Yeri Paulina Mendoza Solís / Doctora en Antropología y Maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
El trabajo analiza los cambios y desafíos generacionales que han vivido familias campesinas de la región fronteriza de la selva Lacandona en el marco de las políticas de desarrollo, gobernanza ambiental y construcción de poderes autónomos. El estudio se realizó bajo una metodología cualitativa de corte antropológico, a partir de trabajo de campo, entrevistas y revisión de fuentes documentales. El artículo argumenta que las transformaciones en las políticas de desarrollo en la selva Lacandona y los procesos de agenciamiento social del territorio se han vivido de forma diferenciada en términos generacionales, lo que ha conllevado el desafío de crear, impulsar y repensar estrategias emergentes de organización social y productiva, desde miradas intergeneracionales.
Introducción
Durante las primeras décadas del siglo XXI la autonomía se ha convertido en un tema central en la vida política de América Latina, no solamente desde el campo de los movimientos sociales y los procesos de formación de sociedad civil, los cuales históricamente han generado poderes ciudadanos y formas de organización independientes que cuestionan las políticas autoritarias del Estado y las limitantes de los gobiernos democráticos para lograr una representación y participación efectiva de la sociedad en la arena pública (Isunza y Olvera, 2010; Rosset y Pinheiro, 2021; Zibechi, 2008). Actualmente, la autonomía también ha sido un tema central en los debates sobre gestión pública gubernamental que abogan por una nueva generación de políticas de desarrollo basadas en los principios de la gobernanza, la sostenibilidad y el fortalecimiento de mecanismos de articulación entre los actores sociales, políticos e institucionales para impulsar procesos autogestivos de organización social y productiva (Blanco y Gomà, 2003; Subirats, 2010; Torres y Ramos, 2012; Porras, 2016).
Los actuales debates sobre autonomía se componen de una gama de posicionamientos divergentes y en ocasiones antagónicos, ya sea desde las vertientes neoinstitucionales basadas en los principios de la nueva gestión gubernamental que promueven autonomías en respuesta al desmantelamiento de las instituciones gubernamentales del Estado de bienestar, hasta las vertientes transformadoras del pensamiento político y la acción social que rechazan el modelo de desarrollo neoliberal por medio de estrategias de resistencia frente a los poderes hegemónicos del Estado y el mercado (Máiz, 2008; Zibechi, 2008; Burguete, 2018; Rosset y Pinheiro, 2021; Breton et al., 2022).
Las siguientes reflexiones tienen como objetivo analizar los emergentes procesos de organización que han generado familias campesinas de la región fronteriza de la selva Lacandona, por medio de la construcción de poderes autónomos. El artículo destaca las tensiones y articulaciones entre los cambios generacionales al interior de las familias en relación con las políticas de desarrollo basadas en la gobernanza ambiental, que apuestan por la creación de estrategias de organización autogestivas a través de colectivos locales capaces de generar proyectos productivos en vinculación con actores institucionales y de la sociedad civil. Las preguntas que guían el debate son las siguientes: ¿Cuáles son los retos y desafíos que enfrentan las familias y colectivos locales para generar procesos autónomos en el marco de las políticas de desarrollo ambiental? ¿Cuáles son las posibilidades y limitantes de las emergentes prácticas de gobernanza ambiental para la generación de procesos de organización autónoma?
El artículo analiza la formación de “autonomías en plural” (Burguete, 2018), a partir de los procesos de agenciamiento social del territorio y una mirada reflexiva a las transformaciones que han vivido las actuales generaciones de pobladores que habitan la selva, en el marco de los intensos procesos de cambio social y productivo desde finales del siglo XX. Asimismo, se propone una lectura crítica de la gobernanza ambiental, la cual es entendida en los términos que lo plantean Torres y Trench, “como una forma de gobierno en la que las redes de actores, con sus instituciones y marcos organizacionales disputan intereses, significados y representaciones en la resolución de problemáticas ambientales mediante la participación y la actuación” (M. Torres y Trench, 2021: 2). A lo largo del texto se plantea que la gobernanza ambiental y las autonomías emergentes confluyen en una arena de tensiones, acuerdos y conflictos derivados de la recomposición de las relaciones locales y translocales entre el Estado, la sociedad y las políticas de desarrollo.
La extensa literatura sobre la formación de los procesos autónomos en los territorios rurales de América Latina ha mostrado que estos forman parte de una larga historia de lucha de los pueblos indígenas y campesinos por la defensa a la vida, el territorio y el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos (Breton et al., 2022; Burguete, 2018; Rosset y Pinheiro, 2021). El sureste de México destaca por ser una región donde se ha originado uno de los proyectos de organización autónoma más significativo de nuestra época, el cual tuvo lugar a partir de la irrupción del movimiento armado zapatista en 1994 y la formación de una estructura de gobierno autónomo basada en la resistencia, el rechazo al Estado y a las políticas gubernamentales (Harvey, 2000; De Vos, 2002; Leyva y Asencio, 2002; Breton et al., 2022).
El zapatismo ha sido la punta de lanza de nuevas reconfiguraciones en la relación entre la sociedad y el Estado a nivel regional, nacional y global, dando paso a emergentes procesos de organización colectiva que han tenido lugar en los márgenes o fuera del movimiento zapatista. Esto sucede en territorios locales de la selva Lacandona, como el municipio de Maravilla Tenejapa, donde los procesos de organización indígena y campesina han tomado diversas estrategias para la construcción de poderes colectivos en el marco de las complejas relaciones de contención, negociación y disputa frente a las políticas del Estado y el desarrollo.
Por otra parte, durante los últimos años, la gobernanza ambiental se ha convertido en el lenguaje común de las estrategias de cooperación internacional y de los programas gubernamentales para el desarrollo. Una de las principales características de las políticas basadas en la gobernanza ambiental consiste en que se sustentan en los principios de la preservación, conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, bajo la premisa de la participación y articulación entre los actores comunitarios, los organismos sociales, las agencias privadas, estatales y supranacionales (Bäckstrand et al., 2010; Brenner y Bosch, 2015; Torres y Trench, 2021).
