Rhina Roux/ Profesora investigadora, Departamento de Relaciones Sociales. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
En las coordenadas de una gran transformación mundial en los procesos de acumulación, la geografía y las formas estatales, este texto analiza la reorganización territorial del sur-sureste mexicano proyectada con la construcción del Tren Maya y del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: dos megaproyectos orgánicamente articulados que complementan la reconfiguración histórica del territorio nacional inicialmente formalizada en 1994 con el TLCAN. En sus fundamentos teóricos, el análisis ubica el epicentro de esta transformación no sólo en su aspecto aparencial -pero no menos real- de aguda competencia entre diversos capitales, sino sobre todo en su relación de confrontación, resistencia y oposición con el trabajo vivo bajo todas sus formas presentes.
El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su rostro está vuelto hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándolas sin cesar.
El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas.
Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso.
Walter Benjamin, Sobre el concepto de historia, tesis IX.
En el multisecular proceso histórico de universalización del capital (o si se quiere, de la sociedad moderna) una nueva época de expansión comenzó a abrirse en el último cuarto del siglo XX. Este proceso extiende en la superficie y densifica en profundidad la red de relaciones sociales capitalistas envolviendo al planeta entero. La internacionalización y fragmentación de los procesos productivos, la desregulación de los circuitos mercantiles y financieros, la conformación de espacios económicos transnacionales, la unificación financiera del mundo, catástrofes ecológicas y nuevas oleadas migratorias son algunos de los fenómenos que acompañan este movimiento. Este proceso social aparece como un gran cambio de época: una reconfiguración histórica del modo de dominación y sus formas políticas, del espacio global y la geografía, de la relación humana con la naturaleza, de los entramados culturales y las subjetividades.
En el territorio mexicano por su ubicación geográfica, su nivel tecnológico, su composición de clases y su persistencia de socialidades comunitarias esta gran transformación no sólo ha erosionado los fundamentos históricos de una forma estatal imponiendo una espiral de violencia cotidiana: confiscación de derechos laborales, despojo de bienes comunes, expansión vertiginosa del trabajo informal y expansión de bandas armadas del narcotráfico que imponen su ley en sus territorios extendiendo sus negocios a la trata de migrantes, el tráfico de órganos, la tala de bosques y el robo de gas natural. El proceso está transitando también por una reorganización del espacio territorial sólo comparable, por sus alcances, a la operada con la llegada de los ferrocarriles durante el porfiriato.
Este texto analiza este proceso aún en violento curso centrando la atención en la reorganización territorial del sur-sureste mexicano proyectada con la construcción del llamado Tren Maya y del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: dos megaproyectos orgánicamente articulados que complementan la reconfiguración histórica del territorio nacional inicialmente formalizada en 1994 con el TLCAN. En sus fundamentos teóricos, el análisis ubica el epicentro de esta transformación no sólo en su aspecto aparencial -pero no menos real- de aguda competencia entre diversos capitales, sino sobre todo en su relación de confrontación, resistencia y oposición con el trabajo vivo bajo todas sus formas presentes.
La peculiaridad estatal mexicana
El Estado mexicano, con sus códigos de mando/obediencia, su forma de legitimidad, su imaginario, sus rituales y sus símbolos, se conformó a través de las vicisitudes, los conflictos y las persistencias de la historia. En ese proceso de larga duración, atravesado por rebeliones indígenas y campesinas y el despojo de más de la mitad del territorio nacional, se establecieron los fundamentos materiales y jurídicos de una forma estatal: la delimitación de fronteras y el control de un espacio territorial (suelo, subsuelo, mares y espacio aéreo); la conformación de una esfera pública secularizada, es decir educación pública laica, constitución civil de las personas privadas, incorporación en la jurisdicción estatal de momentos del ciclo de la vida humana antes regulados por la Iglesia (nacimiento, matrimonio, muerte); la existencia de un mando supremo por todos reconocido; la concentración de los medios materiales de la violencia física y la construcción de los grandes mitos unificadores de la nación.
En las vicisitudes y persistencias de esa historia se fue también conformando el Príncipe mexicano, representación simbólica de una comunidad estatal y de un vínculo de mando/obediencia recíprocamente negociado: un intercambio de protección y tutela por obediencia y deferencia tejido en la historia y en el imaginario de unos y otros, gobernantes y gobernados, dirigentes y dirigidos; un intercambio no escrito pero reiterado cada vez en los rituales del mando y en las formas cotidianas del ordenar y del obedecer, del hacer y entender la política.1
1 Para una exposición analítica de ese complejo proceso histórico véase Rhina Roux, El Príncipe mexicano. Subalternidad, historia y Estado, Era, México, 2005.
La revolución mexicana interrumpió una tendencia secular de despojo de bienes comunales e impuso en el orden jurídico del Estado dos principios provenientes de la tradición de derecho público de la monarquía española (nutridos a su vez por la persistencia de socialidades comunitarias) que serían constitutivos de la relación estatal mexicana y fundamento de la legitimidad de sus élites dirigentes. En su artículo 27, la Constitución de 1917 reconoció el derecho de las comunidades agrarias al usufructo de la tierra (bajo la forma del ejido) y el dominio primigenio de la nación sobre los bienes naturales comprendidos en su territorio: tierras, aguas, bosques, ríos, lagos, costas, salinas, minerales y petróleo. Ese marco constitucional definió el campo contencioso en que se restableció durante los años veinte y treinta una relación estatal: el proceso disputado y conflictivo de conformación de un mando nacional y de construcción de una hegemonía.
