década del treinta y cuarenta (Stein, 1980), cabo eleitoral en el Brasil desde los treinta en adelante (Conniff, 1981; Mouzelis, 1985: Roniger, 1990; véase también Gay, 1994). Gestor, padrino político o cacique en México en varios momentos de su historia moderna (Carlos y Anderson, 1981; Ugalde, 1973; Cornelius, 1973; Roniger, 1990). Precinct captains en las máquinas políticas de Chicago y otras grandes ciudades norteamericanas (Kornblum, 1974; Guterbock, 1980; Katznelson, 1981; véase también Knoke, 1990). Caudillo barrial en los partidos radical y conservador en la argentina de los veinte y treinta (Rock, 1975, 1972; Walter, 1985; Bitran y Schneider, 1991). Referente o puntero peronista en la Argentina de los noventa. A pesar de que hay significativas diferencias entre ellos, su función es esencialmente la misma, operan como mediadores, como “go-betweens”; intermedian entre sus caudillos, chefes políticos, ward bosses y los clientes (Auyero, 1998b: 58).
El artículo se divide en cuatro secciones: en la primera se realiza un recorrido de las principales reformas electorales a las leyes en la Ciudad de México, lo que dio paso a un sistema de partidos pluralista y competitivo pero que al mismo tiempo ha mostrado que el pasado autoritario no ha terminado de morir y el futuro democrático no ha terminado de nacer; esto se vislumbra por ejemplo a través de las prácticas clientelares que no han desaparecido. En la segunda se describen características y dinámicas de las relaciones clientelares en el contexto del partido hegemónico; así, en la tercera sección se describen y analizan las relaciones clientelares en un contexto de competencia electoral, dichos cambios y continuidades en tales relaciones provienen desde la perspectiva de intermediarios políticos que participaron de manera activa en el contexto priista y en el perredista; finalmente, la cuarta sección presenta algunas conclusiones donde se destaca: el PRI fue considerado como una maquinaria electoral eficaz de movilizar grandes masas de electorado, esto dada la ausencia casi total de competencia, dicho despliegue tenía como propósito legitimar las elecciones; por otro lado, si bien las reformas promovieron una mayor competencia electoral también aumentaron los “donantes”, intermediarios” y “donatarios” que están dispuestos a utilizar prácticas de tipo informal con el objetivo de elegirse o mantenerse en diferentes cargos públicos, dado el contexto electoral cada vez más incierto.
Desarrollo
Principales reformas electorales en el Distrito Federal
En julio de 2018, después de 21 años de mantenerse como la primera fuerza política en el Distrito Federal2, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdió la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a manos de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y su candidata Claudia Sheinbaum. Ahora bien, para llegar a este contexto se ha configurado una transformación electoral, por lo que es necesario detenernos en las principales reformas electorales que han dado paso a este contexto competitivo.
2 La Ciudad de México, o anteriormente conocida como Distrito Federal, está dividida en 16 demarcaciones político-territoriales, oficialmente denominadas como alcaldías. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, elegido cada seis años, ejerce funciones ejecutivas sobre toda la ciudad. Los alcaldes, elegidos cada tres años, ejercen funciones sobre sus respectivas demarcaciones.
En el siguiente apartado realizaré un breve recorrido sobre las principales reformas que han marcado una pauta en la conformación de un nuevo panorama político-electoral en la Ciudad de México, lo que resulta necesario para contextualizar el estudio de caso. En este marco se considera que las reformas que permitieron una mayor injerencia en la elección de autoridades locales es una de las causas probables en el aumento de “donantes”, “intermediarios” y “donatarios”, ya que la disputa electoral se ha dado intensamente a nivel local.
De acuerdo con Juan Hernández (2004:115), desde 1988 el sistema político mexicano ha experimentado cambios graduales en su diseño institucional. Desde la dimensión estructural, estas reformas han generado condiciones para una mayor convivencia democrática, sin embargo, algunas han implicado el reforzamiento de herencias autoritarias como el clientelismo. El signo distintivo de la transición mexicana a la democracia es la apertura política, es decir, la incorporación de nuevos sujetos políticos que le disputaron a la hegemonía priísta el sentido y la simbología política, alguna vez monopolizada y nombrada por un solo sujeto. En 19883 la ciudadanía de la capital de la República jugó un papel protagónico en la creación del Frente Democrático que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia, y, frente a la pasividad del voto en la capital de la República, contribuyó a restarle legitimidad al recién electo gobierno de Carlos Salinas de Gortari (González, 2006: 134-136).
3 Para Larrosa (2006: 221) las elecciones de 1988 evidenciaron la crisis del sistema de representación diseñado 60 años atrás para la Ciudad de México: a cambio de un voto mayoritariamente a favor de la izquierda partidaria y en contra del partido del gobierno; los electores que votaron en una proporción de tres a uno a favor de la izquierda y en contra del candidato oficial.
En 1988 se publicó una adición del libro noveno al Código Federal Electoral, como consecuencia de la reforma constitucional que dio origen a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Este nuevo órgano de representación de la ciudadanía de la capital del país fue dotado con facultades para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de política y buen gobierno, así como para realizar funciones de control de la administración pública en el Distrito Federal y promover la participación y gestoría. Este órgano se integró por 66 representantes, 40 electos por mayoría relativa y 26 por el principio de representación proporcional, mediante el sistema de lista votada en una circunscripción plurinominal. A partir de la creación de la Asamblea de Representantes se desarrolló, paralelamente a las sucesivas reformas electorales en el nivel federal, un ciclo de reformas al régimen jurídico político del Distrito Federal.
