Vladimir Viramontes Cabrera y Silvana Andrea Figueroa Delgado / Doctor en Ciencia Política. Profesor Investigador, Unidad Académica de Preparatoria, Universidad Autónoma de Zacatecas/Doctora en Ciencia Política. Profesora Investigadora, Unidad Académica de Ciencia Política, Universidad Autónoma de Zacatecas.
En este trabajo se profundiza en la trayectoria de la construcción de la autonomía zapatista a partir de una ruptura franca con el Estado mexicano y de un reordenamiento territorial autogestionado. La experiencia en cuestión no podía tener otro destino que el anticapitalismo, tanto porque desincorpora relaciones de explotación, como porque la defensa del territorio y de los recursos naturales albergados en él constituye una lucha que contraviene la lógica destructora inherente al capital. Asimismo, quedará evidenciado que la conquista de autonomía no ocurre al margen del ejercicio de la democracia directa, sino que convoca al poder popular, al pueblo hecho poder. Ello demanda de estructuras comunales regidas por una auténtica vocación de servicio a la colectividad, dotadas de una ética y valores radicalmente opuestos a los que imperan en el sistema político liberal.
Introducción
La insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el primero de enero de 1994, obedeció a la indignación acumulada producida por las condiciones de exclusión socioeconómicas en que se encontraban los pueblos originarios, en especial, los que habitan en el estado de Chiapas. La indignación se extendió a causa de la escasa –o nula– democratización que premiaba en el país, y la hegemonía indiscutible de un partido de Estado (EZLN, 1994, 1o de enero). No obstante, las razones de confrontación con el sistema fueron reorientadas por la decisión de las comunidades de favorecer su autodeterminación. Este proceso se inició muy temprano, con la conformación de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) a finales de 1994, y tomaría otro impulso ante la omisión de las élites gobernantes en reconocer los derechos y cultura indígenas. Se constituyó en un “mundo en guerra” pero uno en contra de la guerra misma, al ser ésta el sello del sistema, que bajo la globalización neoliberal ha sido descrita por el zapatismo como Cuarta Guerra Mundial (SCI Marcos, 1997, 20 de junio). Una nueva fase de conquista que vuelve al mecanismo de destrucción/despoblamiento y reconstrucción/reordenamiento de territorios y de los aspectos económicos, sociales, culturales y políticos del conjunto social. Frente a la agudización de las contradicciones del capital que cristalizan en la cada vez más compleja crisis –estructural, financiera, política, ambiental y civilizatoria–, se construye la autonomía zapatista; que va más allá de combatir las relaciones sociales de producción capitalistas, también disputa las formas de dominación que se expresan en el ámbito cultural, ideológico y político.
La construcción de la autonomía de los pueblos indígenas zapatistas, que rechaza la relación de explotación y cuestiona los cimientos de la propiedad privada, ha ido a contracorriente de la lógica hegemónica de dominación y reproducción del capital. Por un lado, resisten –enfrentando las diferentes estrategias gubernamentales en su contra– desde sus territorios, la intensificación del despojo1 de los recursos naturales estratégicos para la acumulación capitalista en su fase actual. Ello en pleno reconocimiento de que esta dinámica pone en riesgo tanto la biodiversidad, como la existencia misma del entramado comunitario. Por otro lado, producto de esta defensa, han edificado procesos organizativos y de participación política que no tienen como referente la toma del poder del Estado como vía para el mejoramiento de las condiciones de vida y de transformación social. El antagonismo zapatista es, por tanto, “la expresión de un proceso experiencial derivado de una polarización subjetiva, de una colocación polar en una relación de conflicto y de lucha social y política” (Modonesi, 2016: 77).
1 En el caso de Chiapas, los zapatistas sostienen que “Se trata de ‘invadir’ los territorios antes ignorados, despojar a sus habitantes de sus derechos y de la tierra, deshacerse de ellos y reacomodar todo de modo que la naturaleza sea una mercancía administrada por los grandes consorcios hoteleros”. “Igual se está dando, a la par de proyectos de ‘prospección’ en lo que se refiere a minería, maderas preciosas y el ‘oro’ más reciente: el agua”. “Estos ‘medios de despojo’ a diferencia de los medios de producción y circulación, tienen como unidad el robo ‘legal’. Con leyes, un ejército de abogados, autoridades corrompidas (…), un sistema jurídico hecho por los de arriba para dejar fuera a los de abajo, se realizan robos descarados de miles de hectáreas. Éstas pasan de estar dedicadas al cultivo, a modificar su uso para el recreo, para la minería y para la explotación maderera y acuífera” (SCI Galeano, 2015a: 288-289).
El presente escrito rinde homenaje, sin sacrificar la rigurosidad, a esta de autonomía, autogestión, autogobierno y emancipación social: otro mundo. Bajo la mirada de Raúl Zibechi, este mundo otro contiene los siguientes rasgos.
Autocentrado porque tiende a establecer o establece de hecho su propia agenda; su agenda no es un espejo de la agenda del sistema y sus tiempos no son espejo de los tiempos del sistema y esto tiene que ver con la capacidad de autoafirmación de estos nuevos sujetos y –en paralelo– con el crecimiento de la autonomía (…) El tener un mundo autocentrado supone de alguna manera cierto desenganche o desconexión (…) entre el mundo otro y el mundo del capital. Sin esta cierta desconexión me parece difícil que se pueda afirmar la existencia de otro mundo y esto es un contraste importante con la izquierda política (…)
es un mundo integral (…) porque abarca todos los aspectos de la vida, (…) desde la cultura, el ocio y el tiempo libre, hasta la educación, la salud y la producción material de aquello que necesitamos para vivir (…)
Por último, el mundo otro, éste que nace, no puede ser sino un mundo en guerra, en guerra social o guerra militar en ocasiones (…) es la lucha social la que abre grietas, la que crea espacios donde nace este Nuevo mundo en base a relaciones distintas (…) uno de los ejes de la creación de un mundo otro es la creación de comunidad, de relaciones sociales fraternas de tipo comunitario. (2004: 41-42)
La indagación en este movimiento anticapitalista2 se realiza, por cuestiones de espacio, con énfasis en aquellos aspectos que dan cuenta de otra forma de hacer política. En un primer momento, se aborda, de manera breve, el proceso de lucha por el reconocimiento de los Derechos y Cultura Indígenas plasmados en los Acuerdos de San Andrés. La negativa del Estado mexicano y de la élite política en conceder constitucionalmente tales derechos se interpreta en la lógica de la naturaleza antisistémica que plantea la autonomía demandada por los pueblos. Posteriormente, el análisis se enfoca en el ejercicio práctico de las comunidades, mismo que evidencia la integridad del proyecto alternativo societal. Aquí se resaltan tres procesos: a) la apropiación y organización territorial, b) la organización política y la instalación de sus estructuras de autogobierno, y c) las formas organizativas de lo económico. Se finaliza con una síntesis de la experiencia autonómica y algunas conclusiones preliminares.