Revueltas de caudillos militares, organización de milicias campesinas, un “ejército” que funcionaba más como una confederación de jefes militares regionales sostenidos en lealtades personales que como un ejército profesional, una larga disputa jurídica con Estados Unidos en torno al artículo 27, la guerra cristera y grandes batallas culturales en las que no sólo intervinieron las élites cultas sino también los maestros rurales fueron momentos álgidos de construcción de una hegemonía.
La profesionalización del ejército, la creación del Partido Nacional Revolucionario (1929) y el desarme de milicias campesinas contribuyeron a disciplinar a los caudillos militares y a desbrozar el camino para emprender, al comenzar los años treinta, el viraje “modernizador” del callismo clausurando el reparto de tierras y parcelando ejidos. No lograron sin embargo suspender la violencia extendida a otras regiones en los años posrevolucionarios. Terminar de disciplinar a caciques y jefes militares regionales, centralizar las armas, subordinar a la Iglesia, eliminar poderes territoriales ejercidos fuera de la jurisdicción estatal (como las “guardias blancas” de los hacendados o los cuerpos armados privados de las empresas petroleras en la Huasteca) y suspender la violencia pasaban por la afirmación y reconocimiento de una autoridad suprema en todo el territorio nacional cuyo sustento no estaba en los aparatos sino en la tierra como derecho fundante de todos los derechos.
El reparto ejidal cardenista y la expropiación petrolera fueron los fundamentos materiales de afirmación del poder estatal mexicano. Con ellos el cardenismo acotó y desmanteló buena parte del poder de caciques y caudillos regionales, eliminó el poder detrás del trono (el “maximato”), disciplinó al ejército y al partido, afirmó la existencia de un mando nacional, suspendió la violencia, fundó en el control estatal de la renta petrolera uno de los soportes materiales del equilibrio en la relación con Estados Unidos y convirtió a la institución presidencial en depositaria exclusiva del mando supremo del Estado en todo el territorio nacional.
En ese turbulento proceso histórico fue restableciéndose también, en las prácticas cotidianas, en los rituales del mando y en el imaginario colectivo, la figura del Príncipe: una figura protectora con hondas raíces en la historia mexicana encarnada ahora en el mando presidencial. Lo que dio su peculiaridad a esa constitución estatal fue que sacó la tierra de los circuitos del mercado: un derecho protegido durante siglos por el manto protector de la Corona española, peleado en el centenar de rebeliones indígenas y campesinas que atravesaron la historia poscolonial y arrancado por la revolución mexicana.
Los fundamentos de esa relación estatal, tejidos en la experiencia y la mentalidad de seres humanos antes que en los textos jurídicos, comenzaron a resquebrajarse en la segunda posguerra. La industrialización, la difusión de relaciones salariales, la penetración del mercado en las tierras ejidales, la desintegración de ejidos colectivos, la apropiación privada de la renta de la tierra ejidal y el uso patrimonialista de la renta petrolera minaron lentamente y desde dentro el entramado social en que se había sostenido una relación estatal. La forma cristalizada de ese proceso social fue el régimen del PRI: con sus redes clientelares, su intercambio de favores y prebendas, su paternalismo, su exaltación de la figura presidencial y sus secrecías. Y sin embargo la relación estatal, aun vaciada de sus nutrientes vitales, se conservó en la segunda posguerra. No sólo porque se trataba del mundo del Welfare State, de la planificación estatal de las economías nacionales y de los llamados “Treinta Gloriosos”, sino porque la relación estatal surgida de la revolución y anclada en las corrientes subterráneas de la historia se recreaba en las prácticas cotidianas, el lenguaje, los rituales del mando y las mentalidades.
Esa forma mexicana de la relación estatal, erosionada ya en la segunda posguerra, comenzó a disolverse en el vendaval de un gran cambio de época. Un nuevo proceso de universalización de la relación de capital, sostenido en una larga ofensiva contra el trabajo y en las innovaciones científico-tecnológicas incubadas en la industria militar de la segunda posguerra (microelectrónica, informática, ingeniería genética, nanotecnología), comenzó entonces a abrirse paso. La caída del Muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, la automatización y digitalización de los procesos productivos, la conformación de corredores industriales transnacionales, el desmantelamiento del Welfare State, la privatización de bienes y servicios públicos y la incorporación de inmensos territorios (China, India, Rusia) en los circuitos de valorización de valor dieron cuenta de la gran transformación que había comenzado a desplegarse.