Con la reforma electoral de 1989, las campañas adquirieron un perfil de franca disputa y alta competencia interpartidista, garantizándose condiciones de mayor equidad en la contienda y la existencia de árbitros electorales independientes. Esto generó un México más plural y una verdadera disputa por el voto de los ciudadanos entre los diferentes partidos y sus candidatos. El aspecto más novedoso de la reforma de 1989-1990 fue la creación del Instituto Federal Electoral (IFE). Reconocido por la ley como depositario de la autoridad electoral, se constituyó como un organismo público autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Como parte de esta transformación, en 1990 se aprobó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) en el nivel federal. El COFIPE canceló las candidaturas comunes en las elecciones para integrar la Asamblea de Representantes e introdujo una nueva modalidad de cláusula de gobernabilidad, con la que al partido político que obtuviera el mayor número de constancias de mayoría, y cuya votación fuera equivalente a 30% o más de la votación en el Distrito Federal, le serían atribuidos representantes de su lista en número suficiente para alcanzar, por ambos principios, 34 representantes. Adicionalmente, le sería atribuido un representante más por cada cuatro puntos porcentuales que obtuviera sobre 30% de la votación.
Esta modalidad de “escala móvil” correspondía a los cambios introducidos para la integración de la Cámara de Diputados, aunque para ésta se requería 35% de la votación. Según Muñoz (2001: 62), la disposición que ha sido considerada la más controvertida de esta reforma se relaciona con la cláusula de gobernabilidad. En un nuevo intento por asegurar que la mayoría de la Cámara quedara en manos del partido que hubiera obtenido la mayor votación, se modificó el artículo 54 constitucional para incorporar que el partido político que hubiese obtenido el mayor número de constancias de mayoría, y una votación equivalente al 35% del total, no sólo se le otorgarían los diputados necesarios para completar 251 curules como preveía la legislación de 1986, sino que, además, por cada punto porcentual obtenido por encima del 35% de la votación, le serían asignados dos diputados más. En caso de que un partido alcanzara el 60% de la votación, está cláusula no se aplicaría.
Esta disposición fue modificada nuevamente en 1993. A diferencia de lo ocurrido para la integración de la Cámara de Diputados, en el caso de la Asamblea de Representantes se mantuvo la cláusula de gobernabilidad. No obstante, se fijó en 41 el tope máximo de representantes que por ambos principios pudiera obtener un partido, es decir, 63% de los miembros de la Asamblea. Asimismo, la Asamblea de Representantes obtuvo facultades legislativas sobre diversas materias locales.4 Entre otros aspectos, se facultó al Congreso de la Unión a expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; a continuar legislando en el ámbito de la capital de la República, con excepción de las “materias reservadas a la Asamblea de Representantes”; y a aprobar anualmente los montos de endeudamiento del gobierno de la entidad. La Cámara de Diputados perdió la facultad de aprobar el presupuesto de Egresos del Distrito Federal, ya que esta función la desarrollaría la Asamblea de Representantes. Se creó la figura de Jefe del Distrito Federal, cuyo nombramiento seguiría un rebuscado procedimiento. Correspondería al Presidente de la República hacerlo, seleccionando entre los representantes de la Asamblea, Diputados Federales o Senadores electos en la entidad, que pertenecieran al partido político que por sí mismo obtuviera el mayor número de asientos en el constituyente local. La ratificación del nombramiento sería facultad de la Asamblea. Si ésta tampoco lo ratificara, entonces el Senado haría el nombramiento definitivo. De acuerdo con un artículo transitorio, el primer nombramiento del Jefe del Distrito Federal se efectuaría en diciembre de 19975, para que concluyera su gestión en diciembre de 2000. Sin embargo, este procedimiento nunca llegó a aplicarse, ya que fue desechado por una nueva reforma en 1996 (González, 2006: 134-136).
4 Entre las facultades de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal se incluyeron: expedir su ley orgánica; aprobar anualmente el presupuesto de egresos del Distrito Federal; revisar la cuenta pública del año anterior; expedir la ley orgánica de los tribunales de justicia del Distrito Federal y la del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; presentar iniciativas de ley o decretos ante el Congreso de la Unión en materias relativas al Distrito Federal; legislar en el ámbito local en diversas materias, entre ellas, administración pública local; presupuestos, contabilidad y gasto público; regulación de su contaduría mayor; bienes del dominio público y privado; servicios públicos; justicia cívica; participación ciudadana, entre muchos otros. En: Ramírez, Guillermo (comp.) (1993). La reforma política de la ciudad de México.
5 Una de las contribuciones más importantes de la reforma es que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal sería electo por votación universal, libre, secreta y directa, y que la primera elección de Jefe de Gobierno se efectuaría en 1997, con la salvedad de que el primer periodo duraría tres años, con el propósito de que en 2000 se eligiera un nuevo titular que duraría seis años. No obstante, la Cámara de Senadores podía remover al Jefe de Gobierno “por causas graves que afecten la relación con los poderes de la Unión o el orden público de la entidad”. Si esta situación se presentara, el Presidente de la República propondría al Senado a quien debiera sustituir al funcionario removido. En caso de falta absoluta de Jefe de Gobierno, sería el órgano legislativo local el encargado de hacer la designación del sustituto para concluir el periodo de su antecesor.
La Asamblea de Representantes cambió su nombre por el de Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Mantuvo su composición de 40 legisladores por mayoría y 26 de representación proporcional, ahora llamados diputados en vez de representantes. Estas nuevas nominaciones correspondieron al incremento de las facultades del órgano legislativo, entre ellas aprobar la legislación electoral local. No obstante, la Asamblea sólo ejercería aquellas facultades que le serían expresamente conferidas, ya que las demás seguirían correspondiendo al Congreso de la Unión. Según Facundo González (2006: 139-140) la Asamblea mantuvo un estatus jurídico menor que los congresos locales, esto lo muestra el hecho de que no participaría en el procedimiento de reformas constitucionales.