En Chiapas estas articulaciones entre actores diversos han dado paso a la formación de fuertes controles sobre el territorio basados en una arquitectura verde del desarrollo que comenzó a tomar fuerza a partir de los programas de cooperación internacional en las Áreas Naturales Protegidas (Paré y Fuentes, 2007: 26–38; Trench, 2017: 247; Figueroa y Durand, 2015; Camacho-Bernal y Trench, 2019: 50–53). Así también en la institucionalización y empleo discursivo del desarrollo sostenible, con la incorporación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes de desarrollo y la legislación estatal de la entidad federativa (Rodríguez, 2020: 110-117).
El artículo plantea que la actual composición de las estrategias de gobernanza ambiental y los procesos de formación de colectivos independientes requiere de una reflexión capaz de identificar los cambios organizativos, políticos y socioambientales, que no siempre son evidentes y que se han gestado durante las últimas décadas en los territorios locales. Destacan las estrategias de articulación de las familias campesinas con actores, espacios y procesos, a diferentes escalas que trascienden la dicotomía tradicional sociedad-Estado. Del mismo modo, los cambios generacionales dentro de la composición de las dinámicas sociales a nivel comunitario y doméstico que están atravesadas por condiciones de vida, aspiraciones y motivaciones diferenciadas entre los actores que habitan la selva, quienes afrontan, responden y dotan de sentidos distintos a las políticas de desarrollo y los procesos de organización que se gestan en la región.
Metodología
El estudio se realizó con una metodología cualitativa y antropológica que retoma los debates de la etnografía crítica del desarrollo (Mosse, 2005), la gobernanza y las políticas públicas (Shore y Wright, 1997; Wedel et al., 2005; Subirats, 2010), con el fin de analizar las prácticas, los procesos y los significados sociales del desarrollo a nivel familiar y colectivo. Las reflexiones toman como punto de partida algunos resultados y hallazgos de la investigación doctoral realizada en el municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas, durante el periodo 2012-2016 (Mendoza, 2016), lo cual se complementa con las actuales indagaciones sobre los desafíos que han enfrentado las familias y colectivos locales ante los cambios en las políticas de desarrollo durante la última década.
Para el actual estudio se realizaron dos estancias de trabajo de campo durante el primer semestre del año 2022. Se emplearon diversas técnicas de investigación, tales como la observación participante, la realización de 17 entrevistas semiestructuradas a familias de seis localidades del municipio de Maravilla Tenejapa que han participado en programas de desarrollo ambiental en la selva Lacandona y que actualmente forman parte de la Alianza de cacaoteros de la selva. También se realizaron tres entrevistas semiestructuradas y se mantuvieron diversos diálogos con actores institucionales y de la sociedad civil que cuentan con una amplia trayectoria de trabajo en la región. Además se hizo la revisión bibliográfica y documental de los procesos histórico-políticos de la selva Lacandona, relacionados con las políticas de gobernanza ambiental y la formación de proyectos autonómicos. Para este trabajo se priorizó un análisis intergeneracional a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020) y los hallazgos de trabajo campo, los cuales, permitieron profundizar en las experiencias de participación de las diferentes generaciones de pobladores de Maravilla Tenejapa en los procesos de organización social y productiva a nivel doméstico y colectivo.
Área de estudio y población
El municipio de Maravilla Tenejapa se localiza en la región XV Meseta Comiteca Tojolabal del estado de Chiapas, en territorios que anteriormente pertenecían a los municipios de Las Margaritas y Ocosingo (Mapa 1). Es un municipio creado en el año de 1999 en el marco de las acciones contrainsurgentes para la contención del movimiento zapatista en la selva Lacandona (Leyva y L. Rodríguez, 2007). El municipio limita en la frontera sur con la República de Guatemala, y se ubica en una zona de montañas y cañadas donde convergen 35 localidades, de las cuales 30 tienen menos de 500 habitantes, tres tienen menos de 1,000 habitantes y dos tienen menos de 2,500 habitantes (INEGI, 2020).
La zona noreste del territorio de Maravilla Tenejapa cubre parte de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, la primera Área Natural Protegida de la selva Lacandona y del estado de Chiapas, la cual fue decretada en el año de 1978 (Legorreta, 2010: 50). De acuerdo con el INEGI (2020), la población total de Maravilla Tenejapa es de 14,714 habitantes que configuran un territorio multiétnico compuesto de familias tsotsiles, tseltales, choles, kanjobales, tojolabales, mames y poblaciones que no se autoidentifican con alguna adscripción étnica, quienes desde hace cuatro generaciones comenzaron a habitar esta región fronteriza de la selva Lacandona.
Resultados
Autonomías emergentes, trayectorias intergeneracionales
Más que pensar analíticamente a “la autonomía”
en singular, es mejor referirnos a “las autonomías”,
en plural, ya que una característica de éstas es la forma diferenciada de cómo se construyen, de acuerdo al
contexto de cada realidad y a los sujetos que la
enarbolan y protagonizan.
(Burguete, 2018: 12)
En la región fronteriza de la selva Lacandona han tenido lugar múltiples procesos de transformación social, política y ambiental durante las últimas décadas del siglo XX (De Vos, 2002; L. Rodríguez, 2003, 2005; Cano, 2018; Camacho-Bernal y Trench, 2019). Las familias que habitan la región han participado y experimentado intensos cambios comenzando con la formación de las colonias y posteriores ejidos que actualmente conforman el municipio. Asimismo, la selva fronteriza se ha convertido en un espacio de experimentación de políticas de desarrollo ambiental para el uso, protección y conservación de los ecosistemas, a través de programas especiales de desarrollo sostenible como lo fue el Programa de Corredores Biológicos de Chiapas impulsado por la CONABIO (Obregón y Almeida, 2019; Mendoza, 2021).
Por otra parte, como lo menciona Fábregas, la franja fronteriza del estado de Chiapas históricamente ha sido un “mundo cultural enlazado a Centroamérica” (Fábregas, 2015: 30). Es una frontera porosa resultado de una historia compartida por la tardía anexión de Chiapas a México en el siglo XIX y más recientemente, al convertirse la selva en una zona de refugio de las familias desplazadas por las guerrillas centroamericanas en la década de 1980, especialmente durante la dictadura militar en Guatemala (Fábregas, 2015). Esto ha llevado a la formación de un complejo territorio donde se gestan procesos de organización con grupos de población heterogéneos provenientes de diversas regiones de Chiapas, otros estados del país y Centroamérica (Leyva y Asencio, 2002; L. Rodríguez, 2005; Fábregas, 2015), quienes a lo largo de cuatro generaciones han aprendido, adquirido y generado nuevos conocimientos para cohabitar la selva, dotándole de prácticas y sentidos diversos desde una perspectiva intergeneracional.