La reforma del artículo 27 constitucional, aprobada en 1992 junto con cambios en la legislación nacional sobre el usufructo de bosques, minas y aguas, simbolizó el ingreso del territorio mexicano en un cambio de época. Esa reforma decretó el fin del reparto agrario, sancionó jurídicamente la disolución de la comunidad agraria, abrió el ingreso formal de la tierra en los circuitos del mercado y formalizó la ruptura del pacto entre el Príncipe y su pueblo. En el momento de su promulgación las tierras ejidales y comunales abarcaban formalmente 103 millones de hectáreas: 52% del territorio nacional, 55% de las tierras agrícolas y 70% de los bosques en posesión de 30 mil ejidos y comunidades, casi tres millones de ejidatarios y 800 mil comuneros y sus familias.2
2 INEGI, “Resumen nacional. Resultados definitivos VII Censo Ejidal”, 1991.
La rebelión de las comunidades indígenas chiapanecas organizadas en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que declaró la guerra al ejército mexicano en 1994 exigiendo la anulación de la reforma del artículo 27, interpeló a la nación toda reclamando el reconocimiento constitucional de la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas (y de control de sus bienes y territorios). Esa demanda, que hubiera significado cerrar una fractura histórica de la nación mexicana, no pudo sin embargo contener el nuevo ciclo de despojo que apenas se anunciaba.
Liberada de los diques levantados por la revolución mexicana una nueva marea de despojo comenzó a crecer restableciendo el dominio del capital sobre la tierra y extendiéndolo sobre todos los bienes naturales: aguas, costas, playas, bosques, ríos y lagunas. A este proceso corresponden, en lo que va del nuevo siglo, la desintegración de ejidos y comunidades, el crecimiento de títulos de concesión estatal de costas y playas, la apropiación privada de ríos para la construcción de presas y centrales hidroeléctricas, el aumento de concesiones de explotación minera a compañías extranjeras, la expansión de la minería a cielo abierto y la concesión a empresas petroleras extranjeras de “bloques” del territorio nacional, incluyendo aguas profundas del Golfo de México y los llamados “yacimientos transfronterizos”.3
El torbellino del norte
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) formalizó en 1994 una tendencia anunciada en los años ochenta con la expansión de maquiladoras y la instalación de modernas plantas automotrices en la frontera norte de México: la integración selectiva y subordinada del territorio nacional en los circuitos mercantiles y productivos de Estados Unidos. Ese tratado abrió las fronteras al libre tránsito de mercancías, dinero y capitales, excluyendo la libre movilidad de la fuerza de trabajo a través de las fronteras. En su capítulo XI reglamentó además las inversiones y los mecanismos de arbitraje internacional en caso de controversias, estableciendo la obligatoriedad de dar un “trato nacional” y “preferente” a los capitales de Canadá y Estados Unidos, creando en los hechos un orden jurídico supranacional.
En este proceso de integración regional se fue afirmando una nueva oligarquía financiera mexicana asociada con capitales externos surgida de la oleada de privatización de empresas estatales y bienes públicos que fue subordinando en el camino a las fracciones del capital industrial, agrario y comercial.4 Este núcleo duro del gran capital nacional, que empujó activamente las negociaciones del TLCAN, al iniciar el siglo XXI concentraba ya casi la mitad de la producción nacional y más de 50% de las exportaciones manufactureras, 90% de las cuales se dirigieron a Estados Unidos.5
3 Sobre los procesos contemporáneos de despojo en territorio mexicano pueden consultarse, entre otros, Andrés Barreda, (coord.), Voces del agua. Privatización o gestión colectiva: respuestas a la crisis capitalista del agua, Itaca, México, 2006; Francisco López Bárcenas y Mayra Eslava Galicia, El mineral o la vida. La legislación minera en México, Centro de Atención y Asesoría a Pueblos Indígenas, México, 2011; Rubén Trejo, Despojo capitalista y privatización en México, 1982-2010, Itaca, México, 2012; Violeta Núñez, El capital rumbo al mar. Una nueva era minera: minería marina, Itaca, México, 2020.
4 Para una reconstrucción analítica del proceso de concentración y centralización de capitales y de la consolidación de las grandes corporaciones financieras mexicanas véanse, entre otros, Jorge Basave Kunhardt, Los grupos de capital financiero en México, 1974-1995, El Caballito/UNAM, México, 1996; Carlos Morera, El capital financiero en México y la globalización. Límites y contradicciones, Era/UNAM, México, 1998.
5 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Evolución del sector manufacturero en México, 1980-2003, Cámara de Diputados, México, 2004.