Cabe señalar que con la reforma de 1996 se redujeron los requisitos de afiliación que debía llenar cualquier partido político que aspirara a obtener su registro como partido nacional. Así, debería contar con al menos 3,000 afiliados, distribuidos en 10 entidades o 300 distritos electorales. El número total de afiliados no podría ser menor a 0.13% del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior. En contrapartida, se elevó el porcentaje de la votación mínima requerida para conservar el registro, que era de un 2% de la votación nacional emitida (frente al 1.5% que regía previamente). El acceso a la representación proporcional en las dos cámaras que integraban el Congreso federal se condicionó a la obtención del mismo 2% de la votación nacional.
Otras cuestiones relevantes acerca de la integración del Poder Legislativo son las siguientes: en el caso de la Cámara de Diputados se mantuvo el número fijo de 500 curules, 300 disputadas por el principio de mayoría relativa y 200 por el de representación proporcional. Pero se fijaron dos limitaciones: a) ningún partido político podría contar, en ninguna circunstancia, con más de 300 diputados; y b) ningún partido podría tener un porcentaje de diputados mayor en 8% a su porcentaje de votación a nivel nacional, a menos que esa diferencia la hubiera obtenido mediante triunfos en distritos de mayoría relativa.
El 6 de julio de 1997, después de casi siete décadas, la ciudadanía eligió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, triunfando ampliamente Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD. Esta fuerza electoral obtuvo, además, la mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es a partir de las elecciones locales de 1997 que se experimenta por primera ocasión la alternancia política, consumando la llegada de la izquierda política al poder, con el triunfo del PRD.
En 1998, los partidos proponen nuevas reformas a fin de restar facultades al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión en materia de nombramientos y de control de la hacienda pública local; además se crea el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). El 26 de noviembre de 1998 se promulgó la nueva Ley de Participación Ciudadana y el 4 de julio de 1999 se llevó a cabo un nuevo proceso para la elección de los Comités Vecinales, como las principales instancias de representación de la ciudadanía. Sin embargo, para Alicia Ziccardi (2001: 69-70), las autoridades delegacionales y el propio gobierno central no mostraron gran interés porque la ciudadanía participara activamente en este proceso. Cabe mencionar que participó menos del 10% de los ciudadanos, hecho derivado de la falta de credibilidad en estos canales de participación creados institucionalmente.
En las elecciones federales del 2 de julio de 2000 se eligió por segunda vez al Jefe de Gobierno, refrendando el PRD con su candidato Andrés Manuel López Obrador con un triunfo en el ejecutivo local, aunque en esta ocasión el partido perdió la mayoría en la ALDF. Por primera vez la ciudadanía eligió también a los jefes de las 16 demarcaciones o delegaciones. El PRD obtuvo 10 delegaciones, el Partido Acción Nacional (PAN) 6 y el PRI ninguna.
Para Manuel Larrosa (2006: 222) la transformación del régimen político de la Ciudad de México, que tuvo lugar entre 1985 y 2006, se debe en gran medida a las decisiones que los ciudadanos tomaron en uso de su capacidad de actores como portadores de idearios y preferencias políticas que lograron hacer efectivas en los gobiernos electos por ellos.
Como se ha podido observar en este recorrido, la llamada transición democrática consistió en un conjunto de sucesivas reformas a las leyes, las instituciones y las prácticas electorales que permitieron que el sistema de partido hegemónico diera paso a un sistema de partidos pluralista y competitivo. Ahora bien, desde el punto de vista de Facundo González (2006: 87-88), a pesar de dichas reformas el pasado autoritario no ha terminado de morir y el futuro democrático no ha terminado de nacer, ya que al tiempo que la democracia mexicana está enfrascada en resolver los retos asociados a su infancia y juventud, también ha tenido que enfrentar los desafíos propios de las democracias longevas, relativos a la pérdida de credibilidad en la representación política y el debilitamiento de la confianza en los partidos.
En este marco, la actual Ciudad de México constituye un caso especialmente interesante, ya que el sistema electoral aún muestra algunas contradicciones importantes entre lo instituido formalmente y lo legitimado de manera informal; entre los principios de la democracia formal y las prácticas políticas que tienen lugar cuando interactúan ciudadanos y partidos, entre estas últimas podemos mencionar las prácticas de tipo clientelar, eje del presente artículo.
El papel de la relación clientelar en un contexto priista
Si retomamos la definición de clientelismo presentada por Jorge Audelo (2007: 63), como las relaciones informales de intercambio recíproco y mutuamente benéfico de favores entre dos sujetos basada en una vínculo instrumental, desigual, de diferencia de poder y control de recursos, y en las que existe un patrón y un cliente: el patrón proporciona bienes materiales, protección y acceso a diversos recursos, y el cliente ofrece a cambio servicios personales, lealtad, apoyo político y votos7, podemos afirmar entonces que las relaciones políticas existentes entre el PRI, las autoridades municipales y las organizaciones campesinas y populares eran eminentemente clientelares.
7 Definición de Jorge Audelo (2007) con base en: René Lemarchand y Keith Legg, “Political Clientelism and Development: A Preliminary Analysis”, Comparative Politics: núm. 4, 1971, pp. 149-179; Carl H. Landé, “Political Clientelism in Political Studies, Retrospect and Prospects”, International Political Science Review: núm. 4 (4), 1983, pp. 435-454; y Steffan Schmidt et al. (eds.), Friends, Followers and Faction. A Reader in Political Clientelism. Berkeley, University of California Press, 1977, pp. 13-20.