La primera generación de pobladores de este territorio se compone de las familias fundadoras de los actuales ejidos del municipio quienes han dado vida a la historia colectiva de agenciamiento social del territorio, el cual, hasta la década de 1970 no había sido habitado por poblaciones humanas pero sí por una gran diversidad de flora y fauna silvestre. Los hombres y mujeres de 60 años o más representan el 6.1% de la población que actualmente habita el municipio (INEGI, 2020), y son parte de la generación de campesinos y campesinas que establecieron las primeras colonias en la región.
El periodo de apropiación de la selva es resguardado en la memoria de las familias fundadoras desde el asombro, la osadía y la valentía. También, desde el reconocimiento de las profundas necesidades socioeconómicas y la esperanza de lograr mejores condiciones de vida. El sueño de lograr un mejor futuro familiar impulsó a la primera generación de pobladores a crear un proyecto de vida comunitario entre las montañas y los ríos de una de las regiones de mayor biodiversidad de América Latina, antes de que ésta fuera decretada Reserva de la Biósfera de Montes Azules. En uno de los relatos sobre la formación de los ejidos en la región, un fundador recuerda el proceso de ocupación de tierras:
Soy uno de los que entramos por primera ocasión. Llegamos en el año de 1973. Entonces los representantes del ejido al que llegamos, nos decían: “ustedes no van a ser ejidatarios, van a ser congregados, amplacionistas”. Entonces nos pusimos a pensar los que veníamos de Comalapa, la Grandeza, Motozintla… porque ahí se hizo una mezcla de habitantes. Dijimos: “estamos en los nacionales y que seamos congregados, pues no es el caso” […] De donde llegamos para acá era pura montaña y fue que poblamos aquí. Ese año se alborotó la gente. Ese mismo año llegó Amatitlán, llegó Niños Héroes. El mismo año entró Maravilla. Cuando venimos nosotros estaba libre Maravilla, pero no había agua, entonces por eso no nos quedamos allá. Aquí había muchos arroyitos con harto caracol, pescadito, ríos que no tenían fin. Dijimos, el agua es la vida, aquí nos quedamos. (Entrevista 1)
Esta generación vivió la formación de poderes autónomos como un proceso de apropiación social del territorio basado en la exigencia al derecho a la tierra en el marco de las demandas agrarias del México posrevolucionario (Villafuerte et al., 1999; Harvey, 2000; De Vos, 2002). Esto sucedió en una arena de negociaciones locales que no estuvo libre de tensión dado que implicó múltiples acuerdos, rupturas y estrategias de organización entre las familias campesinas que formaron las primeras colonias que actualmente componen el mosaico de ejidos del municipio. Asimismo, en este periodo iniciaron los primeros procesos de organización productiva impulsados en gran medida por el cultivo y la comercialización de café, que para entonces era considerado la principal alternativa para la generación de ingresos económicos.
La segunda generación se compone de las hijas e hijos de los primeros pobladores, quienes recuerdan haber vivido el arribo a la selva durante su infancia o cuya memoria se resguarda en las historias de sus padres que los llevaron en los primeros años de vida. Esta generación se conforma de habitantes entre los 40 a 59 años de edad, aproximadamente, quienes representan al 14.2% de la población total del municipio (INEGI, 2020). Actualmente son adultos que recuerdan haber apoyado a la formación del territorio con jornadas de trabajo extenuantes que llevaron a la conversión de la selva en un territorio fértil para la formación de las primeras parcelas de milpa para el autoconsumo y la producción de cultivos de café, cacao y árboles frutales. Así lo narra un campesino que colaboró desde su niñez en la configuración del territorio:
En el caso mío, mis padres me trajeron de otra comunidad. Estaba yo pequeño cuando llegaron aquí. Ellos dicen que en ese tiempo no había apoyo del gobierno y trabajaron por su propia cuenta […] En caso mío y de mi hermano nos enseñaron a trabajar desde muy chiquitos. Por eso cuando crecimos de unos 11, 12 años, no nos daba pena trabajar. Ya podíamos trabajar lo que es maíz, frijol. No nos importaba la lluvia, ni el calor, ni la distancia que estuviera. Estábamos acostumbrados a lo que sea […] Acá en los trabajos comunales reciben desde los 15 años. Desde esa edad mi papá dijo: “tú me vas a respaldar y tú vas a ir a los trabajos”. En el caso mío, le agradezco lo que me ha dejado. Me enseñó a trabajar y me dio tierras para trabajar. Eso es una gran satisfacción […] De los 18 años empecé a pensar en qué voy a trabajar. Ahí empecé con la idea de sembrar cacao. Vi que muchos vendían su producto. En ese tiempo ya tenían su plantación de cacao, yo todavía no tenía cacao en producción. Entonces empecé a sembrar cacao por mi propia cuenta. (Entrevista 2)
Las dos primeras generaciones coexisten y se interrelacionan con un proceso de agenciamiento social basado en la agricultura familiar y la lucha cotidiana por la apropiación productiva del territorio para el sostenimiento de la vida. También la apropiación del territorio se vivió como resultado de los esfuerzos colectivos para explorar la introducción de diversos cultivos como el café y el cacao; la adaptación e innovación de los saberes campesinos transmitidos generacionalmente y la experimentación de prácticas agroecológicas basadas en la diversificación de los cultivos. Al respecto, un productor compartía que habitar la selva le había permitido conocer y explorar la siembra de diversas semillas de granos básicos y árboles frutales con la “esperanza de cosechar a futuro” (Entrevista 3, 10 abril 2022).