2 Bajo la mirada de Carlos Aguirre Rojas ([2010] 2012), los conceptos anticapitalista y antisistémico no pueden usarse como sinónimos para describir y explicar a los movimientos sociales que surgieron a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Son conceptos que se vinculan y son interdependientes, pero afirma que lo antisistémico no sólo incorpora la lucha en contra de las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales capitalistas. La agenda también contempla demandas referentes a construcciones previas al capitalismo, pero que éste ha subsumido a su lógica, y hoy son seriamente cuestionadas. Ejemplos dados por el autor son la lucha contra todo tipo de sociedad clasista, el patriarcado y el machismo, el racismo, la relación instrumental y utilitaria de la naturaleza, entre otros. Lo anterior, permite agregarle un nuevo sentido de interpretación a los movimientos antisistémicos y diferenciarlos de la caracterización que Wallerstein (2004) planteó sobre los movimientos socialistas o de liberación nacional en los siglos XIX y XX. De este modo, un rasgo central, señalado por Aguirre, de los movimientos antisistémicos actuales es su “crecimiento exponencial, tanto de las áreas de combate, como de los nuevos sujetos sociales que los llevan a cabo” (2010, marzo, p. 18), indígenas, mujeres, jóvenes, diversidad sexual, etc. Sin dejar de reconocer la valía de este esfuerzo de conceptualización –justo por el nuevo sentido que le imprime–, y dado que es el capitalismo de hoy el que precisamente recupera, adopta y hace suyos ciertos valores, y promueve la marginación de amplios sectores, nos parece seguro, para efectos de este trabajo, referirnos indistintamente a lo anticapitalista y lo antisistémico; en la acepción más radical de la palabra, esto es, no institucionalizado, sino en franca ruptura con la organización estatal.
Deuda histórica: el reconocimiento de los derechos y cultura indígenas
El alzamiento armado del EZLN en 1994, puso en la agenda nacional la discusión de los derechos y cultura indígenas. El objetivo de ser reconocidos como sujetos sociales con concepciones y prácticas religiosas, lingüísticas, políticas y jurídicas propias –como se establece en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989)–, constituye entonces, un paso importante en la reivindicación de su libre determinación y autonomía. Como consecuencia del conflicto, se abrió un proceso de diálogo y de negociación con el gobierno federal. Para participar de esta etapa, el zapatismo convocó e invitó a diferentes actores, sectores y organizaciones, principalmente indígenas, en calidad de asesores e interlocutores; de tal manera que, más que una negociación cerrada entre las partes, fue un escenario de amplio intercambio y debate (CCRI-EZLN, 1995, 2 de octubre). Este proceso paralelo, de encuentro entre los originarios de México, dio paso a la conformación del Congreso Nacional Indígena (CNI), y el reconocimiento de la autonomía indígena se tornó en el eje de lucha durante algún tiempo (CCRI-EZLN, 1997, 14 de septiembre).
Resultado del diálogo, en febrero de 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés, en materia de Derechos y Cultura Indígenas, concernientes a la primera de cuatro mesas pactadas entre el EZLN y el gobierno federal para el inicio del proceso de paz. Fueron los primeros y los únicos acuerdos sustantivos del proceso de negociación antes de su interrupción, debido al incumplimiento de la parte gubernamental para convertirlos en ley, a través de una reforma constitucional.
Los Acuerdos de San Andrés reivindicaban el respeto a la autonomía como modo de ejercicio colectivo de los pueblos originarios de México; enalteciendo su facultad de decidir sobre su destino y sus asuntos fundamentales dentro del Estado mexicano (Gobierno Federal y EZLN, 1998-2004). Lo anterior, implicaba entender al Estado Nacional como uno pluricultural, cuyo fundamento fuese el respeto a la diferencia, cosmovisión y prácticas de los pueblos originarios, permitiendo formas de convivencia política más democráticas y, por ende, el surgimiento de nuevas conductas de hacer política y la construcción de otro sistema político mexicano. En palabras de Gilberto López y Rivas:
Las demandas de la autonomía implican que los pueblos indígenas puedan ser reconocidos como sujetos de derechos políticos colectivos e individuales, con capacidad de definir sus propios procesos económicos, sus formas comunitarias y regionales de gobierno, su participación en los órganos de jurisdicción estatal y representación popular, el aprovechamiento de sus recursos naturales y la definición de sus políticas culturales y educativas, respetando los usos y costumbres que les dotan de identidad y les permiten resistir la hegemonía de un Estado y un régimen político que los ha mantenido olvidados y marginados por siglos. (2005: 63)
Si bien los Acuerdos se apegaron en lo fundamental a lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y fueron firmados por el gobierno federal, incluso se elaboró una iniciativa de ley, su abandono y posterior contrarreforma por parte de la oficialidad y un sector de la izquierda institucional,3 cerró cualquier posibilidad legal para el reconocimiento de los derechos y cultura indígenas. Ello encuentra su explicación arraigada en la naturaleza del Estado liberal y en la propia dinámica del capitalismo contemporáneo.
3 David Velasco Yáñez (2001) realiza un análisis detallado sobre estos hechos.
El carácter antisistémico de la autonomía y su construcción de facto
Massimo Modonesi y Mónica Iglesias sostienen que la emergencia del movimiento indígena en América Latina a finales del siglo XX e inicios del presente:
Cuestiona la propia conformación del Estado liberal y (…) las pretensiones de universalidad de éste, condición que implica repensar el Estado, la política, y la democracia representativa (…) La movilización indígena combina la dimensión identitaria con la reivindicación económica, y no puede reducirse a una sola de estas dimensiones, sin riesgo de incurrir en determinismo e incomprensiones severas del fenómeno en cuestión. El protagonismo indígena es examinado, entonces, (…) también como respuesta a los procesos de expropiación y saqueo de los recursos naturales y como reserva y prefiguración de otro tipo de relaciones sociales y de vinculación con la naturaleza. (2016: 104)
Dicho planteamiento, a juicio nuestro, representa bien lo acontecido. Es decir, la razón central por la cual el gobierno mexicano no cumplió lo que firmó fue porque las autonomías que los Acuerdos de San Andrés reconocen, se levantan como un obstáculo para el acceso libre del capital a los recursos naturales y estratégicos que se encuentran en los territorios de los pueblos indígenas. La élite gobernante vio “en ellos un espacio para la organización y desarrollo de los pueblos indios al margen del tradicional control gubernamental, y un instrumento legal que les permitiría a las comunidades resistir, en condiciones menos desventajosas” (Hernández Navarro, [1998] 2004: 227-228) los planes y proyectos regionales de despojo promovidos bajo el patrón neoliberal de acumulación.