Por su parte, Jorge Romero (2007: 5) refiere que el régimen del PRI fue la expresión institucionalizada de ese arreglo político basado en el intercambio de protecciones particulares por apoyo político, del reparto de rentas públicas para beneficio de grupos particulares –clientelas–, a cambio de consentimiento del dominio; de favores por votos. Las prácticas políticas ancestrales se combinaron con las nuevas con el corporativismo gremial.8 Esa institucionalización se articulaba como una compleja red en la organización del partido del régimen, maquinaria de intermediación política de estructura descentralizada, pues sus diversas expresiones específicas: uniones de crédito, comisariados ejidales, comisariados de bienes comunales, ligas de comunidades agrarias, secciones sindicales, centrales obreras, por mencionar las más conocidas, negociaban con las expresiones correspondientes de la clase política (los militares primero, los burócratas después) de acuerdo con su tamaño, con su fuerza y representatividad.
8 En México, la teoría del neocorporativismo se sustentó como modelo explicativo del régimen autoritario que el país vivió por años, por lo que la noción de corporativismo estatal fue central en los análisis del sistema político mexicano. Los principales trabajos sobre corporativismo estatal están orientados a la aceptación del absoluto control del aparato burocrático estatal sobre las estructuras de la sociedad. Un corporativismo “fundado en un autoritarismo patrimonialista, centralizado y autoritario en donde las capacidades de negociación de los actores sociales estaban altamente restringidas por el Estado mismo” (Ortega, 1997: 37-53). Ortega (1997) plantea que fueron dos elementos principales los que limitaron los alcances explicativos de este concepto: 1) una visión estatista sobre la subordinación de los intereses de la sociedad a los intereses del Estado y 2) la visión del corporativismo sólo como un sistema de intermediación de intereses y no a la vez como un sistema generador de un determinado tipo de políticas públicas. Al asumir que un sistema autoritario, patrimonialista y clientelar era la raíz del corporativismo mexicano, la posibilidad de transformación radicaba en un cambio en las estructuras políticas y económicas del régimen que permitiría una transformación automática en las relaciones entre Estado y sociedad. Citado por Zaremberg (2006: 24), en: ¿Corporativismo informal? Organizaciones de ambulantes y partidos políticos a partir de la alternancia electoral en México, Distrito Federal (2000-2004).
El régimen posrevolucionario articuló a las diversas expresiones de la desigualdad del país en un sistema de intermediaciones institucionalizadas que constituyeron una suerte de clientelismo de Estado. Así, se consolidó un sistema de relaciones en el que los distintos grupos sociales promovían sus intereses, con reacomodos continuos en los que median los poderes públicos, en un equilibrio del que todos sabían que dependía la estabilidad política que les servía de base; la interlocución se realizaba a través de organizaciones clasistas reconocidas jurídicamente por el Estado y, en el fondo, de los círculos de dirigentes encargados de representarlos y de tratar lo que toca a sus intereses. Una vez consolidado el presidencialismo de la época clásica del régimen del PRI, los grupos de lealtad política se articulaban en torno a parcelas determinadas de rentas del Estado (una secretaría, una empresa paraestatal, el gobierno de un estado, una presidencia municipal) mientras que los programas sociales y las dádivas directas se utilizaron como mecanismo de inclusión de las masas en la política. Según Romero (2007: 11-14), en unos tiempos en los que el voto no contaba, la movilización de multitudes a través del acarreo de clientelas, con frecuencia formadas por los más pobres y a cambio de la comida del día, se convirtió en la representación ficticia del apoyo popular.
En el caso mexicano, hay dos estudios que han marcado un claro precedente sobre la importancia e influencia del intermediario político. El primero de ellos fue realizado por Wayne Cornelius titulado Los inmigrantes pobres en la Ciudad de México y la política,9 el autor se centra en conocer cuál es el proceso por el que un individuo forma una imagen de la política y del sistema político, y asume un papel de participación o de no participación en la actividad. Cornelius encontró que para una gran proporción de inmigrantes de bajos ingresos en las ciudades hispanoamericanas, la comunidad local proporcionaba las “guías” más importantes para las actitudes y el comportamiento político, además de que las condiciones de vida locales y la situación de la tenencia de la terrenos contribuían a determinar las necesidades y problemas que percibían como posibles de ser solucionados por la acción del gobierno, ya que los líderes de la comunidad y las juntas de mejoramiento interesados en tales problemas desempeñaban con frecuencia un papel extremadamente importante en el aprendizaje político. Lo anterior debido a que proporcionaban oportunidades para la participación en actividades políticas e influían en la formación de las percepciones del sistema político. Así, algunas de las experiencias más importantes del aprendizaje político de los residentes de la comunidad urbana local eran obtenidos durante la interacción de ésta con los organismos políticos y gubernamentales (1986: 22).
9 Las comunidades seleccionadas para la investigación están esparcidas en toda la periferia de la zona urbana. Incluyen tres asentamientos paracaidistas en diferentes niveles de desarrollo (Colonia Nueva, Colonia Periférico y Colonia Militar), un fraccionamiento para personas de bajos ingresos (Colonia Texcoco) y dos diferentes tipos de comunidades iniciadas por el gobierno (Colonia Esfuerzo Propio y Unidad Popular).
De igual forma Cornelius identificó que el apoyo al gobierno y en particular al PRI, se debía no sólo a la gratitud por cualquier beneficio que hubieran recibido, sino también a las recompensas adicionales que a través de este apoyo podrían obtener. Muchos ciudadanos suponían, o eran convencidos por sus líderes locales, que las oportunidades de sobrevivencia de su comunidad y de ayuda por parte del gobierno podían disminuir gravemente si no demostraban su apoyo al régimen (1986: 66).