La tercera generación se conforma de hombres y mujeres que en su mayoría nacieron en la selva y crecieron junto con los cambios que fueron resultado de las políticas y programas de desarrollo que llegaron a la región desde finales del siglo XX, por medio de una amplia cartera de programas públicos gubernamentales y acciones de cooperación internacional de la Unión Europea y el Banco Mundial. Esta generación que se ubica entre los 20 y 39 años de edad, representa el 28.8% de población del municipio (INEGI, 2020). Durante su niñez tuvo acceso a los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, a la educación primaria en sus ejidos o comunidades cercanas, a las carreteras y caminos que conectan la zona, a los centros de salud y servicios básicos como electricidad.
Algunos pobladores aseguran que las nuevas generaciones habitan una “selva nueva” porque no vivieron el sufrimiento, ni los padecimientos de comenzar a construir desde cero en un territorio desconocido. En algunos casos existe una visión de que las nuevas generaciones “no quieren trabajar” o “no saben trabajar en el campo”. También es común que las personas mayores consideren que la aparente disminución de los trabajos del hogar que realizan las mujeres es un privilegio de las nuevas generaciones, porque “ya no hacen tortilla a mano, ya no cargan agua, ya es más fácil la vida” (Entrevista 4, 12 abril 2022). Esta idea también es reforzada por mujeres jóvenes que mencionan y reconocen las complicaciones que vivieron sus abuelos y abuelas, dificultades a las cuales ellas no tuvieron que enfrentarse:
Fueron mis abuelitos los que llegaron aquí. Fue que ellos empezaron a trabajar. No lo sabemos bien cómo lo fundaron porque nosotros no lo vimos. Sólo fueron sus pláticas de los abuelitos. El finado de mi abuelito, decía: “antes, hija, aquí se venían los animales cerca. Los tigres que más nos dan miedo. Ahí nos encerrábamos por los tigres que se oían rugir porque las montañas estaban cerca”. Ahorita ya están retiradas las montañas. Cuando ellos fundaron sí había mucha montaña. Ellos sí sufrieron cuando iniciaron. (Entrevista 5)
Las nuevas generaciones enfrentan los dilemas de continuar en el campo, migrar o buscar fuentes de empleo fuera del ámbito familiar. En algunos casos, la selva no necesariamente significa un lugar mejor para vivir, como sí lo fue para sus abuelos y padres. La selva ha sido desde siempre su hogar y han crecido junto con muchos de los ideales del desarrollo que han puesto énfasis en que el progreso está en otra parte, no en la vida rural. Sin embargo, también hay quienes encuentran en el campo las posibilidades de generar nuevos proyectos e iniciativas, crear esquemas de comercio alternativos, impulsar el procesamiento de productos como el cacao para generar circuitos regionales de producción, comercialización y transformación del grano a partir de un ejercicio colectivo de innovación productiva y laboral.
La cuarta generación es el grupo de población más amplio del municipio, el cual se conforma de las infancias y juventudes de 0 a 19 años, quienes representan a la mitad de la población con el 50.8% de habitantes (INEGI, 2020). En la práctica, esta generación tiene un papel fundamental dentro de las dinámicas de trabajo familiar aunque no siempre es reconocido o visibilizado, ya que comúnmente se normaliza que al igual que sus padres y abuelos colaboren en las actividades agrícolas y de sostenimiento de la vida desde temprana edad. Una mamá de la tercera generación narra parte de la dinámica de trabajo familiar en la huerta de cacao de la siguiente manera:
Somos apenas 5. Tres hijos tengo… Mi hijo mayor tiene 15 cumplidos, el otro tiene 10 y la niñita está pequeñita, tiene apenas 2 añitos y ya nos vamos todos a la parcela. La niña se pone a chupar la pepita del cacao y los demás estamos trabajando. Los niños suben hasta allá en los árboles porque hay matas grandes. Se queda el papá abajo juntando el cacao y los niños suben para allá. Ahí está el papá picando y los niños arriba. Es lo que nos ayudan los niños, en eso y en limpiar el cacao también ayudan los niños. (Entrevista 5)
En las narrativas y relatos de las familias se destaca que las dinámicas de organización productiva a nivel local tienen como sustento el trabajo intergeneracional, siendo el núcleo doméstico el primer espacio donde se gestan los procesos autogestivos para la reproducción de la vida. En este sentido, la autonomía se ha construido a partir de diversas estrategias de agenciamiento colectivo del territorio, desde la toma y posesión de la tierra, la apropiación de los procesos agroecológicos para la diversificación de cultivos libres de agroquímicos, las incipientes iniciativas de innovación y ampliación de los circuitos alternativos de producción y procesamiento de productos como el cacao, y las actividades de enseñanza-aprendizaje familiar de producción, manejo y cuidado del territorio.
En la esfera familiar es donde inicialmente se ponen en práctica estrategias de autonomía emergentes para el sostenimiento de la vida. Sin embargo, estas dinámicas no están libres de tensiones y disyuntivas, como sucede en el caso de las juventudes que enfrentan diversas incertidumbres y limitantes al intentar involucrarse en las actividades del campo. Asimismo, a nivel local persisten jerarquías de edad y género, por las cuales aún cuando las mujeres, juventudes e infancias adquieren un papel fundamental en el trabajo familiar, no siempre tienen un reconocimiento o participación activa en la toma de decisiones en el ámbito doméstico y colectivo.
En los territorios locales de la selva Lacandona, las familias campesinas han transitado por cambios generacionales de manera simultánea a las relaciones de articulación, negociación y tensión con el Estado, el mercado y las políticas de desarrollo. Es una arena que está atravesada por relaciones locales y translocales de gobernanza, donde se gestan proyectos emergentes alternativos pero también prácticas de despojo. La generación de estrategias de fortalecimiento autónomo por medio de la formación de poderes colectivos tiene lugar en una arena de relaciones, actores e intereses en disputa, donde se generan proyectos transformadores al tiempo que se reproducen las inercias burocráticas y autoritarias de las políticas convencionales, como se muestra a continuación.