Los territorios que habitan los pueblos originarios, debieran estar vacíos de interferencias políticas o locales –en especial colectivas– que impidiesen el funcionamiento irrestricto del mercado. Desde esta perspectiva, la lucha por el reconocimiento de los derechos y cultura indígenas y la lucha por la autonomía, en los hechos, superan la pugna inicial con el Estado por su integración, se erigen como cuestionamientos al sistema capitalista como tal. Por la naturaleza misma de sus planteamientos y reivindicaciones como sujetos de derecho colectivo a la autodeterminación –decidir de manera libre sobre su territorio y destino– a partir de su cosmovisión de respeto y cuidado de la madre tierra, el carácter de la lucha es anticapitalista.
Dada la contrarreforma indígena, que niega la posibilidad a la libre determinación, el EZLN y los pueblos originarios agrupados en el CNI decidieron construir sus autonomías de facto, a contracorriente de lo que expresa la legislación federal, con base en sus propias necesidades y realidades. Las autonomías en cuestión son procesos que se despliegan a partir de las condiciones materiales específicas y de la capacidad organizativa que se tenga para sostenerlas y desarrollarlas, lo que atañe directamente al grado de politización y de subjetivación política.
En ese sentido, César E. Pineda (2019: 137) sostiene que la autonomía involucra “la construcción de un sujeto en permanente proceso de habilitación de capacidades intelectivas, organizativas y de acción. Es decir, de un proceso de subjetivación o constitución de sí mismo, de autoconstitución”. Y agrega que se trata de “la capacidad colectiva (…) de aprender a autodeterminarse; un camino –siempre inacabado– de autonomización” (idem), que se aleja del “mercado y el Estado. La autonomía es despliegue autodirigido de la propia potencia productiva y reproductiva” (ibidem,138; cursivas en el original).
Bajo este entendimiento de resistencia antisistémica, que conlleva otros modos de reproducción de la vida y convivencia política, es que se han conducido las comunidades zapatistas; ello en un contexto adverso que encuadra una política permanente de contrainsurgencia. Los diversos informes presentados por el zapatismo, a lo largo de más de 17 años, sobre su experiencia autonómica, dan cuenta de los avances, dificultades y problemas que han enfrentado en el desarrollo de la autonomía, así como de los niveles, ámbitos y elementos comunes, sobre los cuales se despliega. Algunos de estos aspectos serán abordados a continuación.
La práctica política y la construcción de la autonomía zapatista
La decisión política del zapatismo de avanzar en la arquitectura de su autonomía –ante el rechazo del Estado mexicano a los Acuerdos de San Andrés– implicó la reorganización del proceso autonómico que comenzó en diciembre de 1994 con la conformación de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ). Dicha reorganización dio lugar al surgimiento de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno (JBG) y a la ruptura con la visión y práctica paternalista de los sectores sociales con los que se había vinculado hasta ese momento.
La concepción general de autonomía que cobró fuerza fue la de “capacidad de autogobernarse, es decir, de conducir el desarrollo armónico de un grupo social” (SCI Marcos, 2003: 17). Y desde esta perspectiva, las comunidades zapatistas debían ser tratadas desde el respeto, la dignidad, como protagonistas y edificadoras de su propio destino, esto es, como un sujeto colectivo que asume la conducción de la construcción autonómica; son ellas las que deciden –ahora– sobre la viabilidad, aplicación o no –sin condicionamiento alguno– de los proyectos presentados por la sociedad civil y los organismos no gubernamentales. Esto se tradujo en un salto cualitativo importante, al invertir la relación entre las comunidades y la sociedad civil solidaria, fortaleciendo el mando de las primeras en el proceso autonómico.
La creación de las JBG –como espacios políticos del autogobierno– significó el establecimiento de nuevas formas organizativas, además de corregir lo que ellos han llamado el desarrollo desequilibrado de la autonomía,4 y delimitar con mayor claridad el ámbito de acción de la estructura político-militar del EZLN y el de la estructura político-civil del autogobierno de las comunidades (SCI Marcos, 2003). La separación de estos ámbitos había sido difícil de conseguir hasta antes de 2003. La naturaleza antidemocrática original del EZLN “‘contaminaba’ de alguna forma una tradición democrática y [de] autogobierno” (SCI Marcos, 2003: 33), al influir a través de sus mandos militares y políticos en el rumbo y toma de decisiones que correspondían a las comunidades y autoridades autónomas en relación con los asuntos públicos y civiles. Ahora, el EZLN tendría un repliegue sustancial, logrando convertirse en una fuerza al servicio de las comunidades, acompañando –desde abajo– su proceso autonómico y no como mando de las mismas, además de vigilante de las funciones del buen gobierno.
4 Entre las medidas tomadas con tal fin, estuvieron las siguientes: “Ya no se permitirá que los donativos de la sociedad civil (…) sean destinados a alguien en particular o a una comunidad o municipio autónomo preciso, la Junta de Buen Gobierno decidirá, después de evaluar la situación de las comunidades, a dónde es más necesario que ese apoyo se dirija. La Junta de Buen Gobierno impone a todos los proyectos el llamado ‘impuesto hermano’ que es el 10% del monto total del proyecto. Es decir, si una comunidad, municipio o colectivo recibe un apoyo económico para un proyecto, deberá entregar el 10% a la Junta (…) para que ésta lo destine a otra comunidad que no recibe apoyo” (SCI, Marcos, 2003, pp. 42-43).
Este avance democrático modificó los modos bajo los cuales se efectuaban los vínculos: entre las propias comunidades zapatistas; entre el EZLN y las comunidades; entre las comunidades zapatistas y la sociedad civil; y entre instancias del proceso autonómico con municipios oficiales, organizaciones y comunidades que habitan dentro de territorio en resistencia, pero que no forman parte directa de dicho proceso.
Bajo estas medidas de fortalecimiento de los pueblos y comunidades, y en una franca ruptura con las instituciones del Estado mexicano, se inició una nueva etapa en la persecución de la autonomía zapatista: tomó forma, de manera más clara, un sujeto político con capacidad de decidir de manera colectiva sobre su presente y futuro en una ruta no convencional.