Cornelius denominó como cacique a aquella persona que cumplía con la función de negociador o intermediario político, es decir, intervenía de varias maneras entre sus seguidores y los niveles de autoridad más elevados. Representaba a su comunidad ante los funcionarios supralocales y tenía la responsabilidad de exponer las demandas y quejas de sus seguidores a esos funcionarios. Asimismo, era el principal responsable de informar a los residentes de la comunidad de los programas o acciones del gobierno que los afectarán individual o colectivamente. El cacique, como mediador, procuraba tener el monopolio de todos los nexos entre la comunidad que controlaba y las estructuras políticas y burocráticas del medio exterior. Se esforzaba por presentarse como el único intermediario reconocido oficialmente y, por lo tanto, como la única persona en posición de trabajar productivamente con el gobierno para mejorar la comunidad. Además, procuraba reducir a un mínimo los contactos directos entre sus seguidores y los funcionarios públicos, a menos que él participará como intermediario o movilizador político. El cacique tenía una relación de dependencia con uno o más patronos dentro de las estructuras del gobierno o del PRI. Con frecuencia éstos eran funcionarios de alto nivel en varias oficinas de gobierno de la ciudad y del partido oficial que se ocupaban de los problemas de los sectores de bajos recursos en el entonces Distrito Federal. Cornelius señala que como en todas las relaciones de dependencia, los nexos entre un cacique y sus benefactores externos se fundamentaban en un intercambio recíproco de bienes y servicios que tenían valor para ambos. El cacique dependía de sus patrones para acelerar las acciones administrativas favorables para la colonia y mantener de este modo una corriente aceptable de beneficios materiales para la comunidad (1986: 152-181).
El segundo estudio al que hicimos referencia es el realizado por Larissa Lomnitz que se encuentra en una compilación titulada Redes sociales, cultura y poder: Ensayos de antropología latinoamericana. En este libro encontramos dos capítulos10 que son complementarios entre sí y que se encaminan a responder a la pregunta: ¿Cuáles son los mecanismos que permiten a millones de latinoamericanos, básicamente huérfanos de toda protección social, subsistir en barriadas a pesar de una notoria falta de ahorros y aptitudes para ganarse la vida en un medio urbano industrial? La autora demuestra que son las redes de intercambio desarrolladas por los pobladores las que constituyen un mecanismo efectivo para suplir la falta de seguridad económica que prevalece en la barriada. Estas redes representan un esquema de organización social, aparecen junto con la condición de marginalidad y desaparecen cuando los marginados logran integrarse al proletariado urbano. Lomnitz encuentra que a falta de instituciones centralizadas, la organización de la barriada comporta ciertos tipos diferentes de agrupaciones: a) Redes familiares. Las redes incluyen a los miembros de una familia extensa o compuesta, pueden asimilar vecinos a través de compadrazgo; b)Equipos de fútbol; c) El centro de salud. Organizado y financiado por un grupo de damas de clase media residentes de una colonia vecina; d) Asociaciones temporales; por ejemplo, peregrinaciones (1994: 68-69). La autora argumenta que un número muy pequeño de pobladores pertenecía a algún grupo organizado a escala nacional, sea de tipo político, religioso o social.
10 “Supervivencia en una barriada en la Ciudad de México” y “Mecanismos de articulación entre el sector informal y el sector formal urbano”. Compilados en: Lomnitz, Larissa (1994). Redes sociales, cultura y poder: Ensayos de antropología latinoamericana. México: Editorial Porrúa y FLACSO-México.
Lomnitz encontró en su estudio de caso, la Cerrada de Cóndor, redes definidas por criterios de proximidad, distancia social e intercambio de bienes y servicios. En el interior de cada red se producía una alta intensidad de intercambio recíproco de bienes y servicios (1994: 70-73). La base económica de las redes es el intercambio de bienes y servicios entre sus miembros: cuando cesa este intercambio la red se desintegra. De esta forma Lomnitz identificó que la intermediación representa una institución sumamente importante para el sector informal. Los intermediarios sirven para articular la política y la economía informal de la marginalidad con las instituciones formales, el rol del intermediario es esencial para interconectar ambos sistemas. Asimismo, encontró que los intermediarios no tienen movilidad social ascendente, ya que los intermediarios de las barriadas o del sector marginal en general, controlan las articulaciones entre su propio grupo social y las instituciones formales de afuera –así mantendrá su status quo–; todo intermediario está interesado en hacerse invisible (1994: 127-129).
Las investigaciones de Cornelius (1986) y Lomnitz (realizado entre 1969 y 1971 –publicado en 1994–) permiten remontarnos a los antecedentes en el estudio de los procesos de intermediación y liderazgos locales o caciques en el contexto mexicano durante el régimen priísta. Es decir, ambos trabajos se enfocan al estudio del clientelismo a nivel local, precisamente ese es el objetivo del siguiente apartado donde se explorara si hay diferencias sustantivas en las dinámicas y prácticas utilizadas en un contexto de mayor competencia electoral.
Clientelismo político en un contexto de competencia electoral (PRD)
Los estudios de caso sobre el clientelismo en México y América Latina han demostrado la capacidad de adaptación y pragmatismo que se dan en las relaciones clientelares en contextos de democratización. A esto le podemos añadir el hecho de que el intercambio de votos por favores es potenciado en las zonas de mayor competencia partidaria, lo cual nos habla de la importancia que el fenómeno adquiere en la lógica de competencia, como un mecanismo que es fomentado por los partidos en aquellas áreas donde la propia competitividad hace necesario conseguir votos “como sea”.