Gobernanza ambiental: entre las políticas del despojo
y la formación de poderes colectivos
Las prácticas de gobernanza ambiental basadas en el despojo han sido una de las principales formas de operación de las políticas neoliberales en territorios con amplios recursos ambientales y biodiversidad. De acuerdo con Carlos Rodríguez (2020), las gobernanzas del despojo recurren a diferentes mecanismos sociales e institucionales de control sobre la población que parten de un discurso participacionista pero tienen un trasfondo autoritario. Algunos de los mecanismos empleados consisten en: promover la gestión entre instancias de gobierno y autoridades locales para que las comunidades acepten proyectos y programas de desarrollo sin un consentimiento informado de los daños o repercusiones que éstos tienen en sus territorios y dinámicas de vida; la realización de estudios de impacto basados en conocimiento experto que valida de forma unilateral la implementación de micro y megaproyectos extractivistas en los territorios locales; la formación de consejos, foros y comités de participación para la toma de acuerdos en condiciones de poder, información e incidencia desiguales entre los tomadores de decisiones y las poblaciones locales (C. Rodríguez, 2020: 87).
Desde esta vertiente se analiza la gobernanza como “un término políticamente correcto que hace énfasis en la conciliación y la construcción de consensos” (C. Rodríguez, 2020: 87). El autor plantea que las gobernanzas del despojo se caracterizan por cambios en los marcos legales e institucionales que permiten la consolidación de relaciones comerciales, el mantenimiento de coaliciones perdurables entre los poderes hegemónicos y la apropiación de los bienes comunes (C. Rodríguez, 2020). Igualmente, las gobernanzas del despojo se basan en la creación o reorientación de políticas gubernamentales para “estimular los beneficios y mantener los privilegios de los grupos económicos y políticos cercanos a los poderes” (C. Rodríguez, 2020: 89). Así también, la creación de mecanismos de legitimación política por medio de “acciones propagandísticas para convencer a parte de la población sobre los beneficios particulares que las actividades extractivistas les pueden proporcionar” (C.Rodríguez, 2020: 89-90).
De acuerdo con la propuesta de Carlos Rodríguez (2020), las gobernanzas del despojo pueden entenderse a través de una escalada de relaciones que transitan de un discurso y una práctica que va de la generación de consensos a la coerción. En un primer nivel se encuentran las estrategias que recurren a la toma de acuerdos colectivos a partir de la participación inducida o simulada en espacios consultivos donde hay nula posibilidad de incidencia, para dar paso a mecanismos de convencimiento basados en la manipulación bajo una falsa idea de participación e involucramiento de los actores en la toma de decisiones, hasta las prácticas de coerción por medio del clientelismo, la cooptación política y la represión (C. Rodríguez, 2020: 117-120).
Diversos sectores de la sociedad civil y la academia han denunciado las políticas de exclusión y extractivismo en el estado de Chiapas y la selva Lacandona que promueven la creación de represas hidroeléctricas, parques eólicos y pozos petroleros bajo el modelo energético neoliberal de acumulación por despojo (García, 2017: 20-21; C. Rodríguez, 2020: 112-113; Villafuerte, 2015; Trench, 2017). Al igual, son denunciadas las prácticas de producción de monocultivos para la agricultura comercial de productos como caña, plátano, piña, rambután y palma africana; esta última para la fabricación de biocombustibles. Al mismo tiempo se cuestiona la instrumentalización de los proyectos de energía verde como el programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y las iniciativas de Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD), que forman parte del mercado transnacional de bonos de carbono, reproduciendo la lógica de explotación de los bosques y selvas (Foro Social, 2010; Grupo chiapaneco contra el modelo extractivo, 2019)
En el marco de los programas de desarrollo sostenible implementados en la selva, se han generado formas de articulación entre actores institucionales, agencias nacionales y supranacionales desde la lógica autoritaria de las gobernanzas del despojo y el control territorial. Por ejemplo, en la literatura académica y en las narrativas de los actores locales, existe un claro reconocimiento de que las políticas de desarrollo impulsadas en la región, desde finales del siglo XX, surgieron como una estrategia de control estatal para la contención de los procesos de organización autónoma del movimiento insurgente zapatista (Leyva y Burguete, 2007). Entre los principales programas que han sido cuestionados por activar dispositivos de control estatal se encuentran el Programa Cañadas (1995-2000) implementado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible (PRODESIS, 2004-2008) financiado por la Unión Europea y la primera etapa del Corredor Biológico Mesoamericano en México (CBM-M, 2002-2008) coordinado por el Banco Mundial (Leyva y Burguete, 2007; Mendoza, 2021).
La formación de colectivos locales vinculados a los programas de desarrollo fue una de las principales estrategias para generar una participación institucional y regulada por las agencias de desarrollo. En la vida cotidiana de las familias de la selva esto se vio reflejado en la recomposición de las actividades domésticas y productivas, sujetándose a las formas de trabajo y organización bajo las exigencias de los programas específicos, los cuales fueron en aumento durante la segunda década del siglo XXI. Al respecto, una colaboradora del programa de Corredores Biológicos de Chiapas mencionaba la carga de trabajo que implicaba el sostenimiento de los proyectos para las mujeres y sus familias, e incluso la duplicidad de acciones que había en algunos proyectos:
El trabajo de las mujeres estaba muy dividido porque aparte de tener que trabajar en casa, tenían que cumplir con las reuniones del PROSPERA y si tenían proyecto del PESA, cuando tú ibas a evaluar estaba bien curioso porque me mostraban sus áreas de trabajo, donde tenían el espacio de hortalizas del Corredor que era un pequeño enmallado, mientras que el PESA tenían microtúneles. Ahora, con las aves de traspatio tenían dos corrales, las mismas gallinas tenían el lujo de tener dos espacios, porque en una tenían para el Corredor y otra para el PESA. Me tocó ver que me presentaban unos pollitos del PESA y ya el resto de esos mismos pollitos andaban en el proyecto del Corredor. (Entrevista 6)
Sin embargo, la creación de colectivos locales también permitió la formación de poderes comunitarios. El programa de Corredores Biológicos de Chiapas (PDSCB) fue una de las iniciativas de más largo alcance en el municipio, el cual estuvo en funciones por una década (2008-2017) con una lógica de operación basada en los principios de la gobernanza ambiental, donde destacaba la participación de organizaciones de la sociedad civil como Agencias de Desarrollo Sustentable (ADS), la formación de grupos locales de hombres y mujeres para la implementación de proyectos agroecológicos en traspatios, parcelas y potreros, junto con la formación de grupos y colectivos regionales para la creación de circuitos regionales de producción y comercialización (Obregón y Almeida, 2019). Si bien estas acciones eran comunes en los diferentes programas de desarrollo ambiental implementados en la zona, en la práctica esto funcionaba bajo mecanismos de control y vigilancia comunitarios que permitieron iniciar procesos de organización autogestivos más allá de la lógica de simulación de las políticas de desarrollo.