A la reorganización capitalista del espacio territorial, comparable por sus alcances a la operada durante el porfiriato con la expansión de los ferrocarriles, corresponde la conformación de corredores industriales que conectan selectivamente ciudades y puertos del norte de México con los polos industriales y los mercados de exportación de Estados Unidos: el Corredor del Pacífico, el Corredor del Oeste (también conocido como Sun Belt), el Corredor del Centro (vinculado con el complejo militar-industrial de Texas y Nuevo México) y el Corredor del Golfo. Estos corredores son parte de un movimiento todavía más amplio de formación de “regiones económicas transnacionales” que comprenden ciudades de Canadá, Estados Unidos y México conectadas entre sí por supercarreteras y corredores comerciales.6
Los datos oficiales registran que en la primera década de este siglo se concesionaron o renovaron concesiones a empresas mineras equivalentes a 56 millones de hectáreas (25% del territorio nacional), extrayéndose del suelo mexicano el doble de toneladas de oro y más de la mitad de toneladas de plata extraídas en los tres siglos de colonización española.7 Hacia 2013 el 70% de la actividad minera era ya controlada por capitales extranjeros (70% de ellos canadienses). La superficie concesionada abarcaba, entre otros, 97% del territorio del pueblo paipái y 85% del territorio del pueblo kiliwa en Baja California, 65% del territorio del pueblo kikapoo en Chihuahua, 51% del territorio del pueblo pima en Sonora y Chihuahua, 40% del territorio cucapá en el norte de Baja California y 33% del guarijío en Sonora.8
El cambio es de alcance y significado históricos. Ningún proyecto anterior de “modernización” capitalista había implicado la erosión de la forma estatal. Todos, en su momento, intentaron reconfigurar el tejido social destruyendo socialidades comunitarias, convirtiendo la tierra en mercancía y difundiendo la socialidad abstracta del mercado capitalista. Ese fue el proyecto del juarismo, de los “científicos”, del maderismo, del carrancismo, del callismo y del alemanismo. Pero todos ellos partían de la existencia de un mando interno soberano y del control estatal sobre el territorio nacional como fundamentos de la República que debían ser resguardados. Sólo comprensible en escala histórica, más allá del acontecimiento o de la coyuntura, esta lógica destructiva no es producto de la maldad o la torpeza de nadie. Es la fuerza impersonal y abstracta, personificada en políticos y financistas, de un proceso social que desborda a todos. Esta tendencia es reforzada por la contratendencia autónoma, y hasta ahora incontrolable, que viene del propio movimiento del trabajo vivo: la expresada en los miles de trabajadores que anualmente atraviesan la frontera hacia el norte ejerciendo el multisecular “derecho de fuga” que Sandro Mezzadra encontró como una constante en la historia del capitalismo.9
Y sin embargo, como ha sucedido también en la historia de la modernidad capitalista, esta tendencia integradora encuentra también sus límites en la historia y la cultura de los pueblos. La república estadounidense, construida históricamente desde el trasplante en suelo americano de socialidades capitalistas ya desarrolladas, descansó desde su origen en la moderna lógica empresarial, en sus valores de utilidad práctica y remitiéndose al eje universal-cosmopolita de los contratos privados.10 El Estado mexicano, nutrido del contractualismo antiguo a través de la multisecular experiencia novohispana e impregnado de socialidades comunitarias, descansó en cambio en un entramado material y simbólico que otorgaba a la comunidad política una existencia trascendente y preeminente sobre los intereses particulares de sus miembros. En esa tradición la noción de “cuerpo político”, anclada materialmente en la existencia de bienes comunes, definía el lazo sagrado de protección y lealtad que vinculaba a gobernantes y gobernados.11
6 Entre los primeros análisis de estas tendencias destacan los estudios de Miguel Ángel Velázquez Ruiz, Fronteras y globalización. Integración del noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos, IIE UNAM, México, 1997; Claude Bataillon, Espacios mexicanos contemporáneos, FCE/Colmex, México, 1997; Clemente Ruiz Durán, Integración de los mercados laborales en América del Norte, Porrúa/UNAM, México, 2007.
7 José de Jesus González Rodríguez, Minería en México, Centro de Estudios Oficiales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, México, 2011, ps.5-6.
8 Aroa de la Fuente López y Beatriz Adriana Olivera (coords.), Las actividades extractivas en México: estado actual. Anuario 2016, Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., México, 2017, pp.107-108.
9 Sandro Mezzadra, Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione, Ombre Corte, Verona, 2001.
10 Véase José Luis Orozco, El Estado pragmático, Fontamara, México, 1997.
11 Annick Lempérière, Entre Dieu et le Roi, la République. Mexico, XVIe-XIXe siècles, Les Belles Lettres, París, 2004.
Esta matriz cultural mexicana fue traducida en el discurso imperial como una frontera racial que fijó límites precisos entre ambas naciones: los que en el imaginario del norte separan a una nación blanca de un “país de indios”. Esta línea racial, constitutiva de la dominación colonial moderna, sigue abriendo hoy zonas de turbulencia. El endurecimiento de las políticas migratorias y la deportación de miles de migrantes no se explican solamente por la lógica de los mercados laborales o como el intento de controlar los movimientos autónomos de la fuerza de trabajo. Son también una continuación de la “geopolítica de la prudencia racial” que, inaugurada desde los tiempos del despojo territorial de 1847, sirvió para fundamentar el rechazo de las élites del norte a la anexión territorial de todo México.12 La integración regional norteamericana conserva y refuerza entonces las fronteras estatales subordinando en los hechos a los Estados vecinos, impidiendo la libre movilidad de la fuerza de trabajo y criminalizando a los migrantes mexicanos, excluidos a ambos lados de la frontera.