María Magdalena Tosoni (2007) señala que, para el caso de la Ciudad de México, “el aumento de la competencia electoral y el acceso de otros partidos políticos al gobierno implicaron dos transformaciones en el clientelismo político: una cuantitativa, que se manifiesta en la extensión de prácticas en todos los partidos; y otra cualitativa puesto que se pasó del predominio de una modalidad institucional a una densa. Al generalizarse la estrategia de intercambiar favores por votos, aumentó la concurrencia de “intermediarios” y “donatarios”, obligando a que partidos políticos, líderes y pobladores multipliquen la oferta de recursos para ganar aliados” (Tosoni, 2007: 66). En síntesis, lejos de desaparecer, las prácticas clientelares se transformaron.
De este modo, los intermediarios políticos aparecen como uno de los elementos integrantes del sistema político y se sitúan mediando entre dos unidades: una localizada en la sociedad civil y otra en el Estado. Por lo que observar su comportamiento en la resolución de problemas resulta de una gran utilidad estratégica para comprender el funcionamiento del sistema político.
Tosoni (2007) considera que el estudio del clientelismo político y sus transformaciones desde el lugar de los “clientes” y “mediadores” ofrece la posibilidad de visualizar la complejidad del proceso de democratización en la Ciudad de México como resultado de pugnas y alianzas entre agentes activos y reconocer que los riesgos generados –compromisos débiles, divisiones, enfrentamientos, apatía, aplicación directa de la fuerza física y sobornos– son las “consecuencias no buscadas” de la apelación al intercambio de favores por votos “explícito” y durante “lapsos reducidos”. Es por ello que el objetivo principal del presente artículo radica en analizar algunos cambios y continuidades en la relación de tipo clientelar a nivel local entre el intermediario político, partidos políticos y los ciudadanos, tal y como se desarrollará en el siguiente apartado.
Percepción de los cambios y continuidades en las relaciones de intermediario-patrón-clientes
Una vez realizado un recorrido por las principales reformas electorales en la Ciudad de México, lo cual ha dado paso a un sistema de partidos pluralista y competitivo, y una vez que se han caracterizado las dinámicas de las relaciones clientelares en un contexto de partido hegemónico, a continuación se explorará la percepción sobre los cambios o continuidades de este tipo de relaciones en un contexto de competencia electoral, esto desde el punto de vista del intermediario político.
Iniciación
Como ya se mencionó previamente, a continuación se presentarán argumentos que permiten vislumbrar algunos cambios y continuidades en la relación intermediario-patrón, en dos momentos: el periodo priísta y el periodo perredista en las demarcaciones de la Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, ambas en la Ciudad de México.11
La entrevistada núm. 412 afirma que se inició como intermediaria con el PRI a través de la invitación de una amiga. Considera que durante el periodo priista, el intermediario era quién invitaba a sus vecinos a las reuniones con el o los candidatos. De igual forma, señala que durante esa etapa las mujeres no eran del todo integradas en el partido:
(…) íbamos porque nos invitaban, por las mejoras en la colonia, porque iban a haber cambios que nunca se dieron, nunca los vimos, las mujeres nos involucrábamos muy poco, creo que eran más los hombres, las mujeres estábamos más al margen; con el PRI no nos integrábamos de lleno. En cuanto el acarreo, siempre ha existido, el acarreo es ´yo te prometo, yo te voy a dar una despensa, pero necesito que estés aquí, necesito que vayas y votes´, ese es el acarreo, ese nunca va a cambiar, sigue existiendo ahora como antes.
11 Este apartado se basa en el trabajo de campo realizado en el marco de la tesis de maestría titulada: Entre el cliente y el patrón: la intermediación política en los periodos de latencia. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede México y de la tesis doctoral titulada El clientelismo en México: un estudio de caso en el Distrito Federal, en la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa. Doctorado en Estudios Sociales, línea de Procesos Políticos, ambos de mi autoría.
12 Entrevista realizada por Elizabeth Cobilt Cruz a entrevistada #4, 12 de mayo de 2008, Delegación Magdalena Contreras, Ciudad de México, México. Todas las entrevistas utilizadas en este documento fueron realizadas por la autora del mismo.
En contraste con su propia definición de acarreo, para la entrevistada núm. 4 lo que otras corrientes o partidos políticos actualmente le llaman ‘acarreo’ para ella “no es acarreo, sólo se facilita el transporte; sólo queremos que nuestro vecino o vecinita vaya más cómoda y llegue a tiempo al punto de reunión. Ahora la diferencia consiste en que esas personas van por propia voluntad”.
Para la entrevistada núm. 1, quien participó de manera activa y vinculada con el PRI durante cuatro campañas electorales, señala:
En esa etapa nos invitaban y nos decían: quiero que me apoyes con tu gente de más confianza –inclusive a veces si ellos pensaban que iban perdiendo nos daban dinero para pagar el voto, la verdad– y por la necesidad, la gente accedía.13
13 Entrevistado #1, 18 de febrero de 2008, Delegación Magdalena Contreras, Ciudad de México, México.
Desde la perspectiva de la entrevistada núm. 1, el trabajo que realizaba en la campaña electoral para el PRI: “no teníamos mucho apoyo, nada más nos decían ´te venimos a invitar porque estamos en campaña, quiero que me eches la mano con tus vecinos´, pero jamás nos tomaron en cuenta, nunca nos dieron un quinto para nosotros”.
Cabe señalar que los entrevistados que, en un principio participaron directamente con algún candidato o con un equipo de trabajo relacionado con el PRI, señalan que determinaron integrarse al PRD principalmente al no ver concretadas sus expectativas laborales o políticas.