A nivel local se lograron impulsar emergentes prácticas de organización basadas en la creación de poderes colectivos, a partir de un ejercicio de formación de promotoras y promotores comunitarios quienes de manera voluntaria colaboraban en los procesos de organización de grupos de trabajo, dando paso a la creación de nuevos liderazgos. En términos de innovación en política pública el trabajo con los colectivos se basó en la creación de dispositivos de control social (Isunza y Gurza, 2010), mediante la participación y vigilancia comunitaria de las acciones, decisiones y recursos públicos destinados a la implementación del programa en el territorio. Esto implicó la adquisición y fortalecimiento de conocimientos en materia de gestión de proyectos, contabilidad y rendición de cuentas a nivel local, como lo narra una colaboradora del programa:
Aquí el dinero siempre lo manejó una directiva. El recurso a diferencia de otros programas venía directamente para las mujeres y hombres que representaban un grupo. Por ejemplo, había un grupo de 40 personas y lo representaba una directiva compuesta por presidente, secretario, tesorero y dos vocales. La presidenta siempre era la encargada de las reuniones, de informarse y dar a conocer toda la información que se generaba del programa y ponerse de acuerdo con las compañeras. Se fomentó mucho la transparencia y les fascinaba porque decían: “Aquí es cosa distinta, aquí no nos engañan, aquí nos dicen las cosas como son”. Eso nos permitía tener esa confianza en la gente y poder trabajar más. Además de que la asistencia técnica no era cada mes, sino que la podíamos tener más seguido. Se detectaba cuál era el grupo que necesitaba más una asesoría técnica y era al que más se le apoyaba y a los que veíamos que ya se habían apropiado más del programa los dejábamos ahí solitos un poco, pero tampoco se dejaban de visitar. (Entrevista 6)
La formación de redes de actores comunitarios con capacidad de emprender acciones de control colectivo, tanto de los recursos públicos como de las decisiones en materia de desarrollo en los territorios locales, se visualizó como una oportunidad de avanzar hacia una nueva generación de estrategias de gobernanza ambiental en manos de los propios actores locales. Esto a través de la creación de cooperativas, organizaciones de comercialización de productos orgánicos, alianzas de productores y empresas sociales bajo los principios del comercio justo y las economías alternativas.
En el marco del programa de Corredores Biológicos de Chiapas se realizó un trabajo conjunto entre actores de la sociedad civil y agentes gubernamentales, a partir del acompañamiento técnico y organizativo de la organización
Capacitación, Asesoría, Medio Ambiente y Defensa del Derecho a la Salud A.C. (CAMADDS) que fungió como ADS de los colectivos y alianzas de productores en Maravilla Tenejapa, aunado al impulso institucional de funcionarios y académicos de la CONABIO que diseñaron y coordinaron esta iniciativa como un ejemplo de política pública a nivel nacional.
Sin embargo, es un hecho que las experiencias innovadoras de participación social, creación de poderes ciudadanos y estrategias de organización colectiva, si bien son la base para la construcción de prácticas de gobernanza alternativas, conlleva enormes desafíos, como se observa en el caso de los colectivos locales de la región. La acción de gobernar en manos de los actores locales en vinculación con actores sociales e institucionales diversos, implica la reconversión de las prácticas autoritarias y asistencialistas que forman parte de los esquemas tradicionales de las políticas del despojo. Conlleva el involucramiento efectivo de las organizaciones sociales, la academia, las familias y los actores locales más allá del discurso participacionista. Implica la generación de poderes colectivos con capacidad de tomar decisiones autónomas sobre el territorio y los procesos organizativos, económicos y productivos en una arena donde inevitablemente existen tensiones, avances y desafíos, como se muestra a continuación a partir de la experiencia de la Alianza de cacaoteros de la selva.
Retos y desafíos en la generación de poderes autónomos:
la Alianza de Cacaoteros de la Selva
En el marco de las estrategias de gobernanza ambiental, la promoción de procesos autogestivos se ha convertido en parte de las metas del desarrollo, dado que se plantea romper con las inercias de las políticas paternalistas impulsando a los actores locales a generar mecanismos sostenibles que permitan “sustituir las jerarquías gubernamentales y no gubernamentales en la conducción hacia objetivos comunes” (Porras, 2016: 24). Esto en la práctica no solamente se ha convertido en un reto y un desafío para las familias campesinas, sino en una “trampa de la gobernanza ambiental” (Bäckstrand et al., 2010), dado que al término de los programas específicos, las instituciones y los actores gubernamentales suelen deslindarse de los procesos organizativos y productivos impulsados a nivel local, dejando en manos de las familias y los colectivos múltiples incertidumbres sobre la continuidad de las actividades en el territorio.
La Alianza de cacaoteros de la selva es una organización que surgió a partir de la articulación con diversos programas públicos federales y de cooperación internacional, como el PRODESIS, que desde el 2006 impulsó la formación de grupos y cooperativas de productores de cacao en el municipio de Maravilla Tenejapa, siendo este su primer antecedente de formación. Posteriormente, en el marco del Programa de Corredores Biológicos de Chiapas se apoyó la creación de la Alianza en el año 2008 y la posterior gestión de recursos por medio del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD para comprar maquinaria y construir una casa de acopio en el año 2012 (Zepeda, 2021: 61-77).
La primera década de formación de la Alianza se logró con el acompañamiento de actores institucionales y de la sociedad civil como CAMADDS, que apoyaron su fortalecimiento organizativo y productivo a través de capacitaciones técnicas para el manejo de los sistemas agroforestales, intercambios de experiencias y conocimientos, así como asesorías y seguimiento para la continuidad de sus procesos. Actualmente, la Alianza se compone de 56 familias campesinas de ocho localidades, de las cuales siete pertenecen al municipio de Maravilla Tenejapa y una a Ocosingo. Los socios en su mayoría son hombres adultos de la primera y segunda generación de campesinos habitantes del municipio.