Organización Territorial de la autonomía zapatista
La construcción de la autonomía como proyecto liberador precisa –además de la decisión y voluntad organizativa de los pueblos, y de la participación y solidaridad de la sociedad civil– de un territorio donde pueda materializarse. Sin ello, es prácticamente imposible. La tenencia de la tierra ha sido fundamental para el desarrollo del proceso autonómico, si bien en sí misma no resuelve todos los problemas del conjunto social comunitario, sin la propiedad y arraigo territorial no se hubiera podido resolver ninguno de ellos.
La insurrección del primero de enero de 1994, permitió la recuperación y apropiación por parte de las comunidades zapatistas de la tierra como medio para producir y base de la edificación autonómica. Se obtuvo el control de un territorio en el que se reconfiguran las relaciones sociales, políticas, jurídicas, culturales y económicas, generando un cambio de la vida social en su conjunto. Se sentaron las bases materiales para la arquitectura de una sociedad diferente: sin relaciones de explotación, despojo, desprecio, represión y dominación, y no guiadas por la lógica del dinero.
La recuperación de la tierra no se limita a la apropiación de los medios de producción, su trascendencia es más amplia, la madre tierra –dicen ellos– recoge un significado y cosmovisión integral de la vida y el territorio. Zibechi (2008: 29) sostiene que: “el territorio es el espacio en el que se construye colectivamente una nueva organización social, donde los nuevos sujetos se instituyen, instituyendo su espacio, apropiándoselo material y simbólicamente”. En el caso del zapatismo, esta apropiación del espacio y formación de un nuevo sujeto social es posible porque la comunidad “se asocia tanto con una valorización de la tradición [indígena] cuanto con una distancia crítica con ella” (Baschet, 2018: 55), que le permite fórmulas distintas de organización comunitaria y de vida. La comunidad no es algo dado que se reproduce de manera natural por su condición étnica, como tampoco es sólo un lugar o asentamiento de un grupo de personas, es resultado de prácticas comunitarias, de relaciones sociales, de la decisión y capacidad de construir y “habitar en común” (Pineda, 2019: 127; cursivas en original).
La autonomía zapatista –hasta antes del 17 de agosto de 2019– contaba con un despliegue territorial conformado por cinco Zonas. Cada una de ellas compuesta por numerosas localidades habitadas por diferentes pueblos indígenas articulados bajo los llamados municipios autónomos, además de algunas regiones que no estaban constituidas aún como MAREZ por su nivel organizativo. Toda Zona contenía una sede, los llamados Caracoles zapatistas donde se ubicaban las JBG, resultado de la agrupación o coordinación entre municipios autónomos (EZLN, 2013a). La articulación territorial y de autogobierno se plasmó de la siguiente manera:
- Nivel Local. Éste refería a cada comunidad con sus respectivas autoridades, esto es, agentes y comisariados con sus comités.
- Nivel Municipal. Contemplaba a los MAREZ –que, a su vez, se constituían por distintas comunidades– y sus autoridades, siendo éstas los Consejos Autónomos Municipales, Consejos de Vigilancia y otras regionales para aquellos lugares que no pertenecían a algún municipio autónomo.
- Nivel Zona. Se integraba por las JBG –con su Consejo y una Comisión de Vigilancia– conformadas por la coordinación de los MAREZ.
Desde la concreción de las JBG en agosto de 2003, las comunidades zapatistas han reorganizado y transformado su configuración según las condiciones y necesidades que el proceso autonómico ha requerido. Para el año 2013, la geografía zapatista se había extendido a zonas urbanas del estado de Chiapas –Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, entre otros– y alcanzado parte del territorio del estado de Tabasco. Al respecto, López y Rivas (2005) y Jérôme Baschet (2018) concordaban en que su influencia abarcaba más de la mitad del suelo chiapaneco. La importancia de la extensión de la geografía radica en que ahí se ha logrado promover otra ética política, asumiéndose los siete principios del mandar obedeciendo: Proponer y no imponer; Convencer y no vencer; Bajar y no subir; Servir y no servirse; Construir y no destruir; Representar y no suplantar; Incluir y no excluir (EZLN, 2013a; SCI Marcos, 2003).
El 17 agosto de 2019, el EZLN comunicó –en un contexto de creciente militarización y de campañas de contrainsurgencia auspiciadas por el aparato gubernamental– “la ruptura del cerco”, una nueva expansión territorial que se tradujo en la adición de otros siete Caracoles con sus respectivas JBG, y cuatro MAREZ (CCRI-EZLN, 2019). La ampliación se debió, fundamentalmente, al trabajo organizativo realizado por mujeres y jóvenes que han nacido y crecido como lo que López y Rivas (2019, 13 de septiembre) llama “sujetos autónomos concientizados, politizados y motivados en el mandar obedeciendo”; así como a la decisión política que, junto con el Congreso Nacional Indígena, tomaron de fortalecer la articulación de resistencias en la defensa del territorio y de la vida, ante la intensificación de la racionalidad depredadora del capital.
A fin de profundizar y afianzar la defensa frente a los embates sistémicos, así como corregir fisuras en la comunicación entre las autoridades y los pueblos, el ejercicio reflexivo del zapatismo condujo nuevamente a una reorganización en las estructuras del autogobierno territorial. Antes de concluir el año 2023, fue anunciada la desaparición de los MAREZ y de las JBG (SCI Moisés, 2023, 5 de noviembre) y, en su lugar, la conformación de los Gobiernos Autónomos Locales (GAL) y los Colectivos de Gobiernos Autónomos (CGAZ), al tiempo que las Zonas se convierten en Asambleas de los Colectivos de Gobiernos Autónomos (ACGAZ). Los GAL se ubican “en cada comunidad donde habitan bases de apoyo zapatistas (…) coordinados por los agentes y comisariados autónomos y (…) sujetos a la asamblea del pueblo, ranchería, comunidad, paraje, barrio, ejido, colonia o como se autonombre cada población” (SCI Moisés, 2023, 12 de noviembre). Tienen la responsabilidad de administrar y vigilar sus recursos y servicios educativos y clínicos, entre otros. La coordinación regional entre los GAL en asuntos que competen a varios de ellos se dará a través de los Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas. Su función es velar porque se cumplan los trabajos que piden los GAL o que se ven necesarios para la vida comunitaria”, sea en “Salud, Educación, Agroecología, Justicia, Comercio,” u otro (SCI Moisés, 2023, 12 de noviembre). Las Asambleas de los Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas se realizan a petición de los órganos anteriormente mencionados, tienen su sede en los Caracoles, pero también capacidad de desplazarse entre las distintas regiones de la Zona según se requiera. Con esta reorganización se pretende privilegiar, en una mayor extensión, a la horizontalidad dentro del autogobierno, de tal manera que cada pueblo esté más fortalecido en su “defensa y seguridad” individual (SCI Moisés, 2023, 12 de noviembre). Es por ello que los GAL y CGAZ son figuras mayores en número con relación a las que sustituyen.