Los nuevos cercamientos: el Tren Maya y el Corredor Transístmico
En sus estudios sobre la geografía del capital David Harvey ha subrayado la estrecha relación entre los procesos de acumulación, la expansión geográfica y las revoluciones del transporte y las comunicaciones (el ferrocarril y el telégrafo, la radio y el automóvil, el transporte de reacción y las telecomunicaciones) con las que el capital reduce las barreras espaciales transformando periódicamente la experiencia humana del espacio y del tiempo.13 En esos estudios Harvey ha mostrado que una de las tendencias inexorables del mundo del capital es la aniquilación del espacio con el tiempo o de producir lo que llamó una “compresión espacio-temporal”: un mundo en el que el capital se mueve cada vez más de prisa y donde se reducen increíblemente las distancias de interacción.14
Esta tendencia se entrelaza con los mecanismos de acumulación por despojo, inherentes también al movimiento del capital en su proceso de reproducción ampliada: aquellos mecanismos que, junto con la explotación del trabajo mediada por la relación salarial, incorporan de manera violenta -o encubierta bajo formas legales- brazos, territorios, naturaleza, bienes comunes, conocimientos y destrezas en los circuitos de valorización de valor. En este proceso, que Marx se representaba con la imagen de una espiral ascendente, se recrea una y otra vez, exponencialmente, la misma historia contada en la narración de la llamada “acumulación originaria”. Lo novedoso de este proceso, en el nuevo mundo de las finanzas, es la ruptura de límites antes inimaginables: biodiversidad, creación intelectual, saberes locales, códigos genéticos, espacio radioeléctrico, espacio aéreo, energía eólica, sangre y órganos del cuerpo humano, la entera biosfera y aun recursos que son condición natural de reproducción de la vida como las semillas y el agua.15
12 Véase José Luis Orozco, De teólogos, pragmáticos y geopolíticos. Aproximación al globalismo norteamericano, Gedisa, Barcelona, 2001, pp.117-123.
13 David Harvey, Espacios del capital. Hacia una geografía crítica, Akal, Madrid, 1ª reimp., 2009, p.139 y ss.
14 David Harvey, El enigma del capital y las crisis del capitalismo, Akal, Madrid, 2010, p.133.
15 Para un análisis de esta tendencia, sostenida en la violencia estatal y en las innovaciones científico-tecnológicas incubadas en la industria militar de la segunda posguerra, véase Adolfo Gilly y Rhina Roux, El tiempo del despojo. Ensayos sobre un cambio de época, Itaca, México, 2ª, 2021.
La acumulación por despojo y la conformación de un espacio transnacional de acumulación de capital adquieren hoy un nuevo impulso con la reorganización territorial del sur-sureste mexicano proyectada con la construcción del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: dos megaproyectos orgánicamente articulados que complementan la reconfiguración histórica del territorio nacional inicialmente formalizada en 1994 con el TLCAN (actualizado entre 2017 y 2020 como T-MEC).
Con estos megaproyectos, que contemplan la integración de esta región con el llamado “Triángulo Norte” centroamericano (Guatemala, Honduras, El Salvador), el gobierno mexicano se ha propuesto materializar el viejo proyecto de aprovechar la ubicación geoestratégica del Istmo de Tehuantepec para enlazar el Atlántico y el Pacífico acelerando el tránsito de mercancías, así como para contener flujos migratorios estableciendo en la región lo que Ceceña y Prieto han llamado una “zona de encierro”: una zona industrial y de servicios capaz de incorporar fuerza de trabajo reteniendo a la población local y a las caravanas de paso de los migrantes centroamericanos y de cualquier otro lugar.16
Esta reconfiguración territorial supone la construcción de un tren de alta velocidad que recorrerá los principales centros turísticos del Caribe y las zonas arqueológicas de las antiguas culturas olmeca y maya, así como la creación de un corredor industrial y comercial en el Istmo de Tehuantepec que, aprovechando la ubicación estratégica y los bienes naturales de la región, agilice la conexión entre el Atlántico y el Pacífico con distintos medios de comunicación y de transporte incorporando nueva fuerza de trabajo. En julio de 2018, en una carta dirigida al entonces presidente estadounidense Donald Trump, el recién electo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador así lo explicaba:
Se trata de un corredor de 300 kilómetros, donde se construirá una línea ferroviaria para el transporte de contenedores. Se ampliará la carretera existente, se rehabilitarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, se aprovechará el petróleo, el gas, el agua, el viento y la electricidad de la región, y se instalarán plantas para ensamblar piezas y fabricar artículos manufactureros. Toda esa franja del Istmo se convertirá en zona libre o franca [..] En este caso, como en cualquier otro proyecto, se tendrán en cuenta los impactos ambientales y no se pasará por encima de los derechos de los pobladores y de los propietarios de tierras, por el contrario, serán tomados en cuenta, consultados e incorporados como parte sustantiva del proyecto. En particular, los dueños de las tierras que formarán parte de este corredor serán invitados a participar como accionistas de la empresa que se constituya con este propósito. La construcción de estas obras y las fábricas que se instalen, generarán un importante número de empleos y se evitará, con ello, que los jóvenes de la región sigan emigrando hacia el norte en busca de trabajo.