Yo llevaba años cumpliéndoles, me ponían a trabajar, no me daban un quinto y no me dieron empleo cuando ganaban en las campañas en las que participé. Entonces, decidí salirme de esto, pero después unos compañeros que estaban en el PRD me animaron a participar en la campaña del candidato a delegado; él vino a la casa, habló conmigo y así volví a empezar.14
Otros entrevistados participaron más de manera indirecta, tal fue el caso de la entrevistada núm. 7.
(…) yo no fui directamente enlace del PRI, yo lo viví por medio de otro líder; él nos invitaba a participar si llegaba un candidato, normalmente llegaba a la casa de él y nos invitaba: ´¡a ver flaca necesito que me pongan… una cazuela de arroz, unas salsas, dos refrescos o agua!´ nos invitaba de esa forma. Posteriormente, cuando se venían las elecciones nos decía: ´¡échenme la mano no sean malitas, vamos a repartir botes para la leche!´ y pues íbamos y dábamos los botes para la leche. Había una sola reunión que se hacía en la esquina de esta misma calle, dos meses o un mes después ya se hacían las elecciones y fabuloso, siempre ganaba el PRI. Antes al político se le hacía más reverencia, antes llegaba un candidato o hasta un triste licenciado –y quién sabe si era o no licenciado, porque antes se decían licenciados y después resultaba que no eran– y la gente estábamos más acostumbrados a rendirles y ahora la principal diferencia es que si viene un candidato expresamos, cuestionamos.15
14 Entrevistado #6, 15 marzo de 2012, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México.
15 Entrevistado #7, 8 de abril de 2012, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México.
Asimismo, asegura que el líder del priísmo era una persona que no permitía que los vecinos se expresaran en las reuniones “casi siempre ellos tenían la palabra, decían lo que se iba a hacer; él hable, y hable, y hable”. Actualmente labora como intermediaria con el PRD y dice que su participación ha sido mucho más activa a diferencia de con el PRI: “ahora nosotros hacemos la diferencia porque permitimos que primero se expresen las personas… ya sea bueno o malo”.
La entrevistada núm. 3 coincide en que la principal diferencia entre el PRI y el PRD radicó en sentirse tomada en cuenta.
Con el PRI nunca fui servidora pública de lleno, nunca nos tomaron en cuenta, en que dijeran ´tú me sirves para estar acá en la delegación´ y hasta ahorita sí te puedo decir que me siento muy satisfecha porque con el candidato que apoyé del PRD nos dice ´tú te fregaste, tú tienes derecho de compartir con nosotros el pastel´ y a mí me parece muy bien porque él no echó en saco roto lo que tú te fregaste con tu comunidad y el PRI nunca nos dio nada.
16 Entrevistado #3, 12 de marzo de 2008, Delegación Magdalena Contreras, Ciudad de México, México.
Recursos
En cuanto al tema recursos, hay dos posturas claramente expresadas por los entrevistados. La primera es de aquellos intermediarios que consideran que con el PRI recibían mayor atención17 y, por tanto, soluciones a las problemáticas que exponían, en comparación con el PRD.
La desventaja es que a veces los gobiernos o incluso los mismos compañeros que hoy ocupan cargos administrativos en el PRD a veces son los que menos nos resuelven, yo tuve la oportunidad de hacer gestión con los gobiernos priistas y a veces nos respondían mejor o nos resolvían más, a lo mejor porque como éramos oposición se sentían más obligados o podíamos hacer más presión y decir ´si no me resuelves vengo y te tomo la delegación´ o ´vengo y te cierro tu changarro´; ahora no, ahora desafortunadamente como somos parte de lo mismo es más complicado decirle a alguna área del gobierno ´vengo y te cierro´ porque ¿cómo un perredista le va a ir a cerrar a otro perredista? Esto se vuelve más complicado, es una desventaja porque tenemos que cuidar mucho el tema político y no podemos manifestarnos libremente.18
17 Es el caso de los entrevistados #2, #5 y #8. Entrevistado #2, 3 de marzo de 2008, Delegación Magdalena Contreras, Ciudad de México, México. Entrevistado #5, 20 de junio de 2008, Delegación Magdalena Contreras, Ciudad de México, México. Entrevistado #8, 17 de abril de 2012, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México.
18 Entrevistado #9, 30 de abril de 2012, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México.
En contraste a esta postura, para el entrevistado núm. 10 el gobierno priista en su demarcación sólo prometía y no solucionaba los problemas.
Abusaban de la confianza de la comunidad, siempre eran engaños, nos prometían algo y no lo daban. En la actualidad el alcalde me dice: ´cuántos juguetes quieres para tus niños´. Ahorita por ejemplo que tenemos lo de las despensas, tenemos 24 grupos estamos dando aproximadamente 1,240 despensas (a puro adulto mayor y personas con discapacidad) y para nosotros todos son iguales, no nos quedamos con nada; nos pasa lo del burro que carga agua, cargado de agua pero muerto de sed, siempre hemos dado todo, no nos gusta prometerle a la gente algo que no podemos dar, le damos lo que nosotros tenemos a nuestro alcance.19
En este sentido el entrevistado núm. 3 coincide con el entrevistado núm. 10 y comenta que:
En esta administración sí ha cambiado, porque yo veo una anomalía y de volada me contacto con la persona indicada y sé que me lo van a hacer, pero antes no lo podías hacer y estabas en la incertidumbre de ´a ver si me lo hacen´; gestiono y a ver si se acuerdan de mi petición´; porque podías decirlo pero no tenías el sartén por el mango y ahorita sí dices: ´yo tengo mi amigo, tengo mi compañero, mi conocido y sé que me va a hacer caso´.
Otro aspecto relevante que surgió de las entrevistas es el mayor control y regularización de los recursos que se otorgan.