Organización política de la autonomía zapatista
La autodeterminación política en la práctica zapatista se visibiliza con el establecimiento de gobiernos propios, en el espíritu de que sean los pueblos y comunidades los que decidan sobre su base económica, la administración de la justicia, el control interno del territorio (leyes, reglamentos, normas), la definición de su régimen agrario, propuestas de trabajo para el fortalecimiento de la autonomía y la búsqueda de soluciones a problemas y conflictos internos entre zapatistas y no zapatistas. Baschet (2018: 95) sostiene que “La autonomía implica experimentar formas de autogobierno, en una lógica de dispersión de las tareas políticas y con modalidades de delegación que buscan evitar el riesgo de disociación entre gobernantes y gobernados”, mediante una desespecialización de la tarea de gobernar. Siendo las figuras de los GAL, CGAZ y ACGAZ de reciente implementación, el balance se concentrará en la conformación de la estructura del mandar obedeciendo previa a noviembre de 2023, ya que es sobre ésta que se levantan las primeras mencionadas.
Se trataba de instancias colectivas de autogobierno –no homogéneas– integradas por miembros de las comunidades que prestaban un servicio por determinado tiempo como autoridad sin recibir un salario a cambio; la comunidad les apoyaba realizando las labores que les permitían su sustento y de su familia –el trabajo de su parcela–, para que atendieran de forma exclusiva el turno que les tocaba como integrantes del Consejo Autónomo o de la JGB. Diferencia sustancial con el sistema político-liberal mexicano que profesionaliza la política, la hace ver como una tarea de expertos, y es base de la separación entre autoridades y gobernados.
En los gobiernos autónomos no encontramos esa distancia que por su dominio y disfrute de privilegios hace ajenos del resto de la población a los gobernantes; tampoco hay una “división de poderes” entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial; ni una distribución de responsabilidades en función de conocimientos parciales, supuestamente separados por especialidades. (Fernández, 2015,15 de febrero)
Las autoridades de las JBG eran electas para ocupar el cargo por 3 años en las diferentes Zonas, pero sus integrantes cambiaban en diferentes momentos; cada año había nuevos miembros en las Juntas. En los municipios autónomos, las autoridades igualmente se sustituían parcialmente, a unos les tocaba un año, y a otros al siguiente. Ese procedimiento garantizó que siempre hubiera integrantes con experiencia en la función, que transmitieran el ejercicio de gobernar a quienes fueran a cumplir con ese encargo por primera vez, y dieran seguimiento a los trabajos de dicha instancia. El número de los que componían las JBG –así como de la cantidad de MAREZ de los que provenían–5 no era el mismo para todos los casos, ni tampoco la jornada en que se realizaban los turnos (EZLN, 2013a).
5 La Zona Selva Fronteriza integraba a 4 municipios autónomos; la Zona Tzotz Choj a 3, que por las condiciones geográficas estaban divididos en varias regiones; la Zona Selva Tzeltal cobijaba a 4 municipios autónomos; la Zona Norte a 9 municipios y dos regiones con dos sedes (el Caracol y la comunidad de Acabalná), y; la Zona Altos daba cuenta de 7 municipios autónomos.
En todos los niveles del autogobierno han existido comisiones de vigilancia conformadas en algunos casos sólo por bases de apoyo –habitantes de las comunidades–, en otros, se ha incorporado también la comandancia del EZLN. La función de ellas es velar el cumplimiento del mandato del pueblo por parte de las autoridades, de no darse, informan a la asamblea general correspondiente para que ella decida si hay sólo una llamada de atención o hay cambio de integrantes: revocación de mandato. Es la comunidad el actor colectivo que ejerce el poder político mediante una concepción de la democracia que abarca distintos ámbitos del quehacer cotidiano.
La idea de gobierno autónomo que se tiene en los pueblos zapatistas supone una vida comunitaria en la que la democracia no sólo se refiere a elección de autoridades que son gobierno, sino que es un ejercicio permanente vinculado a la práctica cotidiana de los responsables de todos los cargos que la comunidad necesita para organizarse, para producir y reproducirse como pueblos indígenas, como seres humanos.
Complementariamente al ejercicio de la autonomía, estas mismas comunidades conciben la democracia como un derecho del cual se deriva la posibilidad de defender otros derechos y con ellos exigir a las autoridades que trabajen buscando el bienestar colectivo en todos los aspectos de la vida comunitaria, incluido el cuidado de la naturaleza: “…buscar el bienestar en lo social, económico, político, y cultural, y comprometiendo a cuidar el medio ambiente, los recursos naturales, y trabajando juntamente”. (Fernández, 2015, 15 de febrero)
A través del mandar obedeciendo se construye otra lógica política que revoluciona, según Carlos Aguirre (2008), la función del mando, quitando el carácter despótico, autoritario, de la política tradicional para convertirla en una función de instrumentalización y aplicación de decisiones colectivas. Así, los principios del mandar obedeciendo, y la ética política que de ellos emana, han sido fundamentales en el desarrollo del sujeto autonómico, pues apuntan a una práctica con una vocación de servicio –que antepone los intereses colectivos sobre los individuales– y de búsqueda de acuerdos y consensos a través del permanente diálogo. Éstos son los pilares que sostienen al autogobierno de las comunidades en resistencia y rebeldía.
En la impartición de justicia se pueden apreciar los fundamentos de esta otra forma de hacer la política, así como una concepción distinta a la que prevalece en el sistema judicial mexicano. Es gratuita, la pena de privar de la libertad no existe, se parte del principio de reconciliación y reparación del daño aceptada por la víctima. El papel de las autoridades autónomas es de interlocutores en los conflictos, es decir, no imparten ellos justicia, plantean posibles soluciones y en caso de no tener alternativa, son las asambleas comunitarias las que deliberan sobre cuál podría ser la solución.