Asimismo, fomentaremos el desarrollo a lo largo de los tres mil ciento ochenta y cinco kilómetros de frontera con Estados Unidos y allí se creará una zona libre o franca para promover la inversión, el desarrollo productivo y tecnológico, así como la creación de empleos. Esta será la última cortina para retener trabajadores en nuestro territorio.17
Con estas iniciativas, sustentadas en el viejo discurso desarrollista que presenta la urbanización y la difusión de relaciones mercantiles como indicadores de “progreso”, una nueva oleada de despojo de tierras ejidales y comunales asoma en el horizonte. El proceso, acompañado de la proletarización precaria de poblaciones indígenas y campesinas, está suponiendo la destrucción de equilibrios ecológicos, la erosión de patrimonios arqueológicos y la “folklorización” de costumbres y tradiciones.
De una parte, el Tren Maya supone la construcción de una vía férrea de 1500 kilómetros que atravesará en su recorrido 43 municipios de cinco estados de la república: Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en donde según el censo de 2010 habita 32% de la población indígena del país, casi en su totalidad perteneciente al grupo maya.18 Su construcción contempla 12 paraderos y 19 estaciones que formarán parte de “polos de desarrollo” o “comunidades sustentables” que supondrán la urbanización de territorios rurales y su incorporación en la economía de servicios, principalmente vinculada al turismo. Considerando un área de influencia de 10 kilómetros lineales, en el trayecto ferroviario se ubican 533 ejidos y 1510 comunidades indígenas de los pueblos maya, tzeltal, ch’ol, jakalteko, awakateko y akateko.19 La amenaza de despojo de tierras que representa su construcción se dimensiona más fielmente, sin embargo, si se considera la proporción de tierras ejidales en la región: 61% de la superficie territorial del estado de Quintana Roo, 54% del territorio de Yucatán, 52% de Campeche, 49% de Chiapas y 43% del territorio de Tabasco corresponden a tierras ejidales.20
16 Ana Esther Ceceña y Sergio Prieto, “Mirando al Sur: megaproyectos, fronteras e in(movilidades)” en Eduardo Martínez Romero, Giovanna Gasparello y Miguel Ángel Díaz Perera (coords.), Territorios mayas en el paso del tren. Riesgos previsibles y posturas independientes sobre el Tren Maya, Bajo Tierra Ediciones, México, 2023, volumen 1, p.39.
17 Carta de Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump, 12 julio 2018. El texto completo puede consultarse em scribd.com
18 Eduardo Martínez Romero, et.al., Territorios mayas en el paso del tren, op.cit., “Introducción”, p.18.
19 Daniel Sandoval Vázquez, Tren Maya, Sembrando Vida y Corredor Transístmico (impactos en el valor de uso territorial de las comunidades indígenas y campesinas), Centro de Estudios para el Cambio del Campo Mexicano, México, 2020, ps.6-7.
20 Violeta Núñez, “Acumulación por desposesión en territorios agrarios mayas” en Giovanna Gasparello y Violeta Núñez (coords.), Pueblos y territorios frente al Tren Maya, Bajo Tierra/INAH, Oaxaca, México, 2021, p.134.
El despojo contemporáneo, que reedita en escala ampliada el cercamiento de tierras comunales (enclosure of commons) operado en los albores de la modernidad y continuado en los siglos de expansión colonial, en el nuevo mundo de las finanzas adopta sin embargo formas más sofisticadas que en el pasado. En la construcción del Tren Maya el despojo de tierras ejidales y comunales se enmascara con el llamado Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRA), un instrumento financiero que promueve el “dominio pleno” campesino sobre las tierras para ponerlas a disposición como instrumentos bursátiles, convirtiendo a ejidatarios y comuneros en “socios capitalistas” de proyectos inmobiliarios y turísticos. “En el caso del Tren Maya”, explicó un reciente estudio, “las FIBRAs serán utilizadas para el financiamiento de los ‘polos de desarrollo’ asociados con las 17 estaciones del proyecto, de manera que pronto podría aparecer algo tan absurdo como una Fibra-Maya”:
Este proyecto ya lo prepara la consultoría Trust Management Sourcing junto con FONATUR, lo que permitirá asociar zonas habitacionales, centros comerciales, hoteles, corredores industriales y agroindustriales en un solo esquema de reordenamiento territorial y urbano, impulsado por un proyecto que parece fomentar únicamente el turismo. El discurso de las FIBRAs pretende que es posible convertir en socios igualitarios a los capitales globales que impulsan estos mecanismos en diversas partes del mundo y a los propietarios de tierras locales. Incluso existe el concepto de community trust o fideicomisos comunitarios que buscan convencer a las poblaciones locales de que los trusts o Fibras son instrumentos colectivos superiores a los mecanismos de organización comunitaria y propiedad social de la tierra que ya existen en la península yucateca [..] Con este discurso, las expropiaciones de tierra son enmascaradas como áreas de desarrollo que permitirían que los ejidatarios se convirtieran en socios capitalistas de los proyectos de despojo.21
De otra parte, un diagnóstico encargado por Conacyt y del que sólo se permitió publicar su resumen ejecutivo, alertó desde diciembre de 2019 sobre la afectación directa que supondría la construcción del Tren Maya en diez áreas naturales protegidas, entre ellas las reservas de Balam Kin y Balam Kú en Campeche, el Parque Nacional de Palenque en Chiapas, Yulam Balam (hogar de la mayor congregación de tiburones ballena en el mundo), los manglares de Nichupté y Uaymil en Quintana Roo que forman la segunda barrera de coral más grande del mundo y son parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, las reservas de la Biosfera de Sian Ka’an en Quintana Roo, los Petenes en Campeche, los anillos de cenotes dispersos en la península de Yucatán y las selvas de la región de Calakmul en Campeche.22 Ese diagnóstico alertaba también sobre la erosión de patrimonios culturales, pues a lo largo de la ruta del Tren Maya se encuentran 7274 ubicaciones arqueológicas, de las cuales casi 1288 se encuentran en el margen de 10 kilómetros a ambos lados de la vía férrea.