Antes, cuando yo era líder iba y les decía yo necesito 500 balones, 300 pelotas, 100 muñecas y me llevaban todo un carro. Ahorita no, porque ahora te acompaña una persona a entregarlas y antes no venían y te los entregaban a ti, y tú tenías que hacer el uso como tú quisieras, entonces 50 para mis hijos, 50 muñecas para acá…. Y entonces te quedabas con un 50% y nadie te vigilaba.20
19 Entrevistado #10, 13 de junio de 2012, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México.
20 Entrevistado #9, 30 de abril de 2012, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México.
Al respecto la entrevistada núm. 7 coincide con lo señalado por la entrevistada núm. 9 en relación a la poca regulación de los recursos que había durante los gobiernos priistas.
Venías a la delegación y sí te tomaban en cuenta tus incidentes, tus peticiones; sí te hacían valer eso, pero lo que no me gustaba en ese tiempo eran los líderes, los líderes se quedaban con todo, entonces eso no es. Ahorita a esta altura los líderes que estamos, no queremos ser iguales a cuando era el PRI, porque ahorita a nosotros nos dan algo para nuestra comunidad y se los hacemos llegar; lo poco o mucho que nos den siempre estamos con la comunidad. En cambio antes, la diferencia era que las líderes se quedaban con todo y eso a mí no me gusta.
En síntesis se puede observar que prácticas como el “acarreo” sigue prevaleciendo en ambos contextos, aunque la percepción de esta práctica puede variar según el tipo de participación del intermediario. Es importante señalar que algunos de los entrevistados refieren que en la etapa priista no llegaron a sentirse totalmente integrados, ya que comúnmente eran buscados sólo cuando se acercaban las campañas electorales. También refieren que al concluir las elecciones, aún y cuando ganaran, ellos no recibían propuestas laborales o apoyos económicos por parte del PRI por la labor realizada. Aunado a lo anterior, refieren que la dinámica de trabajo en el partido era menos democrática al interior debido a que no se les permitía opinar o disentir.
En cuanto a los recursos hay dos posturas claras: en la primera algunos afirman que con el PRI recibían mayor atención en la solución de problemas en comparación con el PRD, también se afirma que prácticamente no había control de los bienes o recursos entregados; en la segunda algunos entrevistados afirman que el PRD les ha dado recursos por la labor desempeñada o incluso les han realizado ofertas laborales cuando los resultados han sido favorables al partido. También afirman que hay un mayor control de los bienes o recursos dados.
A manera de conclusión
Es importante señalar que el clientelismo fue parte constitutiva del sistema político mexicano durante el régimen priista. A través de corporaciones sindicales, organizaciones populares y cacicazgos tradicionales, el partido oficial, el PRI, fue considerado como una eficaz maquinaria electoral capaz de movilizar a grandes masas de electorado localizadas entre los sectores rurales y pobres. Dada la ausencia casi total de competencia, este despliegue no tenía como propósito ganar elecciones sino legitimarlas a través de la movilización efectiva de los ciudadanos más o menos cautivos. Precisamente, algunos de los entrevistados refieren que no se sentían integrados del todo en el partido, ya fuera por su condición de género o porque no recibían algún apoyo económico u oportunidades laborales para ellos, pese a apoyar al partido. Aunado a lo anterior, también refieren que en ese entonces los ciudadanos estaban más acostumbrados a “rendirles” a los políticos, a diferencia de la actualidad, donde incluso se atreven a cuestionarlos.
En la actualidad este tipo de prácticas –utilizadas por diferentes partidos políticos, entre ellos el PRD– no distan significativamente de las usadas por el PRI en aquel entonces, idea que es compartida por los entrevistados ya que afirman que el “acarreo” sigue presente en la política a nivel local. Si bien, los recursos han sido y siguen siendo fundamentales para la construcción y la reproducción de la relación clientelar, es esencial considerar que no es el único factor que puede asegurar reciprocidad entre las partes, por lo que, podemos confirmar lo señalado por Günes-Ayata (1998) en relación a que el factor más importante en la recurrencia del clientelismo es la generación de expectativas y de esperanzas; el sentimiento que el individuo tiene de ser protegido por algún “patrón”, sea éste un individuo o una organización. Consideramos, que en este nuevo clientelismo hay, entonces, algo más que favoritismo-nepotismo, distribución particularista de recursos o engaño ideológico a favor de los intereses de las élites políticas y económicas.
Parece que las reformas que han permitido una mayor injerencia en la elección de autoridades locales es una de las principales causas del aumento de “donantes”, “intermediarios” y “donatarios”.Incluso puede considerarse que estas reformas agilizaron una competencia entre los partidos políticos en la Ciudad de México, ya que al existir la posibilidad de elegir a estas autoridades locales se generan motivaciones fuertes en los actores políticos para elegirse y posteriormente mantenerse en el poder, por lo que el clientelismo político es una de las tantas alternativas para lograr su objetivo. Ahora bien, la
competencia electoral transformó en inciertos los resultados electorales no sólo para el PRI, sino para todos los partidos políticos.
Podemos concluir en que a pesar de que en el Ciudad de México, así como en sus alcaldías ha ocurrido un desarrollo social, económico y político, el clientelismo no ha desaparecido. Pareciera que fenómenos y hechos como la apertura política, las renovadas reglas de la competencia electoral, la llegada del pluripartidismo, el nuevo mapa de la distribución del poder y la redefinición de las relaciones entre los poderes públicos hubieran encontrado un límite a la consolidación y expansión en los núcleos del poder clientelar y corporativo.
Agradezco las aportaciones de los lectores anónimos. De igual manera mi más sincero agradecimiento a la Dra. Mariela Díaz Sandoval, Profesora-Investigadora del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero, por su lectura crítica y retroalimentación.
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