Se trata de una justicia de mediación que reúne a las partes, las escucha, investiga en caso de ser necesario y las invita a encontrar un acuerdo que permita llegar a una reconciliación y restaurar las condiciones de vida comunitaria (…) su lógica no es tanto determinar delitos y castigos, sino enfrentar errores y problemas que lastiman el tejido de la vida comunitaria y encontrar soluciones para sanar la herida. (Baschet, 2018: 78-79)
Las autoridades autónomas resuelven situaciones que van desde problemas familiares, violencia intrafamiliar, contrariedades entre vecinos, robo de ganado, hasta conflictos agrarios. Según el tipo de problema del que se trate y su dificultad, es la autoridad a la que compete atenderlo. La premisa es que la justicia es para todos, independientemente de si son o no zapatistas; esta situación junto con la efectividad en la solución de los conflictos ha hecho que recurran a ella, actores que no forman parte de la experiencia autonómica. Evidencia de esto se documenta a lo largo de la obra Justicia Autónoma Zapatista (Fernández, 2014).
Prácticas de la democracia
Los representantes a los Consejos Autónomos y de las JBG, así como la autoridad local, eran elegidos democráticamente en asambleas comunitarias de los pueblos, en las que participaban –según información de algunas Zonas– todos aquellos mayores de 12 años de edad de manera directa. Hasta la edad de 15 años, los habitantes tenían el derecho a voz, y a partir de los 16 también podían ejercer su voto (Fernández, 2014). Las propuestas hechas en esos espacios colectivos se llevaban a las asambleas municipales donde se reunían los pueblos, a través de sus representantes y autoridades, para elegir al Consejo Municipal, y para el caso de la JBG se llevaba a la asamblea de Zona integrada por los representantes de las comunidades y autoridades locales y municipales correspondientes, además de los responsables de las áreas de trabajo. Existe el acuerdo dentro del proceso autonómico de que deben buscar ser la misma cantidad de hombres y mujeres en el ejercicio del gobierno, aunque no se ha logrado del todo, hay avances importantes en la integración de las mujeres a los distintos niveles del autogobierno.
Las autoridades autónomas responden, como arriba fue señalado, al mandato de los pueblos, es decir, no son independientes en su ejercicio, son representantes populares cumpliendo con las ordenanzas comunitarias, mediante un mecanismo de rotatividad en la representación. Las comunidades en el momento que consideran que un integrante o el consejo del gobierno colectivo incumplen con sus funciones, o fallan a los 7 principios del mandar obedeciendo como guía de su práctica, pueden sustituirlos mediante la revocación del mandato de forma inmediata (Fernández, 2015, 15 de febrero).
El mecanismo de consulta para llevar a cabo la discusión, análisis y toma de decisiones de las propuestas hechas por las JBG a los pueblos era como sigue: las propuestas se enviaban a los MAREZ, de éstos a las autoridades locales para su revisión en las asambleas comunitarias por las bases de apoyo zapatistas (BAZ),6 y de retorno a las instancias la decisión de los pueblos. Si hubiera pueblos que no estuvieran de acuerdo, el diálogo continuaba hasta obtener un consenso, y a partir de ahí las autoridades ejecutaban el mandato. En el caso de que las propuestas emanaran de las BAZ, los municipios autónomos junto con la JBG las analizaban para autorizarlas o enviarlas a consulta a los demás pueblos, si se consideraba necesario (EZLN, 2013a).
6 Así se les denomina a los integrantes de las comunidades que forman parte del proceso autonómico y de la estructura organizativa que tiene el carácter civil. Hay que recordar que dentro del zapatismo hay tres tipos de integrantes: los insurgentes (con carácter militar), los milicianos (que reciben entrenamiento militar, pero viven y trabajan en las comunidades) y las bases de apoyo zapatistas.
Las asambleas como instancias de decisión, eliminan lo que Baschet (2018) denomina las formas de delegación disociativas que posibilitan la figura representativa de la democracia en una escisión entre gobernantes y gobernados, esto es, el despojo a la colectividad de la capacidad de decidir. Por el contrario, devuelven al pueblo su facultad de deliberar sobre asuntos públicos y de interés común, reduciendo el papel de los integrantes de los órganos de gobierno al de ejecutores de la voluntad e interés popular. Ahora bien, no todas las decisiones eran tomadas de manera horizontal en las asambleas, en especial al tratarse de situaciones de emergencia o de ejecución, de encontrar las formas de operativizar, de orientar y de impulsar el mandato colectivo de los pueblos; en todo caso, se presume que las autoridades contaban –y cuentan– con la confianza popular, aunado a la presencia de comisiones de vigilancia que aseguran el buen actuar. A esto, el mismo autor llama formas no disociativas de la democracia que “implican delegación (no se trata de una democracia directa), propician restringir lo más posible (…) dicha disociación y mantener en manos de todos y todas el uso efectivo de la potencia colectiva” (Baschet, 2018: 86).
Se trata de (…) una autoridad sin autoritarismo, que no debe imponer, sino solamente impulsar y ser el pivote que permita ampliar la capacidad de acción colectiva. Por tanto, no se trata de un poder sobre, (…) pero tampoco de una perfecta horizontalidad que corra el riesgo de disolverse por falta de iniciativas o de capacidad para concretarlas. (Baschet, 2018: 85)
Aun cuando algunas funciones resultan necesariamente de la delegación, a juicio nuestro, no reúnen el peso suficiente para eliminar el ejercicio de la democracia directa en la experiencia zapatista, en la medida en que la toma de decisiones fundamentales que determinan el rumbo de la vida comunitaria, pertenece justo a las asambleas comunitarias, municipales y regionales. Son éstas, en esencia, las instancias decisorias. Nos apoyamos aquí en la caracterización que hace David Held de democracia directa, con base en la descripción de Marx referente a la Comuna de París:
Todos los aspectos del «gobierno» serían entonces completamente responsables: «la voluntad general» del pueblo prevalecería. Las comunidades más pequeñas administrarían sus propios asuntos, elegirían a sus delegados para unidades administrativas mayores (distritos, ciudades) y éstas, a su vez, elegirán candidatos para áreas de la administración aún mayores (la delegación nacional). Esta disposición se conoce como la estructura «piramidal» de la democracia directa: todos los delegados pueden ser revocados, están limitados por las instrucciones de sus electores y organizados en una «pirámide» de comités elegidos directamente. (1990: 161)
En el proceso autonómico zapatista es el pueblo el que gobierna, sustentado en un proceso de aprendizaje otorgado por el nombramiento y la rotatividad en los cargos. Con este proceso ocurre la abolición de las relaciones de dominación política, a la par del cambio en las relaciones sociales de producción. Por su parte, López y Rivas añade que la actuación del mandar obedeciendo es:
Diametralmente opuesta al vanguardismo, al burocratismo, a la conformación de castas que hacen del poder gubernamental y la representación popular su modus vivendi y que han devenido maquinarias partidistas electorales que a toda costa pretenden el cargo público para su propio beneficio y enquistarse en una clase política divorciada del pueblo. (2014: 67-68)
Es el pueblo hecho poder y no el poder para y por el pueblo. Rompe con las distintas interpretaciones o resignificaciones que se han hecho del término en las sociedades contemporáneas, enmarcadas en los límites de la democracia liberal e incluso algunas en nombre –y no más que eso– del socialismo. Douglas Lummis ([1996] 2002: 26) afirma la necesidad de rehabilitar el término democracia, con base en su radicalidad esencial: “solía ser una palabra del pueblo, una palabra crítica, revolucionaria. La han robado quienes iban a gobernar al pueblo para añadir legitimidad a su gobierno. Es hora de recuperarla, de devolverle su poder crítico y radical”. Para él, eso es posible si se retoma el sentido original del término, poder del pueblo: “En general, la democracia depende del localismo: las áreas locales donde la gente vive. La democracia no significa poner el poder en algún lugar más que donde se encuentra la gente” (Lummis, 2002: 30).