La mercantilización y “folklorización” de tradiciones y saberes milenarios es otro efecto de la construcción del Tren Maya denunciado por las comunidades de la región, quienes observan con indignación la propaganda de la Secretaría de Turismo en la que personas, costumbres y rituales indígenas son presentados como si se tratara de objetos “exóticos”. Lo que puede ya registrarse es lo que Gasparello describe como una “disneyzación” de la cultura maya, la conversión de manifestaciones culturales en un espectáculo para el consumo turístico y la mercantilización de la historia de los pueblos mayas.23 Por lo demás, el incremento exponencial del turismo proyectado en diversos estudios no sólo trastocará los equilibrios ecológicos y los mundos de la vida de los habitantes de la región, sino estimulará la urbanización acelerada y la creación de nuevos cinturones de miseria alrededor de los centros inmobiliarios y turísticos.
Gracias a la conexión de ferrovías y carreteras, la red de puertos y las actividades económicas planeadas para la región, la construcción del Tren Maya se articula estratégicamente con la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: un viejo proyecto que intenta aprovechar la ubicación geoestratégica de esa franja del territorio nacional para facilitar la conexión entre los países asiáticos y la costa este de Estados Unidos (Houston, Nueva Orleans, Miami, Washington), así como entre los puertos de las costas de Estados Unidos (sin pasar por las Rocallosas) y el comercio entre Norteamérica, Asia, Europa y los países sudamericanos, comprimiendo el espacio-tiempo y acelerando el tráfico mercantil.
El megaproyecto no sólo se propone, sin embargo, construir un eje multimodal de comunicaciones y transportes entre los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca. Aprovechando los bienes naturales y las reservas de hidrocarburos de la región, contempla también la construcción de un gasoducto transístmico de 247 kilómetros, un corredor energético y la creación de diez parques industriales en una superficie territorial que comprende 79 municipios de Oaxaca y Veracruz: casi cinco millones de hectáreas de las cuales tres millones (66% de ese territorio) corresponden a tierras ejidales o comunales. En esa superficie territorial, registran los datos, habitan más de medio millón de indígenas de 12 grupos étnicos en 3401 localidades indígenas, 1245 ejidos y 35 comunidades.24 En su parte sustantiva el Programa Regional Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, promulgado el 4 de agosto de 2020 por decreto presidencial, explicó claramente sus objetivos:
Su eje será el Corredor Interoceánico que aprovechará la posición del Istmo para competir en los mecanismos mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte.
Con la coordinación del Corredor Interoceánico se modernizará el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, de los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca, se fortalecerá la infraestructura carretera y de caminos rurales, así como la red portuaria y se construirá un gasoducto para abastecer a empresas y consumidores domésticos. Asimismo, se crearán polígonos a lo largo del Istmo de Tehuantepec que contarán con incentivos para atraer inversión que detone el desarrollo económico y social de la región con base en las vocaciones productivas con mayor potencial.25
21 Adrián Flores, Yannick Deniau y Sergio Prieto, El Tren Maya. Un nuevo proyecto de articulación territorial en la península de Yucatán, GeoComunes/Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, México, 2019.
22 GC-TTM, Territorios mayas en el paso del tren: situación actual y riesgos previsibles, resumen ejecutivo, Conacyt, diciembre 2019. Un análisis más detallado de los impactos destructivos del Tren Maya en los equilibrios ecológicos de la región se expone en el estudio de Eduardo Martínez Romero, et.al., “Problemas ambientales y conflictos socioambientales en el contexto de la ruta del Tren Maya para los años 2010 y 2015” en Territorios mayas en el paso del tren, cit., p.231 y ss.
23 Giovanna Gasparello, “Apuntes sobre turismo y mercantilización de la cultura y los territorios mayas” en Territorios mayas en el paso del tren… op.cit., pp.77-79.
24 Daniel Sandoval, Tren Maya, Sembrando Vida… op.cit., p.32.
25 Diario Oficial de la Federación, México, 4 de agosto de 2020.
De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Energía en la región sur-sureste del territorio mexicana se encontraban hacia 2017 el 81.2% de la extracción de petróleo del país, 75.6% de las reservas probadas de petróleo y 56.9% de la producción de gas natural. Secretaría de Energía, Plan quinquenal de licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos 2015-2019. Evaluación 2017, México, 2017. La articulación estratégica de ambos megaproyectos fue confirmada en noviembre de 2021 con el anuncio presidencial de una conexión del Tren Maya con el puerto de Coatzacoalcos y la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco, así como de la construcción de un ramal del tren que conectará la estación ferroviaria de Palenque con Guatemala.