Durante los últimos años, la Alianza ha comenzado a generar estrategias de organización autónoma en gran medida como resultado de la conclusión del Programa de Corredores Biológicos de Chiapas. Al término de esta iniciativa se colocó especial énfasis en impulsar a las familias y colectivos para que continuaran los proyectos de manera autogestiva, retomando los conocimientos, las experiencias y las capacidades que fueron adquiridas durante los años de acompañamiento por parte de las agencias de desarrollo.
Desde esta lógica, la Alianza de cacaoteros ha trabajado durante los últimos cinco años para generar y sostener los procesos de manera independiente, lo cual ha sido posible por diversos motivos. Por una parte, existe la motivación de mantener los sistemas de producción agroecológicos dado que permiten la autosuficiencia de granos básicos, principalmente el maíz y el frijol, así como la producción de bienes agroalimentarios para la comercialización, especialmente el cacao, y el consumo doméstico de alimentos variados como frutas tropicales. Por otro lado, está la motivación de mantener redes con actores de la sociedad civil con quienes se han generado acuerdos de colaboración para la certificación orgánica y la comercialización de cacao a través de mercados alternativos, en respuesta a las prácticas de intermediación convencionales.
La diversificación productiva es la principal fuente de autonomía agroalimentaria en las familias de la Alianza para quienes la posibilidad de tener
acceso a alimentos básicos y saludables a lo largo del ciclo anual se ha convertido en una práctica de cuidado para el sostenimiento de la vida. Frecuentemente, cuando se habla de la diversificación de las parcelas, las familias comparten con orgullo y gratitud los resultados que se obtienen del trabajo campesino, como se expresa en el siguiente relato:
Ahorita en la parcela hay de todo. Producimos maíz, frijol, plátano. El guineo, hay variedad, como el manzanito, el de azúcar, el chiquito, el plátano macho, el dominico. Hay unas matas de café, ahorita tengo una plantación de rambután. En el cacao hay una variedad porque ahí hay naranja y lima, hay mango, mandarina, una mata de guanábana y maderables que son los que producen sombra. En mi parcela hay sonzapote, hay ramón, también hay palo de sangre, son árboles grandes, hay cedro. Hay una gama de variedad, una diversidad. (Entrevista 7)
Por otra parte, al interior de la Alianza se reconoce que el trabajo colectivo ha hecho posible la comercialización del cacao en condiciones más favorables en articulación con CAMADDS, quien apoya en acciones clave como concertar relaciones comerciales con diversos compradores, desde colectivos que tienen proyectos locales de procesamiento artesanal de cacao en Chiapas, así como empresas nacionales e internacionales que compran el grano a mejores precios de los que se ofertan en la región, generando a nivel local contrapesos frente a los precios de comercialización que establecen los intermediarios. Al respecto un campesino mencionaba:
La Alianza es bastante importante para nosotros, porque fíjese nomás que cuando empezamos a unirnos, vendimos y pusimos nuestro precio. ¿Qué pasó con los coyotes? Se sintieron muy obligados a pagar otro poco más, así llegó a 20 pesos, luego a 30, llegaron a 40 pesos y de volada fueron subiendo sus precios; hasta ahorita están pagando creo que 58 pesos el kilo de cacao. Se sienten obligados a pagar más porque si no, no consiguen su negocio. Ahorita todavía no nos alcanzan porque a nosotros nos están comprando a mejor precio. Entonces ha sido muy buena la organización, nos hemos defendido mucho. (Entrevista 8)
Las experiencias locales de formación de poderes autónomos se construyen como un proyecto en proceso e inacabado, con avances y retrocesos, el cual “contiene la llamada a la autodeterminación” (Burguete, 2018: 16) sobre el territorio y formas de vida. Esto se vive como un acto de apropiación social del territorio y negociación cotidiana frente a las políticas de desarrollo
que han hecho de la región un campo minado de acciones y programas contrapuestos. Las dinámicas de organización que se generan en las arenas locales constantemente están en tensión con las inercias de los programas y acciones de desarrollo que arriban a la región.
En la práctica esto significa que algunas familias de la Alianza recurren a los programas que se ofertan en la zona y emplean los recursos para impulsar los propios procesos de producción y organización. Por ejemplo, “comprometiendo” hectáreas de cultivo para programas específicos como Sembrando Vida, a fin de contar con ingresos económicos para el corte del cacao en las huertas agroforestales que no están comprometidas. También hay familias que deciden no “comprometer” sus parcelas y rechazan los programas gubernamentales para continuar con sus procesos productivos de manera independiente.
Como lo plantean Rosset y Pinheiro (2021), la autonomía es una categoría de análisis situada histórica y socialmente, pero sobre todo una “propuesta de lucha y construcción colectiva de alternativas” (Rosset y Pinheiro, 2021: 12) que enfrenta múltiples desafíos. En el caso de las familias de la selva, estos desafíos han implicado la apropiación, transformación y resignificación del territorio por parte de las diferentes generaciones que lo habitan. Igualmente ha implicado nuevas reflexiones a nivel colectivo sobre el papel que tienen las mujeres, las juventudes, las adolescencias y las infancias en la construcción de proyectos de vida sostenibles.
Actualmente, algunos de los principales retos a los que se enfrentan las familias de la Alianza de cacaoteros consisten en lograr dar voz, generar espacios de participación y visibilizar el papel que tienen las generaciones jóvenes en el fortalecimiento de procesos colectivos. En este sentido, Sánchez, Salcedo y Rodrígues de Sousa (2014) plantean en las reflexiones que realizan sobre las juventudes rurales, que “el desafío no se limita a la actuación del Estado: en el nivel más cerca hay que organizar y fortalecer los procesos protagonizados por jóvenes, lo que significa que hay que enfrentar a las jerarquías en el ámbito de la familia y de las instancias de poder locales” (Sánchez et al., 2014: 94).