Dicho lo anterior, la experiencia zapatista es un proyecto histórico que instala una democracia auténtica y radical en su geografía. Hasta aquí hemos enfatizado el aspecto político de la práctica de la autonomía zapatista, corresponde ahora revisar brevemente el ámbito económico.
Prácticas en la producción y financiamiento
La autonomía zapatista abarca diversas áreas de trabajo que se construyen de manera colectiva y simultánea en todo el territorio en resistencia, bajo condiciones particulares y heterogéneas. La variedad de las actividades –con disímiles niveles de desarrollo entre las Zonas– se cristaliza en los sistemas de producción, comercialización, financiamiento, impartición de justicia, entre otras. Tales actividades se han edificado en la cotidianeidad del tejido social comunitario, y cada Zona ha dado a su autonomía la forma, contenido y alcances que su propio proceso organizativo le ha permitido.
El proyecto económico zapatista está cimentado sobre la propiedad comunitaria de las grandes extensiones de tierra recuperadas, que funcionaron con base en la organización comunitaria, regional, municipal y de Zona del trabajo colectivo. En la nueva estructura, mencionada líneas arriba, se conserva este modo de trabajo, pero se elimina el nivel municipal. Ello vale tanto en la ejecución de proyectos productivos ligados directamente a la tierra –ganadería, producción de maíz, café, caña, plátano, etc.–, como en los que no lo están; siendo éste el caso de los bienes de consumo y la circulación, que toman forma en cooperativas de artesanías, zapaterías, panaderías, almacenes o tiendas de abarrotes y transporte público. A otra escala se encuentra la pequeña propiedad o propiedad individual, que sirve para la manutención familiar. El sujeto autonómico emplea parte de su tiempo al trabajo colectivo y parte al trabajo familiar. La decisión sobre el tiempo preciso destinado a cada labor corresponde al grupo involucrado. Cuando aún existían los MAREZ, el vocero actual del EZLN lo ejemplificó de la siguiente forma:
El mes se divide, 10 días para el trabajo colectivo, 20 días para el trabajo de la familia. Cada quien se pone de acuerdo. Otro dice no, 5 días para el trabajo colectivo y 25 para [el] de la familia. Cada quien se pone de acuerdo, ya sea pueblo, o sea comunidad, ya sea región, ya sean municipios autónomos o como zona. (SCI Moisés, 2015: 107)
El Subcomandante Insurgente Moisés ha sostenido que esas dos modalidades de organización económica han favorecido al proceso autonómico, al evitar los conflictos que tuvieron cuando todo el trabajo en las tierras recuperadas era en colectivo. Bajo este mecanismo, el trabajo “individual” sirve para producir lo necesario para el consumo y el sustento de los integrantes del núcleo familiar, les permite tener ingresos a través de la venta de sus productos y comprar otros que les son necesarios en su vida cotidiana. El fruto de lo que se produce de manera colectiva en los proyectos productivos y cooperativas se destina a financiar movilizaciones de la propia organización y/o para el fortalecimiento del proceso autonómico; ya sea en la misma área de trabajo de la que se obtiene el fruto o en otras áreas de la autonomía que las comunidades decidan.
En este proceso subyace, también, la lucha contra el patriarcado y el machismo, prendido al sistema capitalista y a la tradición indígena. Si bien es cierto que los dos últimos se sitúan en posiciones antagónicas con relación al cuidado y conservación de la naturaleza –la madre tierra, la mujer principal–, el papel del resto de las féminas en las comunidades solía ser de sumisión. Los zapatistas han reconocido que este avance, no cabal, en la equidad de género no se debe sólo a la voluntad y a la convicción, sino a la habilitación de condiciones materiales:
Fue hasta que las mujeres se fueron desprendiendo de la dependencia económica de los varones, que se pasó de la teoría a la realidad.
Fue hasta que surgieron sus cooperativas, sus proyectos propios, hasta que se apropiaron de la economía, que despegaron (…) pudieron hacerlo y pueden hacerlo porque no dependen económicamente de los varones.(…) fue posible sólo hasta que ocurrieron dos hechos fundamentales: el uno, el cambio en la propiedad privada de los medios de producción, y el otro la toma y ejecución de sus propias decisiones, es decir, de la política. (SCI Galeano, 2015a: 263)
No ahondaremos en la gama de acciones ejecutadas para promover la participación femenina, así como en eliminar la violencia de género. Únicamente mencionaremos que, en los últimos años, no ha habido un solo registro de feminicidio en el territorio recuperado (San Martín, 2019), y que una expresión del empoderamiento femenino es el Banco Autónomo de Mujeres Autónomas Zapatistas. Éste se suma a otras entidades creadas para el financiamiento, con aportaciones igualitarias de las bases de apoyo zapatista –un peso por mes por persona– y aportaciones de ganancias de los proyectos productivos colectivos (SCI Moisés, 2015b): el Banco Popular Autónomo Zapatista, el Banco Autónomo Zapatista y el Banco Autónomo Comunitario. Todas con sus respectivas reglas de operación que a la vez que permiten un control sobre medios de cambio, dinero y crédito, sirven también para auxiliar a las BAZ en necesidades de salud principalmente, y en ocasiones para comercio y para formar cooperativas (EZLN, 2013b). La tasa de interés es del 2%, pero si el préstamo se realizó para necesidades de salud y el paciente para el que se obtuvo no sobrevive a la enfermedad, entonces el cargo de la tasa y la deuda principal se suspenden inmediatamente (SCI Moisés, 2015b).