En este proceso de reorganización territorial, que amenaza con destruir a su paso mundos de la vida, patrimonios culturales y equilibrios ecológicos, se ha abierto también en la región un nuevo ciclo de luchas comunitarias contra el despojo y en defensa de territorios que convergen con otras que salpican el paisaje nacional. Si el territorio, como argumentó Gilberto Giménez, no debe entenderse como un espacio físico, sino como un área de inscripción cultural y apego afectivo, de distribución de instituciones y prácticas culturales y un símbolo de pertenencia identitaria,26 entonces en la defensa del territorio está contenida la reafirmación de un modo de existencia que se niega a ser disuelto y una disputa por derechos y jurisdicciones. Para decirlo con Paz Salinas, en la defensa del territorio lo que se disputa es “su conceptualización, su valorización, su uso, su disfrute y su gobierno, lo que va ligado a formas específicas de vida que se resisten a la invisibilidad y la precarización”.27 Lo novedoso de estas insubordinaciones, en contraste con otras épocas, es que en las luchas actualizadas en defensa de comunidades y territorios está también contenida la conexión empírica con otras luchas por el resguardo de la naturaleza y de afirmación de la condición humana frente a la racionalidad instrumental y depredadora del capital.
Frente a las protestas indígenas, campesinas, civiles y ambientalistas por los impactos de estos megaproyectos el gobierno mexicano sin embargo, por decreto presidencial del 22 de noviembre de 2021, declaró “de interés público y seguridad nacional” la realización de proyectos y obras asociados a infraestructura en comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos considerados “estratégicos para el desarrollo nacional”, autorizando el otorgamiento de autorizaciones provisionales de doce meses a los dictámenes, permisos o licencias de las obras correspondientes.28 Esta cerrazón premoderna no ha significado sin embargo la sumisión de las comunidades, sino la proliferación de sus autonomías, de los dominios autónomos de su política y de sus instituciones autosuficientes, como revelan las resistencias de las comunidades mayas de la península de Yucatán y la oposición de zapotecos, mixes, huaves y chontales al Corredor Transístmico.
26 Gilberto Giménez, “Territorio, cultura e identidades. La región socio-cultural” en Estudios sobre las culturas contemporáneas, vol.V, núm.9, junio 1999, pp.25-57.
27 María Fernanda Paz Salinas, “Luchas en defensa del territorio. Reflexiones desde los conflictos socioambientales en México” en Acta Sociológica, núm.73, FCPyS/UNAM, mayo-agosto 2017, p.215.
28 “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, Diario Oficial de la Federación, México, 22 noviembre 2021.
El 22 de abril de 2022, con la presencia del embajador de Estados Unidos y representantes del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Mexicano de Negocios y de grandes corporaciones estadounidenses (Constellation Brands, General Motors de México, Kansas Southern Mexico, TC Energy México) se presentó formalmente en Veracruz el proyecto del Corredor Transístmico como una iniciativa orientada a facilitar “una conexión eficiente y segura entre el este de Estados Unidos y Asia y entre el Este y el Oeste de América del Norte”, al tiempo que se confirmaba la modernización de las vías férreas para conectar el Transístmico con el Tren Maya y Guatemala. Se confirmaba así una tendencia continua más allá de partidos y discursos políticos en la dirección del aparato estatal mexicano: la conversión del sur-sureste mexicano en una ruta de paso estratégica para el mercado mundial.
Epílogo
Las formas concretas que la nueva universalización del capital adopta en el mundo y en cada una de sus regiones, así como sus significados precisos en la vida y el imaginario colectivo, no dependen solamente de ciclos económicos. Están sujetos a entramados materiales y culturales conformados en la experiencia y en el tiempo desde los cuales etnias, comunidades y pueblos reciben e interpretan, cuestionan y disputan, adaptan y moldean el sentido de esta gran transformación. El secreto de esta historia no está en los aparatos estatales sino en la afirmación del trabajo viviente en sus múltiples modos de existencia y desde sus mundos de la vida concretos.
De qué modo podrán articularse las luchas locales y regionales contra el despojo y en defensa de mundos de la vida y territorios, sólo la experiencia del nuevo modo de dominación podrá terminar de revelarlo. Si en México las rebeliones comunitarias fueron un elemento decisivo en el largo proceso histórico de conformación de una relación estatal, lo que hoy otorga una nueva universalidad a estas rebeliones no es la adopción de un discurso trascendental: es que en sus luchas actualizadas en defensa de sus mundos de la vida y de sus territorios están también contenidos el resguardo de la naturaleza y de conquistas civilizatorias del mundo humano. El ángel de la historia, aquel al que se refería Benjamin, es un ángel jalonado: irresistiblemente arrastrado hacia el futuro, no puede dejar de mirar hacia atrás.
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