En el estudio realizado por Figueroa y Durand (2015) en la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, se identifica que las nuevas generaciones
rurales enfrentan diversos retos y obstáculos, como el hecho de que “los hijos de los comuneros constituyen un grupo ‘invisible’ para las autoridades y las agencias de Estado, que tienen como interlocutor privilegiado a los comuneros, poseedores de la tierra” (Figueroa y Durand, 2015: 243), ya que frecuentemente los hijos trabajan en tierras cedidas por sus padres pero carecen de derechos agrarios. Al respecto mencionan que existe una “evidente disputa política entre los viejos comuneros originales y las nuevas generaciones que hoy constituyen un grupo mayoritario” (Figueroa y Durand, 2015: 244), como sucede en el caso de Maravilla Tenejapa, donde más de la mitad de la población es menor a los 30 años de edad.
En los debates sobre los procesos de innovación democrática y gobernanza ambiental, pocas veces se pone énfasis en los cambios generacionales al interior de las familias y comunidades. Sin embargo, como sucede en el caso de la Alianza de cacaoteros de la selva, es un hecho que las dinámicas de vida familiar juegan un papel fundamental en la forma como se reconfiguran las relaciones entre la sociedad, el Estado y las políticas de desarrollo. En una arena de tensiones y cambios donde los procesos de activación de poderes autónomos han mostrado, como lo menciona Zibechi, “el papel destacado de la familia en los movimientos antisistémicos, [que] va de la mano con una reconfiguración de los espacios en los que se hace política” (Zibechi, 2008: 47) y de las dinámicas intergeneracionales que impulsan la formación y transformación del territorio.
Conclusiones
El presente artículo surgió con el objetivo de analizar los retos y desafíos que han enfrentado familias y colectivos de la región fronteriza de la selva Lacandona ante las políticas de desarrollo basadas en la gobernanza ambiental y la construcción de estrategias de organización autónoma. El trabajo propuso indagar, ¿cuáles son las posibilidades y limitantes de las emergentes prácticas de gobernanza ambiental para la generación de procesos de organización autónoma? y ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las familias para generar procesos autónomos en respuesta a las políticas de desarrollo ambiental?
El estudio planteó que los procesos de gobernanza ambiental y las emergentes prácticas de organización de los colectivos locales requieren analizarse
a partir de las experiencias de apropiación social del territorio que están ancladas a las trayectorias históricas y generacionales de las familias que habitan la selva, destacando las relaciones entre el Estado, las agencias de cooperación internacional y la sociedad civil, que han dado paso a los complejos entramados de las políticas de desarrollo en los territorios específicos.
La investigación partió del reconocimiento de que la selva Lacandona ha sido un espacio emblemático de construcción de proyectos de organización autónomos, así como un espacio de experimentación de políticas de desarrollo ambiental y control gubernamental. En este escenario, se han generado prácticas de gobernanza ambiental desde una arquitectura verde del desarrollo basada en el despojo y el extractivismo, pero también se han generado experiencias de innovación organizativa a partir de ejercicios alternativos de gobernanza comunitaria.
En los territorios locales se han impulsado experiencias de organización basadas en principios como el control, vigilancia y rendición de cuentas de los recursos públicos destinados a programas de desarrollo, la creación de poderes comunitarios para la toma de decisiones colectivas sobre el territorio y la generación de alianzas para fortalecer procesos productivos y organizativos autónomos. Sin embargo, estas experiencias están atravesadas y coexisten en una arena de negociaciones y tensiones con las políticas de desarrollo y los dispositivos de control gubernamental.
Los procesos de organización colectiva se componen de interconexiones y alianzas entre actores locales y de la sociedad civil que han contribuido al fortalecimiento de prácticas autogestivas, basadas en la transición agroecológica y el autoreconocimiento de los poderes colectivos para decidir sobre los propios proyectos de vida comunitarios. De este modo, el ejercicio de autonomía, lejos de implicar la eliminación de vínculos con los actores sociales e institucionales diversos que confluyen en el territorio, implica el fortalecimiento de los poderes comunitarios en manos de los actores locales.
El estudio identificó que las estrategias de organización colectiva se han construido en la práctica a partir del trabajo familiar e intergeneracional, en ocasiones, con el acompañamiento de agencias de desarrollo en el marco de los programas que se implementan en la región pero en otros casos a pesar de estos, dada su desvinculación con los procesos productivos y organizativos locales. Por otra parte, se identificaron retos importantes que enfrentan las familias en las dinámicas de organización, tales como el incorporar la participación y el reconocimiento efectivo de las mujeres y juventudes en la toma de decisiones sobre los proyectos colectivos.
Finalmente, se analizaron algunos desafíos y trampas que generan los discursos y las prácticas del desarrollo basadas en la gobernanza ambiental; las cuales, por una parte, impulsan procesos de organización autogestivos para la autonomía de los colectivos comunitarios, pero limitan las posibilidades reales para que los actores locales tomen decisiones sobre las políticas y estrategias de desarrollo que se implementan en el territorio. Ante esto, las experiencias locales de organización muestran que solamente es posible avanzar hacia proyectos de gobernanza alternativos a partir de la creación de poderes autónomos basados en la agencia colectiva e intergeneracional, desde alianzas comunitarias y articulaciones con actores de la sociedad civil que permitan generar contrapesos a las políticas del despojo y control territorial.
Notas
1 Los resultados del presente artículo forman parte de la investigación que actualmente realizo, la cual se denomina: “La selva Lacandona en los entramados de la gobernanza global: actores, espacios y organizaciones sociales en las políticas de desarrollo ambiental” (PAPIIT IA302323), Instituto de Investigaciones Sociales, IIS-UNAM.
2 A nivel local se implementó el Programa de Desarrollo Rural Sustentable en los Corredores Biológicos de Chiapas (PDSCB), coordinado por la CONABIO; el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) a cargo de la SAGARPA, el Programa de Pagos por Servicios Ambientales de la CONAFOR y los proyectos productivos de la CONANP, más los programas de la Secretaría de Desarrollo Social entre los que destacaban las Transferencias Condicionadas de Recursos, los Desayunos Escolares y el Programa de Adultos Mayores.
3 Si bien este artículo no tiene como objetivo profundizar en el caso del Programa Sembrando Vida, se sugiere el trabajo de Cano (2022) para conocer algunas experiencias de este programa en ejidos de la región fronteriza de la selva Lacandona.
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