Última nota
En diciembre de 2023 se dio a conocer el escrito El Común y la No Propiedad, en el cual se profundiza la radicalidad del proyecto económico zapatista. Es una iniciativa osada que pretende colectivizar aquellos espacios territoriales que fueron recuperados, pero que no pertenecen a la propiedad personal-familiar o a aquellos donde ya se realizan los trabajos colectivos del proceso autonómico. En un franco entendimiento de que la propiedad es objeto de disputa, se invita a una apropiación colectiva, zapatista y no, para hacer un uso organizado de la tierra con un mínimo de reglas: “no cultivar drogas, no vender la tierra, no permitir la entrada de ninguna empresa o industria. Quedan excluidos los paramilitares. El producto del trabajo de esas tierras es de quienes la laboren en el tiempo acordado. No hay impuestos, ni pago de diezmos. Cada instalación que se construya queda para el siguiente grupo” (SCI Moisés, 2023, 20 de diciembre). Esta apropiación sin papeles deberá intensificar la comunión entre la tierra y quienes la trabajan y la viven, el instinto natural será la de impedir la destrucción del hábitat. En el territorio común no se podrá identificar un propietario a quien se le pueda comprar, expropiar y despojar. Esta ingeniosa estrategia de resistencia ante los embates del capital a la Madre Tierra, significa un nivel más de complejidad en la autonomía zapatista.
A manera de cierre
La autonomía zapatista ha transitado por diversas fases y esquemas organizativos que responden tanto a las prioridades de la lucha colectiva, como a la búsqueda de las mejores maneras de atenderlas. La aspiración por la autodeterminación, como era de esperarse, incorporó la defensa del territorio y de la vida, ante el recrudecimiento del despojo y deterioro ambiental insertos en la dinámica actual de la acumulación capitalista. La resistencia zapatista a este embate le ha significado la instalación de formas de gobierno que aseguren la participación, involucramiento y compromiso comunitarios, así como formas de producción solidarias que garanticen la subsistencia. “Sin estas bases resulta difícil imaginar algún proyecto de gobierno autónomo que pudiera prosperar” (Fernández, 2014: 105).
La autonomía zapatista se concreta, entonces, a partir de dos hechos fundamentales: “el cambio en la propiedad de los medios de producción, y (…) la toma y ejecución de (…) decisiones [propias], la política” (SCI Galeano, 2015a: 263). La economía y la política son dos elementos fundamentales que se fusionan en la práctica del sujeto autonómico. En efecto, la abolición de las relaciones sociales capitalistas en el territorio bajo su custodia, se ha acompañado por el alzamiento de otra política, de otra democracia y, por tanto, de las condiciones para su propia libertad. En palabras de Lummis (2002: 31): “la democracia radical describe la aventura de los seres humanos al crear, con sus propias manos, las condiciones para su libertad”. Este hecho distingue al ejercicio zapatista de las experiencias “socialistas” del siglo XX que se apropiaron de los medios de producción, poniéndolos al servicio y para beneficio del pueblo, pero expropiándolo de la posibilidad de tomar y ejecutar sus propias decisiones; quedando éste despojado de la política y subordinado a un sector “ilustrado” que dispone por él: las estructuras partidarias o las vanguardias. Tal vez, la vivencia práctica a la que más se aproxime el zapatismo, incluso ya la haya rebasado por sus logros, sea la Comuna de París.
En el quehacer autonómico zapatista no existe una burocracia civil, ni militar que domine o suplante a la población, es ella misma quien se autogobierna; existe sí un ejército, pero separado de las funciones de la administración de los asuntos públicos y civiles, cumple funciones de acompañamiento y vigilancia del proceso autonómico, además de estar bajo el mando de estructuras político-civiles al servicio de los pueblos. Por otra parte, los integrantes del gobierno autónomo al no recibir sueldo alguno por sus funciones, asumen su trabajo como un servicio a la comunidad, aspecto que elimina la disputa por esos puestos como ocurre en la política tradicional. Este mecanismo evita que las autoridades se distancien del pueblo, no da ventajas económicas para quien ejerce el cargo, además de estar sujeto a la rendición de cuentas y a la supervisión permanente, procurando evitar el surgimiento de prácticas de corrupción y, en caso que se presenten, se combaten con acciones de rotatividad y revocabilidad. Se trata de una experiencia dotada de principios éticos que reafirman el carácter anticapitalista de la lucha; y es en esa tónica que se encuentran las distintas instancias del autogobierno y estructuras organizativas de la autonomía zapatista. Se asoma la construcción de un mundo otro, integrador y transformador de la realidad social. Lo novedoso del proceso es brillantemente resumido por López y Rivas:
Cuando los zapatistas (…) asumen a partir de los principios de mandar obedeciendo, la rotación de los cargos de autoridad, la revocación del mandato, la participación planeada y programada de mujeres y jóvenes, la reorganización equitativa y sustentable de la economía, la adopción de una identidad política anticapitalista y anti sistémica y la búsqueda de alianzas nacionales e internacionales afines a ésta, se lleva a cabo un cambio cualitativo de las autonomías, a la par que se transforman los propios pueblos indígenas en sus relaciones de género y grupos de edad, en sus procesos de identidad política, étnica y nacional, en su apropiación regional del territorio y la extensión del poder desde abajo. (2008, 30 de junio)
En síntesis, la autonomía zapatista es un proceso en permanente construcción y transformación que tiene un carácter integral –y genuinamente independiente de las estructuras estatales–. Abarca distintos aspectos del tejido social en la intención de atender y mejorar las condiciones de vida de la población, en un entorno que trasciende el bienestar material, pues ha logrado promover el ejercicio del poder político desde abajo y, por ende, el autogobierno. Por todo ello, y ante el recrudecimiento de la ofensiva contra los movimientos de resistencia que ocurre a la par de la restricción del capitalismo para proporcionar bienestar socio-económico y ambiental, se considera que esta experiencia se ha convertido en un referente organizativo para otros pueblos en la defensa del territorio, con aportes valiosos para la formulación de nuevos horizontes emancipatorios. Dicho por Pablo González Casanova:
Ningún mensaje es más urgente y necesario [ahora] que plantear la preservación de la vida en la Tierra, la emancipación del ser humano, y la organización local, regional y global de colectividades y colectivos (…) para defender efectivamente la libertad y la vida. (2015: 287)
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